El que fuera secretario del Consejo de Administración del Banco Popular, Francisco Aparicio Valls, ha comparecido en la Audiencia Nacional para exponer su versión de los hechos en relación a la caída del banco que investiga el magistrado José Luis Calama. Al respecto, el exalto cargo de la entidad ha recordado que el actual presidente de la CNMV, Santiago Albella, respaldó la ampliación de capital de 2016 desde el Despacho de Abogados Linklaters pese a que luego el propio regulador que él preside abrió expediente sancionador por infracción muy grave a los exaltos cargos del banco por irregularidades en las cuentas de ese año.
Fuentes presentes en el interrogatorio explican a este diario que Valls, cuya comparecencia se señaló inicialmente para el mes de noviembre, ha respondido durante cerca de tres horas a todas las preguntas relacionadas con la ampliación de capital de 2.505 millones de euros, así como a los hechos posteriores que tuvieron lugar hasta su salida del banco ya bajo la presidencia de Emilio Saracho. Al respecto, Aparicio Valls ha asegurado que la operativa contó con las bendiciones del auditor interno y también con el asesoramiento del despacho que Albella tenía con su socio Jorge Alegre, los cuáles respaldaron esta operación, tal y como se recoge igualmente en la pericial elaborada por el Banco de España.
El exsecretario del Consejo, que ha respondido a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado y su letrado, se ha pronunciado también sobre los últimos meses de vida del banco que acabó adquiriendo el Santander por un euro. Al respecto ha admitido que la debacle se produjo tras una importante fuga de depósitos a mediados de 2017 la cual tuvo lugar, a su vez, debido a una serie de hitos tales como las presuntas filtraciones que se produjeron por parte de algunos consejeros de la entidad con el fin, según sostienen las acusaciones, de ofrecer una mala imagen del banco y hacer caer el valor de la acción.
La gestión de Saracho
Sobre este asunto ha reconocido que efectivamente se produjeron filtraciones a la prensa aunque no ha dado más detalles al respecto. Sí que ha sido más explícito cuando se le ha preguntado por la emisión del hecho relevante a la CNMV el 3 de abril de ese año sobre la reformulación de cuentas asegurando que se trató de un "hecho consumado". De este modo ha rebatido la tesis de Saracho acerca de que fue el auditor el que decidió cuando había que emitir esta comunicación, la cual se dio a conocer al mercado en plena crisis del banco. Tras ello se produjo la Junta General de Accionistas en la que Saracho admitió públicamente que no había otra salida para la entidad que no fuera su resolución.
Mientras los interrogatorios avanzan en esta causa penal, muchos son los accionistas que intentan ampliar el foco de investigación y que se abran nuevas diligencias para indagar el papel del la Junta de Resolución Única (JUR) y Deloitte Bélgica en todo este asunto. Al respecto, la magistrada María Tardón ha descartado investigar el papel del organismo europeo de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción que considera que la Audiencia Nacional no es el órgano competente para llevar a cabo estas pesquisas. Su criterio se sustenta en que los hechos descritos por los accionistas que presentaron la denuncia no se pueden entender como una defraudación o maquinación para alterar el precio de las cosas.
De acuerdo con el Ministerio Público, la filtración de información que se produjo desde dentro del Consejo de Administración del Popular y que derivó en la salida masiva de fondos de la entidad no tiene encaje en el concepto de "defraudaciones y maquinaciones". Se trata de uno de los artículos concretos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que estipula que será competencia de la Sala de lo Penal cuando se produzcan defraudaciones que puedan producir una grave repercusión en la economía nacional; hechos que a juicio de la Fiscalía no ocurren en este caso.
Hechos acotados
La Fiscalía explica en su escrito, al que ha tenido acceso La Información, que esta nueva denuncia, que recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 3, guarda mucha similitud con una querella interpuesta también en la Audiencia Nacional contra el exministro de Economía Luis de Guindos, de contenido similar. Además, recuerda que aunque la Audiencia Nacional no es pues la competente para investigar el papel que jugó la JUR en la resolución del banco, ya existe en la actualidad un procedimiento penal a cuyo frente se encuentra el magistrado José Luis Calama Teixeira, en el cual se investiga a los expresidentes y altos cargos del banco por los hechos acontecidos en sus últimos años de vida.
De este modo la Fiscalía Anticorrupción intenta poner coto a unos hechos que se comenzaron a investigar en octubre de 2017 tras las querellas presentadas por el propio Ministerio Público y por inversores como los representados por la Aemec que perdieron sus ahorros e inversiones con el desplome del valor de la acción. Parte de estos perjudicados fueron más allá y presentaron una denuncia inicial asegurando que la resolución de la JUR podría ser declarada nula de pleno de derecho y que el informe elaborado por Deloitte Bélgica contendría datos falsos sobre la verdadera situación del banco.
Tras ello, los denunciantes, cuya defensa ejerce el bufete de abogados Colls, pidieron que se abriera diligencias por estos hechos y que, además, se requiriera a la auditora el informe completo sobre el Popular, se pidiera al Santander que aportara los documentos de acuerdos extrajudiciales a los que se hubiera llegado con accionistas así como copia "íntegra, sin tachaduras ni censuras" del informe de Deloitte que determinó que existía un valor negativo de 2.000 millones. Además, los minoristas solicitaron a la Audiencia Nacional que acordara una pericial para determinar si se falsificó la firma del último presidente del banco, Emilio Saracho, en la carta de 6 de junio de 2017 en la que declaraba la supuesta inviabilidad del Popular.
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