Reyes Calderón ofreció a Goirigolzarri suceder a Ángel Ron al frente del Popular

El avance de los interrogatorios en el caso del Banco Popular sigue sacando a relucir aspectos relacionados con sus últimos meses de vida y, en concreto, con el proceso de sucesión en la presidencia de la entidad a finales de 2016. Al respecto, un día después de que declarara Reyes Calderón, su nombre volvió a salir a la palestra, esta vez por boca del también exconsejero Jorge Oroviogoicoechea, que denunció ante el magistrado instructor que la expresidenta de la Comisión de Nombramientos se reunió con el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y con el expresidente de Endesa Manuel Pizarro para proponerles que asumieran la presidencia de la entidad. 

Fuentes presentes en el interrogatorio del miércoles precisan a este diario que Oroviogoicoechea manifestó en una sesión del Consejo celebrada a principios de noviembre de ese año la desazón de algunos de sus miembros por lo que consideraron una maniobra auspiciada por Calderón y el inversor mexicano Antonio del Valle para apartar de la presidencia a Ron en un momento especialmente delicado para la entidad. Al respecto, el entonces consejero expuso en sede judicial que en la terna final para sucederle estaban Goirigolzarri y Pizarro además de Emilio Saracho, en aquel entonces alto cargo de JP Morgan y figura por la que optó Calderón. 

El magistrado José Luis Calama Teixeira se mostró muy  interesado en conocer por qué Saracho sucedió a Ron al frente del Popular, a lo que Oroviogoicoechea precisó que fue por expresa imposición de Calderón, siempre las fuentes consultadas. Este asunto que ahora se trata en sede judicial ya salió a relucir en las reuniones mantenidas hace ahora tres años en las que la consejera independiente se defendió alegando que sí se había reunido con determinados banqueros pero que en ningún caso les propuso presidir el Banco Popular. 

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El episodio relativo al cambio de presidente está cobrando especial relevancia en la causa penal dado que los investigadores están muy interesados en conocer si existía un plan preconcebido para echar a Ron de la entidad y si su salida se produjo siguiendo los cauces legales puesto que, de lo contrario, los hechos podrían ser constitutivos de delito de manipulación de mercado teniendo en cuenta que también se les acusa de difundir en el último periodo de vida de la entidad informaciones falsas que habrían hecho desplomar el valor de la acción. 

De los interrogatorios practicados hasta el momento se traduce que las posiciones están claramente encontradas. Así, Ron asegura que existió ese propósito y que el propio Del Valle le llegó a amenazar con iniciar una campaña mediática en contra del banco o convocar una Junta de Accionistas si no promovía el relevo. Por contra, y a falta de escuchar al empresario -que está citado la semana que viene- Calderón negó esta misma semana en su paso por la Audiencia Nacional los hechos y dijo que esta tesis era propia de una "novela". Es más, aseguró que Ron estuvo informado en todo momento de las decisiones tomadas y que ella actuó acorde a las competencias que tenía en aquel momento en calidad de presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Saracho, que fue el primero de todos los acusados en este procedimiento en declarar ante el instructor, admitió que Calderón le contactó para proponerle que presidiera el banco con un Consejo de Administración completamente dividido. Saracho, que acabó aceptando la propuesta, aseguró que no conoció la verdadera situación de la entidad hasta que no aterrizó formalmente en la misma en febrero de 2017, apenas meses antes de la espectacular fuga de depósitos que provocó la resolución del banco por parte de la JUR y su posterior compra por el Santander. Sí se explayó en lo que respecta a la ampliación de capital asegurando que el exnúmero dos de Ron, Francisco Gómez, ordenó que la entidad financiara con 400 millones la compra de acciones de la ampliación. 

Capítulo que tanto Ron como otros consejeros de su etapa han negado ante el juez, como ha sido el caso de Oroviogoicoechea. El último consejero en declarar ante el magistrado Calama junto con Ana María Molins (miembro de la Comisión de Nombramientos) se pronunció a favor del expresidente gallego, el cual aseguró que desde los organismos reguladores se le exigió al Popular provisiones por valor de 3.400 millones de euros y que el banco superó esa cifra en 1.200 millones más. Igualmente negaron instrucciones veladas para sacar adelante esta operativa asegurando que había superávit de accionistas que pretendían invertir en la ampliación por valor de 2.505 millones de euros.