Policía busca a primer diputado brasileño condenado a cárcel en pleno mandato

Brasilia, 26 jun.- La Policía brasileña busca al diputado Natan Donadon, condenado a prisión por corrupción y cuya captura fue ordenada hoy por el Tribunal Supremo, que por primera vez decide encarcelar a un legislador en pleno ejercicio de su mandato.

Donadon, del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, centroderecha), fue condenado a trece años de prisión hace tres años por los delitos de asociación ilícita y malversación de fondos públicos, pero hasta ahora se había librado de la pena mediante diversas apelaciones.

La magistrada Carmen Lucia Antunes rechazó hoy el último de esos recursos y ordenó que sea aplicada de inmediato la debida "orden de captura", que es la primera dictada por el Tribunal Supremo de Brasil contra un parlamentario en pleno ejercicio de su mandato.

El Supremo sólo no se pronunció sobre la pérdida de su mandato, decisión que quedará en manos de la Cámara de Diputados, que hoy mismo inició un proceso con miras a su destitución.

"Cualquier persona que fue condenada tiene que cumplir su pena", declaró el diputado Carlos Sampaio tras una reunión de los jefes de los partidos representados en el Congreso para analizar el caso.

Donadon fue declarado culpable del desvío de unos ocho millones de reales (hoy 3,6 millones de dólares) detectado en 1998 en la Asamblea Legislativa del estado de Rondonia, fronterizo con Bolivia, en la cual ocupaba una dirección financiera.

Por ese mismo caso fueron condenadas otras siete personas, entre ellas Marcos Donadon, hermano del legislador y diputado regional en Rondonia, donde hoy fue capturado en un aeropuerto regional.

Según medios locales, Natan Donadon se encontraba hoy en Brasilia, donde la Policía lo buscaba para dar cumplimiento a la orden de captura dictada por el Tribunal Supremo.

El diputado ocupa un escaño en el Congreso desde 2003 y en los últimos comicios, celebrados en 2010, fue elegido para un nuevo mandato que culmina en 2015.

El Congreso está además a la espera de que el Supremo decida sobre la situación de los reos del llamado "juicio del siglo", que el año pasado condenó a 25 políticos y empresarios implicados en un escándalo de sobornos parlamentarios denunciado en 2005, durante el primer mandato del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre los condenados figuran los actuales diputados Joao Paulo Cunha, del Partido de los Trabajadores (PT); Pedro Henry, del Partido Progresista (PP), y Valdemar Costa Neto, del Partido de la República (PR), todos de la base parlamentaria del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.

A ellos se sumó en enero pasado José Genoino, expresidente del PT, que pese a haber sido también condenado en ese proceso asumió el escaño que dejó vacante su correligionario Carlos Almeida, quien renunció tras ser elegido alcalde de Sao Jose dos Campos.

Los cuatro deberán perder sus mandatos si el Supremo confirma las sentencias, una vez que analice los últimos recursos, lo cual se esperaba para fines de este mes, pero que seguramente ocurrirá durante el segundo semestre.

Cuando Genoino asumió el cargo en calidad de suplente de Almeida, fueron investidos otros trece nuevos diputados, tres de los cuales también tienen problemas con la Justicia.

El caso más grave es el del comisario de Policía Francisco Tenório, quien asumió un escaño por el Partido de la Movilización Nacional (PMN, centro), pese a que responde ante un tribunal del estado de Alagoas por su presunta implicación en dos asesinatos.

Los otros son Camilo Cola, del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y Urzeni Rocha, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), acusados de prácticas de trabajo esclavo en empresas de su propiedad.

Aunque son los casos más graves, no son los únicos diputados que responden ante la Justicia.

Según un reciente informe del portal Congreso en Foco, dedicado a asuntos parlamentarios, 160 de los 513 diputados enfrentan algún proceso judicial. En el Senado las cosas no son distintas. De los 81 senadores, 31 tienen problemas judiciales.