Las cuatro profesoras y el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) relacionados con la supuesta falsificación del Trabajo Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes han comenzado a prestar declaración ante la Policía. Los agentes adscritos a la Fiscalía de Madrid están tratando de conocer si hubo delito y si, por tanto, se manipuló ese acta, según confirman fuentes del ministerio público. Los interrogatorios han comenzado este martes.
Esta toma de declaración ante la Policía servirá a los agentes para confeccionar un informe previo que entregarán a la Fiscalía. El ministerio público tendrá que decidir entonces si presenta una denuncia.
Fue la semana pasada cuando la Fiscalía decidió abrir una investigación para comprobar si existe una responsabilidad penal y un presunto delito de falsificación de documento oficial. Antes, la Universidad Rey Juan Carlos, que llegó a reconocer que las informaciones que estaban apareciendo "pudieran ser constitutivas de delito", había iniciado una información reservada la semana pasada para investigar si hubo irregularidades en el título de Cifuentes. En su primera declaración una de las profesoras implicadas reconoció que su firma había sido falsificada.
Se trata de Alicia López de los Mozos, supuesta presidenta del tribunal que puntuó con un 7,5 a la presidenta regional Cristina Cifuentes, y una de las tres docentes cuya firma aparece en el documento acreditativo el 2 de julio de 2012 que ponía fin al posgrado de Cifuentes, que en ese momento era delegada del Gobierno en Madrid. En 2014, la funcionaria Amelia Calonge, vieja conocida suya, pudo cambiar la calificación de una asignatura de la presidenta y la de su trabajo fin de máster. Las calificaciones pasaron de “no presentada” a “notable”, como reveló eldiario.es el pasado 21 de marzo.
"Como consecuencia de la investigación ordenada por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, el pasado 21 de marzo, y ante la aparición de informaciones que pudieran ser constitutivas de delito, la Universidad ha decido dar traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para su investigación. Mañana, viernes, 6 de abril, el rector comparecerá ante los medios en el edificio de Rectorado del Campus de Móstoles (Madrid) a las 13.30 horas para dar más detalles sobre este asunto", reconocía el propio centro la semana pasada.
Falsificar un acta universitaria está penado con de tres a seis años de prisión, multa de seis a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, según el artículo 390 del Código Penal.
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