La Fiscalía no ha apreciado delito en el cobro de complementos salariales en Podemos en la causa en la que se investiga a este partido por un contrato electoral con la consultora Neurona en 2019 y el supuesto pago de sobresueldos tras la denuncia del antiguo abogado de la formación José Manuel Calvente.
El pasado mes de abril el juez de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, dio marcha atrás a su decisión de cerrar esta parte de la investigación como acordó en marzo, al estimar un recurso de Vox, que ejerce la acusación popular en este caso. El fiscal se ha adherido al recurso presentado contra el auto que estableció que la gerente de Podemos, Rocío Esther Val, no disponía de la capacidad para acordar incrementos salariales a los miembros de la formación política y que por tanto al haber aprobado en algunos casos la subida de emolumentos podría haber incurrido en un delito de administración desleal.
Para el Ministerio Público se trata de un caso en el que se han cobrado complementos de manera transparente y con control interno, informa la Fiscalía. Tras la práctica de varias diligencias el Ministerio Fiscal aprecia que el cobro de los complementos salariales "podrá ser discutible desde el punto de vista ético o desde la transparencia que se exige a los partidos políticos" pero aclara que no es por si solo un hecho delictivo.
En el escrito que ha presentado en el Juzgado explica que si la medida de incrementar los salarios se hubiera hecho mediante acuerdo con la gerente o bien a través de una propuesta ante la dirección del partido tampoco sería constitutivo de delito. Y precisa que no son cantidades cobradas en "b" o en sobres sino complementos recogidos en las nóminas y conocidos por todos los órganos de control del partido.
Para la Fiscalía "no deja de extrañar" que sea la acusación popular la que sostenga la existencia de indicios de delito de administración desleal cuando el supuesto perjudicado, en este caso Podemos, no se considera como tal. Añade que "lo hace sobre la base de desconfiar de las personas representantes del partido que certifican el cumplimiento de la normativa interna" llegando a solicitar que se considere a una de ellas, que certifica la regularidad de los complementos, como investigada por delito de encubrimiento o estafa procesal.
El Ministerio Público denuncia también que la acusación particular pretenda que se revelen datos sobre quiénes cobran en el partido ese tipo de complementos junto con un requerimiento general a Podemos sobre el informe de ejecución de presupuestos y documentación enviada al consejo ciudadano. La práctica de estas nuevas diligencias es para la Fiscalía "un nuevo intento de realizar una auditoría a la actuación de una formación política respecto de hechos "ya aclarados" y sobre los que "no existen indicios de delito".
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