El magistrado al frente del caso del Popular, José Luis Calama Teixeira, ha ampliado la investigación sobre la quiebra de la entidad 18 meses más a la espera de recibir las conclusiones del peritaje encargado al Banco de España, las cuáles determinarán el resto de diligencias a adoptar den el procedimiento; entre ellas, los interrogatorios a los principales investigados los expresidentes de la entidad Ángel Ron y Emilio Saracho.
De acuerdo con un auto fechado el 27 de febrero y al que ha tenido acceso este diario, el juez acuerda una nueva prórroga de las pesquisas -que se declararon complejas el pasado mes de mayo- a tenor de la petición formulada por la Fiscalía Anticorupción que ha solicitado dos años más de instrucción. Se acoge para ello a tres de los preceptos que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim) y que son, que involucre a una gran cantidad de investigados o víctimas, que exija además la realización de periciales que requieran de abundante documentación y que precise de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas.
La causa la comenzó instruyendo el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en octubre de 2017 contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho por los presuntos delitos de falsedad societaria, contra el mercado y apropiación indebida en relación con la ampliación de capital de la entidad en 2016. Además, investiga en otra pieza separada una presunta manipulación de mercado ante la sospecha de que se difundieron noticias falsas con la finalidad de hacer caer el valor de la cotización.
Cerca de medio año después del arranque de este procedimiento, las miradas estás puestas en las conclusiones que saquen los peritos del Banco de España a los que se les ha encargado un peritaje de las actividades internas del banco en el período comprendido entre los años 2015 y 2017. No obstante, partes del procedimiento intentaron que el estudio del supervisor incluyera también los ejercicios de 2011 a 2014 al considerar que en esos años ya se venían produciendo las presuntas irregularidades contables y que es "imposible" que el resultado negativo al cierre de 2017 de 13.594 millones de euros fuera debido únicamente a una mala gestión de los dos últimos ejercicios.
Entre el abundante material que obra en la causa y al que se refiere el instructor, destaca el aportado recientemente por la CNMV relativo a los expedientes sancionadores a la excúpula de la entidad por información falsa sobre las cuentas del año 2016, así como el entregado por el Banco Santander, en calidad de heredero del Popular, el pasado mes de octubre. En un escrito adjunto a todo el material facilitado al juzgado, la entidad que preside Ana Botín pidió discreción asegurando que se trataba de documentos de “gran valor estratégico” para el banco y que su difusión podría causarles un “perjuicio irreparable”.
Difusión de información falsa
Igualmente, también se han ido incorporando al procedimiento otros documentos internos vinculados a la última etapa del banco, tales como la que envió a finales de 2016 el exdircom de la entidad Carlos Balado al entonces secretario del Consejo Francisco Aparicio Valls en la que mostraba su repulsa a las filtraciones de información desde el mismo Consejo de Administración. Tanto es así que llegó a calificarlas de "perniciosas, irresponsables y desconsideradas".
En dicho documento, el exdirectivo denunció que se estaban produciendo filtraciones "opuestas a la posición oficial e incluso contradictorias" a la que la entidad había acordado hacer públicas. Con todo, este era uno de los extremos requeridos largo tiempo por accionistas personados en la causa, de cara a que se indagara en este asunto que se investiga en la pieza separada, ya que, como resultado de esas filtraciones y de otras que siguieron en 2017, se desplomó el valor de las acciones.
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