El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se reunirá el próximo 5 de noviembre para estudiar si aplica o no la nueva jurisprudencia que dictamina que son los bancos y no los clientes los que deben asumir el coste de los impuestos de las hipotecas, según informan fuentes jurídicas.
La fecha se conoce después de la reunión mantenida este lunes en la sede del alto tribunal entre el presidente de este órgano, Carlos Lesmes, el vicepresidente Ángel Juanes, además del presidente de la Sala de lo Contencioso Luis María Díez Picazo y los miembros del tribunal de la Sección Segunda.
Se trata de una reunión de urgencia convocada por el propio presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ para gestionar directamente la crisis desatada tras conocerse el jueves la resolución que da la razón a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid (EMV) y establece que son los bancos los que deben hacerse cargo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
El propio Lesmes explica en una nota que este fallo es "firme" y por tanto no es objeto de revisión. El asunto se deliberó en una vista celebrada el pasado 25 de septiembre, junto con otros dos recursos más relacionados también con la EMV de Rivas, según explico el letrado del pleito Ramón Casero en declaraciones a La Información. Ahora, el Supremo informa que estos dos están votados y fallados igualmente y solo queda conocer la decisión del tribunal al respecto.
Consciente de la repercusión mediática y social que tuvo el giro anunciado por el Supremo este viernes que dejaba en suspenso la aplicación de esta doctrina, Lesmes traslada que los magistrados que integran la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso, especializada en Derecho Tributario, "han actuado en todo momento con plena lealtad al alto tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica".
También recuerda que el presidente de la Sala III, Luis María Díaz Picazo, tiene potestad para avocar al Pleno los asuntos pendientes y no resueltos, mostrando así su respaldo a la decisión adoptada el pasado viernes por Díaz Picazo de revisar este caso concreto con los otros 30 magistrados de la Sala, ante la "enorme repercusión económica y social" del mismo.
La crisis desatada el viernes en el alto tribunal se agravó a última hora del día después de que fuentes del Supremo explicaran que el propio Díaz Picazo desconocía la resolución y que se enteró por la prensa de la misma. Unos hechos que ya han provocado que la mayoritaria asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) pida su dimisión al considerar que es el "único y exclusivo" responsable de haber generado un "desconcierto en la ciudadanía".
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