Jueves, 15.11.2018 - 16:41 h
Tribunales

Popular, Bankia, OHL... una docena de empresarios enfrentan la cárcel en la AN

La Audiencia Nacional afronta la instrucción de varios casos que afectan a empresarios y cúpulas directivas de algunas empresas punteras del país.

Rato
El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, es uno de los empresarios investigados en la Audiencia Nacional.

Defraudaciones que produzcan grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o un perjuicio patrimonial a un grupo numeroso de personas en más de una provincia. Es el criterio por el que la Ley Orgánica del Poder Judicial otorga a la Audiencia Nacional la competencia para investigar y juzgar los grandes delitos económicos que se cometen en nuestro país. La omnipresencia del terrorismo que hace unos años acaparaba ese tribunal ha ido dejando espacio para este tipo de infracciones que, por su complejidad, ocupan gran parte del trabajo del tribunal. Muchos de estos casos son desmanes bancarios y tienen su origen en el estallido de la burbuja y la crisis posterior de 2008. Pero también hay causas que afectan a energéticas, 'telecos' o gigantes de la automoción. Estas son las principales.

Por el número de damnificados y por la repercusión que pudo tener en el sistema bancario español, la investigación de la quiebra del Banco Popular es quizá, el caso económico de mayor peso actualmente. El juez Fernando Andreu todavía no ha empezado a tomar declaración a los imputados, entre los que se encuentran los dos últimos presidentes de la entidad, Ángel Ron y Emilio Saracho. Por el momento, los dos inspectores del Banco de España nombrados peritos por el juez estudian toda la documentación solicitada por el instructor a la Junta Única de Resolución (JUR), el Banco Central Europeo, Banco de España, CNMV o Deloitte para mandar al juzgado su informe preliminar.

La causa tiene dos partes que giran alrededor de los dos expresidentes querellados. A Ron y varios de sus consejeros se les investiga por un supuesto delito de estafa a inversores al no haber mostrado la imagen fiel de la entidad en la información facilitada en el folleto de la ampliación de capital lanzada por el banco en 2016. La implicación de Saracho se sustenta en una supuesta campaña de noticias falsas para desprestigiar a la entidad con el objeto de venderla a un precio irrisorio para que luego aflorara su verdadero valor, lo que, en caso de demostrarse, supondría un delito de manipulación del mercado.

Mucho más avanzada, ya a la espera de juicio, se encuentra la pieza principal del caso Bankia, la que investiga la salida a Bolsa de la entidad que poco después tuvo que ser rescatada con 24.000 millones de euros públicos. En su escrito de acusación, Anticorrupción pide cinco años de cárcel para el exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato, cuatro para el expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, tres para el exconsejero y ex secretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella y dos para el ex consejero delegado Francisco Verdú. A todos ellos se les imputa un delito de estafa a inversores.

Mucho más elevadas son las penas que solicita la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC). Su abogado, el exlíder de UPyD, Andrés Herzog, reclama penas de 12 años de prisión no solo para Rato, sino también para los restantes 27 consejeros de Bankia y su matriz BFA procesados. Además del delito de estafa a inversores por el que acusa fiscalía, CIC incluye además el de falsedad contable, también recogido por el juez instructor (Fernando Andreu) en su auto de procesamiento.

Serra y el agujero de 720 millones

Otro exvicepresidente del Gobierno, en este caso socialista, tuvo que declarar como imputado el pasado 20 de febrero. Se trata de Narcís Serra, expresidente de Catalunya Caixa, investigado por un supuesto agujero de 720 millones de euros generados en esa entidad entre 2000 y 2007. La caja tuvo que ser nacionalizada en 2011 por el FROB con una inyección de 12.000 millones de euros y después fue vendida al BBVA. El juez Ismael Moreno le achaca a Serra y a otros 14 directivos de la entidad la puesta en marcha de una ruinosa actividad inversora a través de la filial inmobiliaria de la entidad, Procam, sin garantías sobre su viabilidad.

En su declaración, Serra mantuvo que el Banco de España supervisó todas esas operaciones inmobiliarias. También expuso que nadie pudo prever la virulencia de la crisis provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Según el expresidente de Catalunya Caixa, todas esas operaciones se pusieron en marcha cumpliendo con la normativa interna de la caja.

Pero más allá de casos bancarios, en la Audiencia Nacional se investigan otras causas de gran trascendencia empresarial, como el caso Volkswagen, que investiga el trucaje de las emisiones de los vehículos diesel del gigante de la automoción alemana, cuyos niveles se reducían a los legales cuando se comprobaban en un banco de pruebas. Pese a que el caso se inició en un tribunal español, el juez Ismael Moreno no dirigió su investigación hacia la filial española, sino a su matriz, Volkswagen AG. El caso se encuentra en ‘stand by’ a la espera de que Alemania responda a la solicitud de cooperación internacional que el instructor envió a las autoridades de Berlín.

El nuevo caso Abengoa

Sobre la mesa de Moreno se encuentra también la investigación sobre la supuesta alteración de las cuentas de Abengoa. Tras la absolución del expresidente de la energética, Felipe Benjumea; de su ex CEO Manuel Sánchez Ortega y de tres miembros de la comisión de retribuciones de la compañía por las enormes indemnizaciones que se llevaron ambos, el instructor está a la espera de que le llegue toda la documentación contable que ha solicitado para empezar a tomar declaración a los imputados. La denuncia va dirigida contra 19 consejeros. Inicialmente, Moreno la archivó al considerar que la querella se basaba únicamente en informaciones de prensa, pero la Sala de lo Penal le obligó a admitirla.

Otro de los casos en fase de instrucción es el que afecta a la multinacional tecnológica Zed. El juez Manuel García Castellón investiga a su expresidente, Javier Pérez Dolset, por un supuesto fraude en las subvenciones y créditos blandos que obtenía de los ministerios de Industria y Economía así como de la Comunidad de Madrid y la Unión Europea. En paralelo también se investiga a los socios rusos de Dolset en la compañía, que, según la fiscalía, habrían organizado una campaña contra el español para hacerse con el completo control de la empresa.

OHL y el Caso Urbas

La adjudicación del proyecto de cercanías entre los municipios madrileños de Navalcarnero y Móstoles en 2007, también trae de cabeza al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y al empresario Javier López Madrid. Ambos están imputados en el marco de la pieza número 3 del caso Lezo relacionada con el presunto pago de una comisión de 1,4 millones de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para hacerse con esta adjudicación.

La Audiencia Nacional también investiga a una decena de ejecutivos de Urbas por inflar la última ampliación de capital de la inmobiliaria en su propio beneficio. En total, 384,4 millones de euros logrados gracias a la aportación no dineraria del 100% del capital de otra sociedad, Aldira Inversiones, de la que varios consejeros de la inmobiliaria eran socios. Esa operación, según la investigación, se puso en marcha falseando el valor real del patrimonio de Aldira, cuyas fincas fueron tasadas, según el juez Fernando Andreu y la Fiscalía Anticorrupción, de forma "totalmente irreal e injustificada". Los delitos de guante blanco, pues, no dan un respiro la AN.

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