"Se está efectuando un operativo de búsqueda de varios de los señores militares que son mis clientes, y la Policía los busca con órdenes de captura que son ilegales", aseguró el abogado Lisandro Quintanilla, que representa a una decena de los militares retirados.
A principios de enero, el juez Sexto de Instrucción de la Audiencia Nacional Española, Eloy Velasco, recordó a Interpol de España y El Salvador, así como a la policía salvadoreña, que "aún se encuentran pendientes de cumplimiento las órdenes internacionales de detención" contra 17 militares retirados.
Agentes policiales efectuaban el operativo de búsqueda de los militares en distintas zonas de San Salvador.
El abogado Quintanilla consideró que, en caso de consumarse las detenciones de los militares, éstas serían "arbitrarias" al considerar que "no tienen validez legal pues no se les ha comprobado delito alguno".
En 2011, los militares evadieron la detención al refugiarse en un cuartel militar de San Salvador, mientras obtenían una resolución de la Corte Suprema de Justicia amparada en una amnistía que perdonó las atrocidades cometidas en la guerra civil (1980-1992).
Los 17 militares requeridos por el juez Velasco son Inocente Orlando Montano, Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos y Óscar Mauricio Amaya Grimaldi.
También son requeridos por el juez español Antonio Ramiro Ávalos García, Ángel Pérez Vásquez, Tomás Zarpate Castillo, José Alberto Sierra Ascensio, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, Héctor Ulises Cuenca Ocampo y Óscar Alberto León Linares.
En la prensa salvadoreña trascendió, sin que haya sido confirmado oficialmente, que al menos tres de los militares habrían sido detenidos: Zarpate Castillo, Ávalos Vargas y Benavides.
En el caso de Montano que vive en Estados Unidos, el viernes una juez de esa nación lo puso en detención, al considerar que es procedente su extradición a España a pedido del juez Velasco por su presunta vinculación con el asesinato de los jesuitas.
Los militares en caso de ser detenidos serán puestos a la órden de un tribunal de San Salvador, mientras que una eventual extradición a España debe ser autorizada por la Corte Suprema.
El pasado martes, siete de los militares requeridos por España se declararon víctimas de persecución política y presentaron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema un recurso personal para evitar su detención, no obstante, esa sala todavía no ha emitido una resolución al respecto.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una fuerte ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del proscrito batallón militar Atlacatl asesinaron en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana al sacerdote español-salvadoreño Ignacio Ellacuría, rector de ese centro.
También fueron asesinados los sacerdotes españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López, la empleada doméstica Elba Ramos y su hija Celina
ob.zm
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