La Justicia está investigando un posible delito de tráfico de influencias en la adjudicación de los equipos de seguridad de las embajadas españolas en el extranjero. El juzgado 46 de Plaza de Castilla ha admitido a trámite una denuncia presentada el pasado mes de enero por el sindicato Jupol contra la Dirección General de la Policía y ha abierto diligencias al considerar que ha podido existir un posible delito a la hora de decidir qué agentes han sido destinados a estos puestos discrecionales tan cotizados en el cuerpo. Y es que el sueldo de los funcionarios puede llegar a alcanzar los 14.000 euros al mes.
La denuncia de Jupol explicaba que "en reiteradas ocasiones" se podrían haber incumplido los "requisitos legales" para la cobertura de puestos de trabajo de personal de seguridad en misiones diplomáticas. En concreto, hacía referencia a la Ley Orgánica 9/2015 de 28 de julio de Régimen de personal de la Policía Nacional, que establece que el acceso a dichos destino debe ser transparente. Desde 2017, denuncia Jupol, el proceso ha sido "oscuro" y se ha desarrollado sin bases de convocatoria ni requisitos mínimos, ni circunstancias públicas "que permitieran a los funcionarios conocer y baremar cuáles eran sus opciones y cómo y por qué se cubren dichos puestos en favor de determinados funcionarios".
"Básicamente, los puestos de trabajo en embajadas y misiones diplomáticas eran asignados a dedo mediante la propuesta interna que realizaban los distintos mandos respecto de sus conocidos y amigos, sin que primara en ningún caso los principios de mérito igualdad, capacidad y antigüedad", se argumenta. Los responsables de los destinos de los policías se deciden en al Área de Cooperación Internacional, cuyos máximos responsables son Carlos Vázquez Ara, como jefe, Alicia Malo, como secretaria general, y Yolanda Vázquez, como jefa de área. Fuentes de Jupol indican que podría ser llamado a declarar, incluso, el director general de la Policía al asumir en la última reestructuración el control de esta división.
El procedimiento ha sido el siguiente: "Para disimular tal asignación directa de los puestos de trabajo en embajadas y misiones diplomáticas, se obligaba a los funcionarios a inscribirse en una plataforma online en la que cada funcionario rellena una ficha con sus datos personales, escala, méritos, condecoraciones y cursos", se puede leer en la denuncia ahora admitida a trámite. "Dicha ficha es personal y no puede accederse a la comprobación de las fichas del resto de solicitantes. Es decir no existe publicidad alguna en cuanto a la comparación de los méritos de cada uno de los funcionarios que se adscriben a dicha plataforma online, añade el sindicato que acaba de nacer.
Continúa la denuncia: "Ante las crecientes quejas por el sistema de asignación de puestos, la Dirección General de la Policía procedió a publicar a partir de 13 de marzo de 2017 un Anuncio por el que se daban a conocer los requisitos y méritos que se tendrían en cuenta en las próximas convocatorias para la provisión de puestos de trabajo de personal de seguridad en misiones diplomáticas. Es curioso que sea tras las continuas quejas de 'enchufismo' cuando por fin, en marzo de 2017, la DGP tenga a bien 'dar a conocer los requisitos y méritos' necesarios para poder optar a tales puestos. Es decir, hasta ese momento, tales requisitos y méritos no eran, ni tan siquiera públicos ni conocidos, vulnerando de forma clara y concreta las disposiciones previstas en los arts. 7 y ss del Real Decreto 997/1989, de 8 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de la Dirección General de la Policía".
Jupol denuncia que tras ese año 2017 se estableció un nuevo requisito: "Estar en posesión del Curso de Seguridad y Protección en Misiones Diplomáticas o comprometerse a realizarlo con carácter previo a la toma de posesión del nuevo destino". "Pues bien -continúa el sindicato en su escrito- la DGP ha ideado un nuevo criterio aleatorio y arbitrario; el acceso a dicho Curso es nuevamente arbitrario y solo acceden al mismo quienes son designados por sus jefes, volviéndose al nepótico sistema previo a la publicación de los requisitos de acceso. Y ello por cuanto los méritos (antigüedad, recompensas, cursos, idiomas, etc) solo son baremados cuando se tienen los anteriores requisitos"
El juzgado de instrucción de Plaza de Castilla admite a trámite esta denuncia y solicita a la Dirección General de Policía que presente las bases y la forma de acceso al curso de Seguridad en Embajadas, el listado y la baremación de méritos de las últimas convocatorias y el nombre del jefe de la división de Formación y Perfeccionamiento.
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