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Podemos redobla la presión al PSOE e inicia contactos sobre la Ley de Vivienda

Desde el socio minoritario de la coalición se han expresado dudas sobre una posible marcha atrás en los aspectos más ambiciosos del proyecto. La formación morada teme un rechazo claro por parte del CGPJ.  

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, interviene durante el pleno del Congreso de los Diputados en Madrid este miércoles.
Podemos redobla la presión al PSOE e inicia contactos sobre la Ley de Vivienda.
EFE

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 asegura haber iniciado una nueva ronda de contactos con organizaciones y movimientos sociales sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, ante la posibilidad de que el PSOE "pueda echarse atrás" al conocer el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El ministerio liderado por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que su socio de Gobierno dé marcha atrás en los aspectos más ambiciosos de la Ley de Vivienda, ante un "previsiblemente duro" informe del CGPJ. 

En este sentido, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 recuerda que el CGPJ, que hará público su informe definitivo a finales de esta misma semana, tiene su mandato caducado desde hace tres años. Además, ha explicado que este organismo solo debe pronunciarse sobre la modificación de tres artículos de la ley de enjuiciamiento civil, no correspondiéndole en ningún caso evaluar la constitucionalidad de la norma.

Este informe, que es preceptivo pero no vinculante, por lo que el Gobierno no tiene ninguna obligación legal a la hora de seguir sus indicaciones, ha llevado al ministerio a iniciar nuevos contactos para defender "la urgencia de la Ley de Vivienda y el amplio respaldo con el que contaría un texto verdaderamente ambicioso en regulación de precios del alquiler y prohibición de desahucios sin alternativa habitacional". Esta ronda de contactos liderada por Belarra comenzará hoy mismo, e incluye a asociaciones como la Coordinadora de Vivienda de Madrid, el Observatorio DESC y los sindicatos CCOO y UGT. 

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