Patada a seguir. España ha perdido ante el organismo de arbitrajes del Banco Mundial, el Ciadi, ocho grandes reclamaciones de empresas y fondos internacionales por el cambio de reglas que aprobó en 2013 para pagar a las energías renovables. El importe de los pleitos perdidos suma alrededor de 700 millones, pero las reclamaciones totales superan los 10.000 millones, según los cálculos del sector. Todos los arbitrajes desfavorables han sido recurridos. España, según confirman fuentes de la Administración, todavía no ha desembolsado ni un euro. Aunque la avalancha de pleitos sí tiene un coste: el Estado ha pagado ya más de 50 millones de euros en la gestión legal de los casos.
El Reino de España perdió el primer pleito en el Ciadi en 2017 frente al fondo fondo de inversión británico Eiser Infrastructure Limited. Fueron 128 millones. Desde entonces ha habido un goteo de laudos desfavorables, el último a favor del fondo estadounidense Nextera Energy: 290,6 millones de euros. Pero España, de momento, no paga.
La Abogacía del Estado pide la nulidad de todos los fallos condenatorios del Ciadi. Primero lo hizo por defecto de forma. Y luego, al amparo de la directriz aprobada en 2018 por la Comisión Europea, que declara ilegales los arbitrajes de las renovables instados por inversores europeos, tanto si esgrimen tratados bilaterales como si se acogen al Tratado de la Carta de la Energía. Como los fondos -caso de Nextera-operan a través de sociedades constituidas en Europa, España puede alargar el debate y no abrir -de momento- la cartera.
Los fondos aprietan
Pero los fondos aprietan. Los inversores demandantes no cejan en su empeño de cobrar lo estimado por el Ciadi. Los fondos Eiser, Antin y Novoenergía, que ya han ganado su partida en el Banco Mundial han recurrido a la justicia de EE UU para que tome medidas y asegure con bienes del Estado español en el país el cobro de sus demandas. Ante la presión, la Administración española, ha tenido que contratar a toda prisa al bufete estadounidense Foley Hoag para defender los intereses del Estado español en EEUU. La factura ascenderá, de momento, a 600.000 dólares.
La situación es preocupante. Así lo reconoció la ministra de Transición Ecológica en funciones Teresa Ribera en el Senado. Aunque hay opiniones para todos los gustos. Al exministro de Energía Álvaro Nadal entre 2016 y 2018, las cuentas le salen. Nadal defiende el 'hachazo' que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó a las renovables a partir de 2013 (RD Ley 9/2013). Lo explica en el libro 'Lo que no son cuentas son cuentos' que ha publicado en fechas recientes.
Álvaro Nadal da un punto de vista muy positivo sobre los recortes que aplicó su hermano Alberto Nadal en la Secretaria de Estado de Energía (2012-2016) y sobre sus consecuencias. Sostiene que los recortes a las primas han ahorrado a los españoles 120.000 millones de euros. "¿Y los arbitrajes?", se pregunta.
La respuesta es, por lo menos, optimista. "Todos ellos en su conjunto -sostiene el exministro- suponen menos que lo que se ha ahorrado en un año con la reforma (los recortes de 2013), es decir, con menos de lo que se ha ahorrado en uno de los 25 años en los que tiene impacto la reforma, se pagarían todos los conflictos internacionales, caso de tenerse que pagar".
Un peso del 1% del PIB
Pese al optimismo de Nadal, el peso de las demandas es evidente. Equivalen a un 1% del PIB del país y la Abogacía del Estado se enfrenta en las demandas del Ciadi a lo más selecto de la abogacía internacional. Cinco grandes despachos dirigen la mayoría de los pleitos interpuestos en el órgano de arbitraje del Banco Mundial. Los más activos son dos de los cuatro bufetes internacionales del denominado Círculo Mágico londinense. Se trata de Allen & Overy y Clifford Chance. Ambos, junto al despacho norteamericano Latham Watkins suman más de la mitad de los casos planteados. Son rivales de peso que han obligado al Ministerio de Transición Ecológica a estudiar nuevas estrategias.
La idea de los responsables del área de energía del Gobierno -ahora en funciones-es apoyar la labor de los abogados del Estado con nuevos medios y replantear la gestión de los recursos humanos necesarios para hacer frente a la avalancha de pleitos. El panorama no es muy halagüeño. El Estado sólo cuenta a su favor con la doctrina de Bruselas sobre reclamaciones de grandes inversores internacionales. Y no hay seguridad de que eso baste.
Fuentes del Gobierno en funciones aseguran que la prioridad, en cuanto se inicie la legislatura, será aprobar el anteproyecto de ley que fija las tasas de retribución de las actividades reguladas del sistema eléctrico en el periodo 2020-2025. Ofrecerá a los titulares de instalaciones de renovables afectadas por el recorte del PP mantener hasta 2031 la retribución que está vigente -el 7,503%- para evitar nuevas reclamaciones ante tribunales y cortes arbitrales.
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