Tras los casos de Nissan y Alcoa

Podemos plantea nacionalizar empresas con ayudas que no aguanten cuatro años

Los morados proponen que el Estado lidere una estrategia de reindustrialización y que no se respalde a las firmas con su sede en paraísos fiscales.

Protesta por el cierre de Nissan
Podemos plantea nacionalizar empresas con ayudas que no aguanten cuatro años
EFE

Unidas Podemos aboga por impulsar una reindustrialización ambiciosa del país tras evidenciarse el déficit de tejido productivo industrial durante la crisis del coronavirus. Pero, a la vez, quiere evitar que se repitan los casos de Alcoa y Nissan. Por estos motivos, la confluencia que forman Podemos e Izquierda Unida defiende que las ayudas públicas para las firmas que quieran instalarse en España estén sujetas a cierta condicionalidad. Unas exigencias que alcanzan hasta la nacionalización de las plantas de esas compañías si, tras recibir respaldo económico estatal, no mantienen su producción en el lugar donde se radiquen durante al menos cuatro años. Y que incluye la reclamación de excluir de toda adjudicación pública financiera a todas aquellas que tengan sus sedes registradas en paraísos fiscales.

Así lo establece la formación que lidera el actual vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en una Proposición No de Ley (PNL) registrada en el Congreso. Aunque en la propuesta no hacen alusiones a los casos concretos de las firmas automovilísticas y de acero, que anunciaron su salida de Cataluña y Galicia a pesar de recibir ayudas públicas en estos años, en el texto evidencian su propósito de que no se vuelvan a dar situaciones de este tipo. Por ello, defienden "establecer una condicionalidad vinculada a la concesión de apoyo financiero que implique la permanencia del tejido productivo en el territorio durante cuatro años". Lo que se complementa con solicitar que en el convenio de colaboración "se incluya un plan de viabilidad de la actividad de la empresa o centro de trabajo que garantice el mantenimiento de la misma en el territorio durante al menos cuatro años".

Si entonces la empresa no cumple con estos requisitos, Unidas Podemos plantea que la Administración estudie su viabilidad para "apoyar técnica y financieramente a sus trabajadores y trabajadoras en la adquisición de la empresa, si así lo deciden". Si no se dan las condiciones para ello, es ahí cuando los morados abogan por "asumir la titularidad de las instalaciones para evitar la eliminación abrupta de los puestos de trabajo". Además, la propuesta insta a que el fin sea que "los trabajadores puedan acabar asumiendo la titularidad". "En los casos más graves y cuando esté demostrada la falta de viabilidad de la empresa, el Estado garantizará que se recuperan dos puestos de trabajo por cada puesto desaparecido en la misma comarca", añade el partido que forma parte de la coalición de Gobierno.

Fuentes del grupo parlamentario de UP explican a La Información que las empresas que estarían obligadas al cumplimiento de estos preceptos son aquellas que reciban nuevas ayudas. Es decir, no existirían estos condicionantes para las compañías que ya dispongan de respaldo económico estatal o las perciban antes de que una legislación de este tipo entrara en vigor. Aunque se establecerían otros requisitos para acceder a las mismas. Uno de ellos es el de no tener la sede en un paraíso fiscal, ya sea para pago de impuestos o reparto de dividendos. El otro aboga por premiar a quienes presenten propuestas donde la protección del empleo en los centros de trabajo sea una prioridad. Lo que se puede establecer a través de "umbrales límite de contratación atípica en la composición contractual de las plantillas".

El dato

  • Según explica Unidas Podemos, la inversión industrial en España supone el 14,3% del PIB y el 11,6% del empleo, lo que mantiene al país muy alejado del 20% marcado por Europa como objetivo

​Reindustrialización sostenible y con cohesión social

La propuesta de Unidas Podemos se basa en que España no cumple con el 20% de tejido industrial que la UE se marcó como objetivo, al suponer solo el 14,3% del PIB y el 11,6% del empleo. Un déficit que con la crisis de la Covid-19 ha evidenciado "la escasa capacidad para autoabastercenos de productos esenciales para garantizar la seguridad sanitaria". Lo que aboca a una "dependencia exterior que nos resta soberanía y capacidad" para llegar a las necesidades esenciales del país. La iniciativa para reindustrializar debe correr a cargo de la Administración, según esgrime la confluencia, ya que considera que el Estado es el "único capaz de diseñar y poner en marcha" un plan de ese tipo. Y que debería contar con aspectos como la modernización tecnológica del tejido producto, la transición a la sostenibilidad ecológica y reforzar la cohesión social y territorial.

Las inversiones a acometer que reclaman los morados pasan por las tecnologías y por las instalaciones que puedan garantizar una habilitación digital de esas industrias. Es ahí donde destacan a las "tecnologías facilitadores esenciales", por lo que instan a priorizar sectores como la nanotecnología, la biotecnología y los sistemas de fabricación avanzados. Lo que supondría un incremento notable de la partida destinada a I+D+i, donde sí se abogaría por la colaboración público-privada. Otra medida a tomar sería la de reducir las disparidades territoriales a través de un refuerzo a las infraestructuras sociales. A la vez, piden que se revise la Estrategia de Política Industrial para incluir las particularidades de cada sector industrial, que han evolucionado a consecuencia de la crisis del coronavirus.

Además, se plantea que se dé prioridad a las compañías que defiendan la igualdad de género, a la vez que el Gobierno incentive esas prácticas con la concesión de la ayuda financiera. Para llevarlo a cabo, UP esgrime la necesidad de incluir criterios donde se beneficie más a las firmas que cumplan con un plan de igualdad y garanticen la participación de las mujeres en las estructuras de dirección. Por lo que se pone esta cuestión a la altura de la transición ecológica, que también debe ser un objetivo a demostrar a través de informes de gestión ambiental de la actividad industrial o del impulso de un plan de ese mismo tipo.

Esta propuesta de UP de poner coto a la concesión de ayudas públicas a empresas en base a su permanencia en el país se suma a otra PNL que presentó semanas atrás, en la que pedían que solo se diera respaldo económico a las firmas que reorientaran su actividad hacia la transición ecológica. Algo que justificaban con que había que aprovechar la pandemia para impulsar "un nuevo modelo en el que se promuevan políticas verdes que generen empleo en un escenario donde la sostenibilidad sea un objetivo prioritario". Todo porque la crisis sanitaria está vinculada "a una crisis de la salud del planeta y de pérdida de dioversidad".

Como señaló en una entrevista con este medio Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y 'cerebro' económico de Podemos, los casos de Nissan y Alcoa demostraban "que España necesitaba una política industrial". La cual tendría que estar basada en el avance hacia la "digitalización y la energía". Según Álvarez, esta se podría financiar con los fondos europeos destinados para ese fin. Todo para acabar con el "cierto retraso con respecto a otros países" en este ámbito, dejando atrás "ese marco de que la mejor política industrial es la que no existe", insistió el dirigente morado. Además, y en la línea de esta PNL, el vicepresidente Iglesias ya se mostró favorable a que se abriera el debate sobre las nacionalizaciones de empresas por estar contempladas en la Constitución.

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