El grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha pedido a través de una carta al rey Juan Carlos I que comparezca a petición propia en el Congreso con el objetivo de que explique "su actividad institucional como jefe del Estado durante más de 38 años y como Rey emérito desde 2014", y aclare si está implicado en casos de corrupción.
En el escrito "a la atención de Juan Carlos I", firmado por los diputados del grupo confederal, emplazan al anterior jefe del Estado a que sea él mismo quien pida comparecer después de que la Mesa de la Cámara Baja, con los votos de PP, PSOE y Cs, haya rechazado en dos ocasiones investigar los negocios del monarca emérito, como pide Unidos Podemos.
Los diputados y senadores firmantes recuerdan que son representantes electos por la soberanía popular y en el ejercicio de sus funciones parlamentarias se dirigen al monarca por su condición de rey emérito y por haber ostentado durante 38 años la Jefatura del Estado. Esto, a su juicio, conlleva "obligaciones frente al soberano, el pueblo", como marca la Constitución, más allá de los "privilegios reales" que le otorga la Carta Magna.
El grupo confederal defiende que el rey emérito "tiene derecho a dar su versión con todas las garantías y el pueblo español tiene también derecho a escucharle". Además, insiste en la "cascada informativa" que "ha suscitado un amplísimo debate público en nuestra sociedad", y en las "diferentes versiones de dichas informaciones" que se han dado.
A este respecto, Unidos Podemos señala que "desde hace unos años el pueblo español ha asistido a la publicación de una serie de informaciones que ponen en cuestión la institución monárquica al relacionarla con tramas de corrupción y de enriquecimiento ilícito".
En la carta, aseguran que son "conocedores del aforamiento otorgado por la Ley Orgánica del Poder Judicial", sin embargo defienden que "la pérdida de la jefatura del Estado conlleva la pérdida de la inviolabilidad y la existencia de responsabilidad por sus actos".
Rechazo del Congreso en dos ocasiones
Su primera petición fue formalizada a raíz de que salieran a la luz las grabaciones de la amiga el rey emérito Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en las que ésta daba a entender que Juan Carlos I tenía cuentas en Suiza, que la usó como testaferro en un terreno en Marruecos y que cobró comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca, en Arabia Saudí.
El Congreso dijo entonces que la Cámara no era competente para investigar las actividades del anterior Jefe del Estado mientras ocupaba el cargo, ya que la Constitución le reconocía la condición de inviolabilidad que perdió tras abdicar.
Posteriormente, el grupo confederal presentó otra solicitud para que se investigara al rey Juan Carlos sólo desde su abdicación, a partir del 19 de junio de 2014 cuando ya había perdido la inviolabilidad, hasta la actualidad. Una vez más la Mesa del Congreso rehusó crear una comisión de investigación con los votos de PP, PSOE y Cs, cuando según Unidos Podemos los "partidos monárquicos" deberían ser los primeros interesados en aclarar cualquier duda.
"La corrupción es el mecanismo antidemocrático de las élites económicas para controlar el Estado sin presentarse a las elecciones", por lo que los firmantes de la carta concluyen asegurando que la comparecencia de Juan Carlos I tendría como objetivo "evaluar la idoneidad de la institución monárquica para afrontar la corrupción y para que ninguna institución del Estado haga de la irresponsabilidad un privilegio".
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