Protege las pesquisas

La Policía cierra filas y denuncia una politización de las amenazas a políticos

Lamenta que se haga un uso político de la investigación por las cartas con balas y lo desliga de posterior misiva con navaja que ha recibido Maroto.

EP
Correos pide la "retirada inmediata" del vigilante que no detectó las cartas con balas a Iglesias
CORREOS

La investigación por las cartas amenazantes que han recibido Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska y María Gámez avanza en aras a esclarecer quien se esconde detrás de los hechos. Agentes de la Policía Nacional y la guardia Civil siguen adelante con las pesquisas impulsadas la semana pasada para esclarecer la identidad de la persona que envió estas amenazas de muerte, aunque lo hacen en medio de un profundo malestar en el cuerpo. Por un lado denuncian la filtración en prensa del resultado de las indagaciones y, por otro, un uso partidista de este asunto en plena campaña electoral por los próximos comicios de la Comunidad de Madrid. 

Según confirman fuentes de la investigación a este periódico, la prioridad de la Policía Científica que investiga el origen de las cartas amenazantes fue desde un primer momento mantener las diligencias en secreto para evitar una politización de los hechos y un efecto llamada del asunto. De hecho, la recepción este lunes en el Ministerio de Industria de una carta con una navaja ensangrentada dirigida a Reyes Maroto saltó rápidamente a la prensa y se vinculó con las cartas recibidas días antes por Iglesias, Marlaska y la directora general de la Guardia Civil. Sin embargo, la identificación del autor de la misiva y las diligencias practicadas a lo largo de la tarde les llevó a determinar que no existe un vínculo claro entre las primeras misivas y la enviada a Industria desde San Lorenzo del Escorial. 

El caso de Maroto

Las fuentes consultadas explican que este tipo de hechos se investigan siempre a puerta cerrada precisamente para evitar que su difusión en prensa derive en actuaciones similares. En este caso los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional trabajan codo con codo con Correos para estrechar el cerco del autor de las misivas que incluían balas de calibre 7,62. Las diligencias se centran en estudiar el origen de esta munición (que está descatalogada); analizar las cámaras de seguridad de la zona de Madrid en la que se encuentra el buzón donde se depositaron y practicar pruebas de ADN. La Científica trabaja bajo especial presión en este caso y con un claro malestar por la politización de su trabajo al tratarse de un momento temprano para sacar conclusiones. 

De hecho, la carta con una navaja que recibió Maroto en la sede del Ministerio también sembró confusión. La denuncia pública de estos hechos vino seguida de una cascada de reacciones de políticos y miembros del Ejecutivo que achacaron lo ocurrido a la extrema derecha, como así lo expuso el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Incluso la propia Policía pensó en un primer momento que se trataba de una persona que estaba emulando el episodio de las amenazas de muerte con las balas. No obstante, pronto se percataron de que las diferencias entre uno y otro suceso eran de calado. La constatación vino al estudiar el sobre y ver que tenía remitente y que se envió el pasado miércoles 21 de abril; es decir, antes de que llegaran las balas a sus destinatarios.  

Diferencias de las misivas

Los agentes de la Comisaría de Información rápidamente constataron que los datos que adjuntaba el sobre eran verdaderos y que correspondían a un vecino de El Escorial con problemas psiquiátricos. Otro aspecto diferenciador reside en que la carta se envió desde la oficina de Correos de dicho municipio madrileño y no desde un buzón externo. Con todo, el asunto ya se ha puesto en manos de la Justicia y ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid por ser el que estaba en funciones de guardia. Su titular ha dictado una providencia para que la denuncia interpuesta por la ministra de Industria sea remitida al decanato de los juzgados para su correspondiente reparto.  

Este mismo órgano judicial sería también el competente de investigar las denuncias interpuestas por el ministro del Interior y el líder de Unidas Podemos la pasada semana. Sus cartas junto con la de la directora de la Guardia Civil se enviaron en bloque el lunes 19 de abril, de acuerdo con el matasellos, aunque llegaron de manera desigual a sus destinatarios. Mientras Iglesias y Marlaska pusieron los hechos en conocimiento de la Comisaría del Congreso de los Diputados, María Gámez denunció la recepción de esta carta en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos. Por el momento este asunto no se ha judicializado a la espera de obtener más evidencias en relación a la autoría de estos hechos.  .

Con todo, entre los agentes no solo cunde el malestar por la repercusión política de una investigación que se sigue a puerta cerrada sino también cierto desconcierto a tenor de las faltas de seguridad en el ente de Correos así como en los respectivos Ministerios que canalizaron los sobres sin identificar los objetos que contenían en su interior. Eso es lo que ocurrió en el caso de la ministra de Industria. El departamento de Seguridad lo analizó en el control de rayos X pero no detectó la navaja porque venía escondida entre dos cedés. Correos, por su parte, también ha abierto una investigación interna para esclarecer los motivos por los que no se detectaron las balas que incluían las misivas. 

Las investigaciones policiales discurren en paralelo a la polémica desatada en el terreno político a finales de la pasada semana. La negativa de la candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, a condenar las amenazas de muerte recibidas por Iglesias propició un cambio de rumbo de la campaña polarizándola entre Vox y Unidas Podemos. El asunto ha sentado especialmente mal entre los agentes encargados de las pesquisas que tratan de seguir con sus averiguaciones blindando el resultado de las mismas en aras a evitar su deriva política en plena campaña electoral en la Comunidad de Madrid. 

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