El buque 'Prestige', que navegaba cargado con 77.000 toneladas de fuel pesado y operaba bajo bandera de Bahamas, naufragó frente a las cosas de Galicia el día 19 de noviembre de 2002, desparramando toda su carga tóxica a lo largo de 1.700 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia, y golpeando de manera singular las costas gallegas, que sufrieron la mayor catástrofe medioambiental que se recuerda.
La dilatadísima causa judicial para depurar las responsabilidades por el accidente fue resuelta el pasado mes de diciembre con una sentencia del Tribunal Supremo que fijó en 1.500 millones de euros las compensaciones a afrontar por los responsables. La factura se repartió entre el capital del buque, Apostolos Mangouras; la aseguradora del mismo, The London Owners Mutual Insurance Association, y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos (Fidac), quedando la sociedad propietaria del barco Mare Shipping como responsable subsidiaria.
La sentencia del Tribunal Supremo, sin embargo, no ha puesto fin a la batalla judicial del caso. El capitán del barco, Apostolos Mangouras, abrió en junio de 2017 una nueva causa sobre el asunto en un tribunal neoyorquino, con el objetivo de aprovechar las singulares características del procedimiento civil estadounidense para exigir el acceso a determinada información y elementos de prueba relacionados con el hundimiento del buque: en concreto, la información en que se basó el perito del caso Prestige para sustentas sus conclusiones y, por otro lado, la documentación que el despacho Squire Patton Boggs (antes Squire, Sanders & Dempsey, LLP) conserva como consecuencia de su colaboración en el caso Prestige y, en particular, en lo relativo a la intervención de tres testigos concretos. Según una información de Voz Populi, este bufete representó a España en Estados Unidos en la demanda presentada sin éxito contra la compañía estadounidense American Bureau of Shipping (ABS), que certificó el estado del Prestige durante toda su vida útil hasta el colapso del buque frente a las costas gallegas.
La Abogacía del Estado decidió encomendar a mediados de 2017 a ese mismo despacho -Squire Patton Boggs (SPB)- la representación de España en la causa y desde ese día hasta el cierre del ejercicio de 2018 las arcas del Estado llevan empleados más de 1,5 millones de euros en pagar los servicios del bufete estadounidense, según los datos proporcionados por la entidad pública empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima en sus últimas cuentas anuales.
Según la información proporcionada por la entidad estatal, solo durante el año pasado se han abonado en concepto de servicios jurídicos por esta causa facturas autorizadas por importe de 1.034.346,86 euros, a los que habría que agregar facturas por valor de 395.616,20 euros que se corresponden a servicios prestados en el segundo semestre del año y que están pendientes de conformar por parte de la Abogacía del Estado, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Asuntos Exteriores.
En 2017, la sociedad reconoció el pago de 684.348,81 euros en minutas al bufete estadounidense por mor de la causa abierta por el que fuera capitán del Prestige y que implica de forma directa o indirecta al Reino de España, uno de los beneficiarios, junto al Gobierno de Francia, la Xunta de Galicia y otros 269 afectados por el vertido que son particulares, empresas, mancomunidades, ayuntamientos y sociedades, de las indemnizaciones fijadas por el Tribunal Supremo.
La firma Squire Patton Boggs se ha convertido en el bufete de confianza del Gobierno español en el caso Prestige. Según publicó El Confidencial, Salvamento Marítimo también ha confiado en este despacho para apoyar a la Abogacía del Estado en el pleito que ésta prevé instar en el Reino Unido contra la aseguradora del 'Prestige' para forzar el pago de la póliza de la que depende el pago de 900 millones de euros de la indemnización total decretada en el fallo del Tribunal Supremo.
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