En la causa por la presunta financiación irregular  

La cúpula de Podemos defiende ante el juez los trabajos contratados a Neurona

Los cuatro cargos se amparan en la documental aportada en verano para negar opacidad en los pagos mientras el juez requiere más datos de la reforma de la sede.

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Del Olmo ha explicado que contrataron a Neurona por motivos de afinidad ideológica. 
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El responsable de comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, y otros tres altos cargos del partido que lidera Pablo Iglesias han salido en defensa en sede judicial de la contratación que se llevó a cabo con la mercantil Neurona Consulting para las elecciones de abril de 2019. Tanto la mano derecha de Iglesias como el resto de declarantes han asegurado que los pagos a la mexicana correspondían a trabajos reales que se realizaron para la formación morada. De hecho, se han apoyado en los cerca de 1.500 archivos que entregaron al juzgado el pasado verano, de acuerdo con fuentes jurídicas presentes en los interrogatorios. 

El titular del Juzgado de Instrucción número 42, Juan José Escalonilla, abrió causa penal el pasado mes de julio para investigar una presunta financiación irregular en el partido. En el marco de la misma imputó a Rocío Esther Val (gerente de Podemos); Daniel de Frutos (tesorero) y a Del Olmo (también jefe de campañas de las elecciones del 28 de abril del año pasado) por su conocimiento sobre los pagos a la mercantil mexicana. Hoy han comparecido ante el juez junto con la también investigada Andrea Deodato (responsable de compras) y han defendido los pagos de 363.000 euros que se hicieron desde el partido a esta empresa dedicada a comunicación política. Las fuentes consultadas explican que Del Olmo ha relatado que César Hernández, socio de Neurona, le contactó en 2018. 

Así fue como surgió el primer acercamiento con la firma mexicana ya que en aquel entonces todavía no se había creado la filial en España (la cual se registró apenas tres semanas antes del 28A). La mano derecha de Iglesias ha relatado que comenzaron a entablar comunicaciones hasta que finalmente decidieron contratarles para los comicios de 2019 debido a la credibilidad que le inspiraba y a la afinidad política con la consultora, que se define de  izquierdas. Igualmente ha defendido los trabajos prestados por Neurona Comunidad ante las sospechas del magistrado de que realmente se trataran de pagos encubiertos para terceros. De hecho, la documental aportada por el administrador de Neurona, Elías Castejón, y recogida por este diario destaca tres órdenes de pago por valor de 270.o00 euros a una empresa con sede social en México. 

El destino final de los fondos

El juez ha hecho especial hincapié en este punto concreto en su afán por rastrear el desvío de los fondos que fueron a parar a Creative Advice Interactive Group, sociedad mexicana que estaría vinculada directamente con Corporativo Cobos y Cobos; proveedor electoral del presidente de México, Andrés López Obrador, según informó El Confidencial. Sobre este asunto Del Olmo se ha desligado por completo alegando que no tiene por qué conocer los pagos que haga la proveedora de Podemos a terceros. "Las dudas están totalmente disipadas y los trabajos totalmente acreditados", ha precisado el abogado de la formación, Gorka Vellé, el cual también se ha desligado de las cuatro transferencias giradas a México: "Los desconocemos, pero será la incumbencia de Neurona. En lo que atañe a Podemos y a la realización de los servicios están más que acreditados en la causa", ha dicho.

Además Vellé ha dejado caer que pedirán el archivo de esta causa la cual nació a tenor de una denuncia presentada en Barcelona por el abogado purgado del partido, José Manuel Calvente. Por contra, la formación de Vox -que ejerce la acusación popular- ha dicho que no han conseguido acreditar los trabajos y que el tesorero ha incurrido en contradicciones que tendrá que precisar. "Ha quedado acreditado que el hombre clave puede ser César Hernández. Todos se han referido a él, con lo cual entendemos que tendrá que venir a declarar. Esta parte lo va a pedir", ha respondido la letrada Marta Castro incidiendo en que Neurona se consagra como empresa fantasma porque no contaba con empleados para realizar los servicios que costaron a Podemos 363.000 euros.

'Error' en el pago de 75.000 euros

Por su parte el tesorero ha ratificado ante el juez y la fiscal especializada en delitos económicos que la transferencia por importe de 75.000 euros desde la cuenta de la coalición electoral de Unidas Podemos a Neurona Comunidad el año pasado fue un error. Según las fuentes consultadas, ésta ha sido de las primeras cuestiones sobre las que se ha pronunciado el responsable de las finanzas de la formación morada, el cual solo ha respondido las preguntas de los investigadores y su defensa, como el resto de compañeros del partido. De Frutos ha insistido en que esta transacción del 29 de marzo del año pasado y que está bajo la lupa de Escalonilla se produjo por un fallo el cual quedó solventado. 

En lo que a él respecta, ha dicho que su labor no consistía en supervisar de manera continuada la evolución de los trabajos encargados a Neurona (entre los que se encontraban diseño de campaña y vídeos promocionales) sino controlar que éste se ejecutara conforme al pago realizado. En ese sentido ha refrendado la declaración que prestó la pasada semana Carlos García Ramos en calidad de administrador de la coalición electoral. El también jefe de finanzas de Izquierda Unida dijo al juez que no revisó el contrato con Neurona porque De Frutos y él tenían las atribuciones repartidas y cada uno se encargaba de un aspecto. Se trata de un extremo que ha ratificado De Frutos, imputado también por su cotitularidad de las cuentas bancarias desde donde salieron los pagos a Neurona. 

Investigación sobre la sede

Las declaraciones de los cuatro miembros de Podemos -los cuáles han entrado y salido por la puerta de atrás de los juzgados- se produce después de que Escalonilla haya requerido una serie de documental sobre la reforma de la sede. En una providencia recogida por este diario el magistrado otorga un plazo de cinco días a Podemos para que presente la liquidación de la licencia de obra que presentó en el Consistorio de Madrid en relación con la reforma de la sede. Además, solicita al arquitecto Manuel Campos García para que también en ese espacio temporal entregue el acta de recepción de la obra, además del certificado final y los emitidos durante su ejecución para el pago de contratistas. 

Igualmente, pone el foco en los vídeos realizados por Neurona para Podemos y solicita que se investigue la autoría y su fecha de realización así como "otros datos informáticos que se puedan obtener" de estas comunicaciones. Esta es una de las líneas abiertas que mantiene el instructor en relación a la apertura de diligencias el pasado verano. Las pesquisas practicadas le llevaron a archivar la parte relativa a la contratación con la consultora portuguesa ABD así como la que indagaba una presunta caja 'b' del partido. Sobre este último asunto, Escalonilla sentenció que no se podía acreditar una presunta administración desleal con la salida de 50.000 euros de la caja de solidaridad del partido a la empresa #404 Comunicación Popular. Las indagaciones policiales determinaron que la mayoría de trabajadores de esta sociedad eran miembros de Podemos pero descartaron irregularidades en la prestación de los servicios. 

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