Han pasado doce años desde que se abrieran las diligencias por el caso Gürtel y el Canal de Isabel II sigue estando en el foco no solo de este procedimiento sino también de otros que sigue la Audiencia Nacional (como el caso Lezo) por los contratos que se firmaron en esa época. Tanto es así que, miembros de la Policía Judicial adscrita a la causa de los papeles de Bárcenas se han personado en septiembre y el pasado mes de noviembre en las instalaciones de la empresa pública de aguas para requerir un material que solicitó el magistrado José de la Mata tras las últimas averiguaciones en el procedimiento penal sobre una financiación opaca en el PP.
Así consta en una abundante documental recogida por la UDEF y a la que ha tenido acceso este diario. Los funcionarios se presentaron el pasado 11 de noviembre en las oficinas del Canal en aras a requerir el contrato de diciembre de 2006 de explotación de servicios de las estaciones depuradoras de aguas residuales en Madrid. La licitación relativa al bloque IV (Depuradora de Viveros) se presupuestó en 7.553 euros y fue a parar a Rafael Palencia. Este empresario, que es dueño de la constructora Degremont, es uno de los nombres que más han sonado en el marco de las pesquisas por la caja B del PP y figura como uno de los donantes del partido. De hecho, esta diligencia la ordenó el juez tras constatar que la firma de Palencia se hizo con la licitación del proyecto coincidiendo con la entrega de 35.000 euros que Bárcenas registró en sus manuscritos.
Los agentes plasmaron en un oficio policial del 27 de noviembre su actuación en la empresa madrileña de aguas y explicaron que obtuvieron un total de siete documentos relacionados con este asunto. Entre ellos se encuentran carpetas con documentación de las licitaciones, dos pendrive y material sobre la empresa francesa Veolia, que fue una de las licitadoras de este proyecto. Además, también cumplieron el requerimiento del magistrado al frente de la causa y se presentaron el 16 de noviembre en la sede de SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo). En este caso buscaban toda la documentación relativa a la adjudicación del proyecto de construcción de EDAR "Monte Boyal", una planta de tratamientos de aguas residuales en la localidad toledana de Casarrubios del Monte.
Los correos internos
En el registro de la empresa dependiente del Ministerio de Fomento, los agentes obtuvieron la memoria del proyecto, los planos de la obra civil, el pliego de prescripciones técnicas y el presupuesto. De nuevo esta licitación que se hizo efectiva en 2003 fue a parar al dueño de Degremont, el cual coincidiendo con esta adjudicación realizó una entrega al partido de 60.000 euros que el exgerente registró en su contabilidad opaca. De hecho, estas entregas que constató la UDEF hace justo un año fueron las que llevaron al magistrado a solicitar toda la batería de diligencias tanto al Canal como al SEPES en aras a vincular la supuesta caja B con las adjudicaciones supuestamente irregulares a estos empresarios ligados a la formación que presidía entonces Mariano Rajoy.
Además de lo requisado por los agentes, el Canal de Isabel II ha aportado abundante documentación sobre la petición formulada por el ahora magistrado instructor del caso. Entre el material entregado a la Audiencia Nacional se encuentran los correos que se intercambiaron los responsables de esta empresa dependiente de la Comunidad de Madrid coincidiendo con la intervención de la Policía Judicial. Las comunicaciones que se enviaron bajo el título de 'Asunto muy urgente' hacían referencia a las peticiones de los agentes y dejaban patente que lo que buscaban era la documental que justificara la exclusión del proyecto de los licitadores Veolia Agua y la UTE formada por Imes, Urbaser y Socamex.
"Es necesario que se aporte hoy la documentación referida así como cualquier documento o papel de trabajo que tenga relación con los mismos. Si parte de dicha documentación fue remitida al Archivo Central debéis ponerlo de manifiesto", reza uno de los correos internos enviados desde el departamento de Contratación. Las misivas hacen referencia también a una actuación previa de la UDEF también en la sede de la calle Santa Engracia en septiembre de este año. En concreto se alude a la intervención el 17 de septiembre de "la Policía Judicial" en las oficinas de Medio Ambiente del Canal para obtener todo lo relativo a estas licitaciones que se llevaron a cabo bajo la presidencia en la Comunidad de Esperanza Aguirre.
"Yo ayudo al partido"
Entre la documental que ahora entrega el Canal aparecen numerosos escritos enviados a las empresas que competían con la del empresario Palencia por este proyecto presupuestado en su conjunto en 49,7 millones de euros. Una de esas respuestas la ofreció en enero de 2006 el entonces gerente Ildefonso de Miguel. El considerado como hombre de máxima confianza de Ignacio González replicó a Veolia que, en la adjudicación que se había aprobado en el Consejo del mes anterior, se habían seguido las fórmulas de puntuación recogidas en los pliegos pertinentes. De este modo desmintió que existiera irregularidad alguna en las adjudicaciones ante las aclaraciones solicitadas por las firmas que se quedaron fuera del concurso.
Precisamente Ildefonso de Miguel es uno de los altos cargos del Canal que está imputado en el caso Lezo por operaciones supuestamente irregulares desde la empresa pública. Y es que más allá de los contratos ahora requeridos, el Canal lleva bajo el foco de la Justicia más de 3 años por las compras que hizo en 2001 y 2012 de las empresas Inassa y Emissao, respectivamente. El magistrado que investiga estos hechos, Manuel García Castellón, ya ha terminado estas dos líneas de investigación y ha dejado a un paso del banquillo a los acusados ante indicios que apuntan que se inflaron las operaciones. En lo que respecta a la segunda de ellas, se sospecha que incluso se llegaron a malversar 23 millones de euros de las arcas públicas y que, parte de esas cuantías, se repartieron a modo de comisiones los participantes de la operación, entre los que se encontraba De Miguel.
Cabe recordar que en la causa obra una grabación relativa a una reunión entre Rafael Palencia y el entonces gerente del Canal. En el encuentro, que se produjo gracias a la mediación de Luis Bárcenas, el empresario admitió la entrega de donaciones periódicas al partido de en torno los 30.000 y 35.000 euros. Según dijo, era unas cuantías que recogían el fallecido Álvaro Lapuerta en calidad de tesorero y Bárcenas de gerente. "¿Qué les das un sobre o así?", preguntó el exgerente del Canal a lo que el empresario respondió afirmativamente asegurando que eran aportaciones temporales para que "se abrieran las puertas". "Yo le ayudo al partido en general para que él me ayude en general... que me traten bien", llegó a decir Palencia en su encuentro de 2008.
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