Polémica en Perú por traslado de terroristas a una cárcel común

  • El presidente del Poder Judicial (PJ) de Perú, Enrique Mendoza, rechazó hoy la decisión de un tribunal de ordenar el traslado de cuatro presos por terrorismo desde el penal de la base naval del Callao a una cárcel común.

Lima, 21 mar.- El presidente del Poder Judicial (PJ) de Perú, Enrique Mendoza, rechazó hoy la decisión de un tribunal de ordenar el traslado de cuatro presos por terrorismo desde el penal de la base naval del Callao a una cárcel común.

"No se trata de un delito cualquiera, ordinario, sino de crímenes de alta intensidad que han asolado a nuestro país y requiere de las mayores exigencias en cuanto al cumplimiento de penas... No me parece a mí como presidente y espero que se rectifique esta medida", afirmó Mendoza durante una rueda de prensa.

El titular del PJ señaló que la decisión le causó "molestia y consternación", pese a ser un defensor de la autonomía de los jueces.

"Felizmente hay instrumentos para controvertir esa decisión que me parece muy mal tomada... Pues se puede trasladar a un recinto de seguridad con las medidas necesarias para estos casos, pero no a otro penal porque no es razonable de ninguna manera", manifestó.

Según Mendoza, el PJ ha iniciado una investigación contra los jueces de ese tribunal, quienes pueden ser sancionados si sus argumentos no son válidos.

Mendoza también señaló que la cárcel de la base naval cumple con las condiciones establecidas para cualquier centro penitenciario, tal como lo acreditan la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja.

La prisión de alta seguridad de la base naval del puerto del Callao fue construida en los años noventa para recluir a los principales cabecillas de los grupos terroristas Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

En esa prisión también está encarcelado el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, sentenciado por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

El pasado 19 de enero, la Quinta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima acogió un hábeas corpus para trasladar a una cárcel ordinaria al líder del MRTA, Víctor Polay Campos, junto a Miguel Rincón Rincón y Peter Cárdenas Schulte, de la misma agrupación, además de a Óscar Ramírez Durand, de Sendero Luminoso.

La decisión judicial, que tiene como plazo para su ejecución 30 días calendario desde su notificación, recién la reveló el jueves último el semanario Caretas.

Óscar Sumar Calmet y Julio Biaggi Gómez, jueces del tribunal que acogió el pedido de los sentenciados por terrorismo, defendieron este viernes su decisión y señalaron que el recurso legal que se presentó era "fundado".

"Objetivamente, estamos presentando a una resolución que se apoya en cosas básicas y legales", indicó Sumar Calmet en rueda de prensa.

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) presentó un recurso de agravio constitucional enviado al Tribunal Constitucional para revocar la medida, según indicó el jueves el titular del ente, José Pérez Guadalupe.

Para el defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega, la decisión del tribunal ha sido "errada" porque no se ha evaluado su impacto "en la seguridad de todos los peruanos y en la seguridad penitenciaria".

"En el Perú no existe un penal de máxima seguridad que pueda albergar a estos internos terroristas que han demostrado durante todos estos años que no han cambiado de opinión y que siguen intentando agruparse y ver la forma de dañar al Estado peruano", destacó Vega en la emisora RPP Noticias.

Según el funcionario, en esa orden judicial no se ha tenido en cuenta que en el país "hay bolsones de terrorismo" que se han expresado en "organismos de fachada" que han intentado ingresar a la vida pública.

"Esta tiene que ser una lucha integral contra el terrorismo y la decisión de una sala no puede estar en contra de esa lucha", opinó.

Por su parte, Alfredo Crespo, abogado del fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, manifestó que está evaluando presentar un recurso legal similar para que su cliente abandone la base naval del Callao, donde purga una condena de cadena perpetua.

Entre 1980 y 2000, Perú vivió un conflicto interno que dejó más de 69.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, la mayoría de ellos responsabilidad de Sendero Luminoso, según un informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

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