La Comisión pidió "que esta ley (...) no entre en vigor antes de que todas las cuestiones que conciernen a su impacto sobre la independencia y el funcionamiento del Tribunal Constitucional hayan sido plenamente y correctamente evaluadas", escribió su vicepresidente Frans Timmermans en una carta a las autoridades polacas, consultada por la AFP.
La ley, debatida de forma apresurada en el Parlamento, fue aprobada el martes por 235 diputados del partido conservador Derecho y Justicia (PiS), contra 181 y cuatro abstenciones.
La reforma introduce especialmente la regla de la mayoría cualificada de dos tercios para las decisiones del Tribunal, obligado también a reunir, para poder pronunciarse en los casos importantes, a 13 de los 15 jueces que componen la corte, en lugar de nueve como anteriormente.
Es un nuevo episodio del pulso entre el Tribunal y el partido del presidente Jaroslav Kaczynski, que afirmó eliminar así un obstáculo para la puesta en marcha de sus reformas.
La ley dio lugar a un acalorado debate en el Parlamento y suscitó fuertes críticas de la Corte Suprema y de varias organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional.
El antiguo presidente polaco Lech Walesa pidió enérgicamente el miércoles celebrar un referéndum sobre la organización de elecciones anticipadas.
"Este gobierno actúa contra Polonia, contra nuestras conquistas, contra la libertad, contra la democracia. Sin decir que nos ridiculiza ante el mundo" entero, declaró en una radio el jefe histórico del movimiento Solidaridad.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) mostró el miércoles su "preocupación" frente a los recientes eventos en Polonia.
Según la presidenta del Tribunal Supremo de Polonia, Malgorzata Gersdorf, la nueva ley "se entromete en la independencia" del Tribunal Constitucional y tiene como objetivo "dificultar, incluso impedir" su funcionamiento.
La ley "pervierte el sentido de la función del Tribunal Constitucional en un Estado democrático de derecho".
El Consejo Nacional de Justicia (KRS) lanzó el miércoles un llamamiento al presidente Andrzej Duda, cercano al PiS, para no promover la nueva ley y someterla al Tribunal Constitucional para decidir su conformidad con la ley fundamental.
El PiS ya había colocado en el seno de este Tribunal a cinco jueces de su elección, siguiendo un controvertido proceso, lo que debería permitirle bloquear fácilmente las opiniones desfavorables del Tribunal.
El texto introduce especialmente plazos obligatorios de tres a seis meses entre el deposito de una solicitud y la decisión del Tribunal Constitucional (14 días hasta ahora), lo que "anuncia inmensos retrasos potenciales y, de hecho, la parálisis" del Tribunal, estimó el Tribunal Supremo.
Para la oposición polaca de todas las tendencias, las nuevas autoridades quieren simplemente liberarse de todo control independiente.
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