El exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, y la dirección del partido han llegado este jueves a un acuerdo en el acto de conciliación previo al contencioso laboral que mantenían, según el cual el partido reconoce que su despido fue improcedente y se compromete a pagar la indemnización correspondiente por ello. El letrado renuncia a su petición de nulidad, más que nada porque es imposible que vuelva a trabajar para la formación después de todo lo ocurrido, pero se reserva la realización de acciones civiles o penales contra algunos dirigentes, como el propio Pablo Iglesias, que le acusaron públicamente de haber cometido acoso sexual con una compañera.
Calvente fue despedido de Podemos a primeros de diciembre del año pasado tras abrirle un expediente en el partido por supuesto acoso a la también abogada de la formación, Marta Flor, que ahora el partido reconoce que no fue tal con el acuerdo de conciliación. El abogado, que hasta ese momento estaba llevando de forma directa los asuntos jurídicos personales del propio Pablo Iglesias, denunció que su expulsión fue una represalia por su intención de realizar una investigación interna sobre posibles “irregularidades financieras, en material laboral y de limpieza en la realización de consultas y primarias” dentro de la formación de Iglesias. Junto a él, también fue despedida su compañera, Mónica Carmona, que también denunció esas irregularidades.
José Manuel Calvente no tardó en plantear una querella criminal contra el partido por atentar contra su honor con calumnias, y puso en marcha la demanda laboral por la improcedencia del despido, sobre la que ahora ha llegado a un acuerdo. No obstante, la juez ha separado de este pacto la petición de indemnización que el abogado mantiene por la vulneración de sus derechos fundamentales, para que ahora reclame por la vía civil o penal contra quien considere pertinente.
El acuerdo al que han llegado deja finiquitada de forma definitiva la relación laboral del abogado con la formación morada, pero no termina con sus implicaciones como testigo en algunos de los procesos que hay abiertos contra Podemos o contra sus dirigentes. De hecho, el propio abogado reconoce tras el acuerdo de este jueves, que la conciliación no supone su retirada en todos aquellos casos en los que la justicia reclame su presencia.
De Dina a la financiación irregular
Hasta el momento, el abogado es uno de los testigos más importantes del caso Dina, la pieza de la macrocausa contra Villarejo que investiga el robo del teléfono de la asesora de Iglesias, y que le ha valido una petición del juez de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo para que se investigue a Iglesias por falsa denuncia, revelación de secretos y manipulación de materiales probatorios. La declaración de Calvente apuntaba a que el caso no fue más que un montaje del partido para poder colocarse como perjudicado en la causa de Villarejo y, además de tener acceso a todos los documentos, utilizar políticamente sus acusaciones contra las llamadas “cloacas” del Estado y la “policía patriótica” de Rajoy.
En el caso de la abogada que denunció el supuesto acoso sexual, Marta Flor, es la misma sobre la que recaen todas las sospechas de un exceso de connivencia y hasta de mantener relaciones íntimas con el fiscal del caso, Ignacio Stampa, que le ha costado una investigación y la apertura de un expediente que todavía está abierto en la Fiscalía. La denuncia de esa relación viene también de un burofax que el propio Calvente envió a la dirección de su partido revelando la situación, y esta misma semana ha tenido que declarar ante la Fiscalía de Madrid que depura la actuación del fiscal en este caso.
Por último, Calvente también se ha mostrado dispuesto a colaborar con la justicia en todo lo relativo a la causa que sobre la supuesta financiación irregular del partido se instruye en un juzgado de Madrid que fue, precisamente, el motivo por el que hace más de un año se le purgó dentro de la formación.
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