La investigación abierta en la Audiencia Nacional por la resolución del Banco Popular pone el foco en los organismos europeos. El magistrado al frente de la causa tiene previsto tomar declaración a los responsables del FROB y de la JUR, entre otros, por su gestión en la última etapa de vida del banco. Se trata de unas diligencias que nunca ha descartado practicar pero que ahora, tras más de tres años de pesquisas, anuncia que llevará a cabo en aras a esclarecer los motivos por los que el entonces sexto grupo bancario acabó siendo resuelto en Europa.
Así lo anuncia en un auto de este mismo jueves al que ha tenido acceso La Información y en el que responde a la pretensión de Emilio Saracho de que le archiven la investigación. El último presidente de la entidad solicitó al magistrado que le sacara del caso al considerar que el foco se estaba poniendo en la etapa de Ángel Ron, su antecesor en el cargo. Sin embargo, el instructor le deniega la petición y le recuerda que todavía quedan muchas pruebas por practicar, algunas de las cuáles afectan a la época en la que gestionó la entidad. Entre ellas se encuentran tomar declaración a los responsables del Mecanismo Único de Supervisión (MUS); el Mecanismo Único de Resolución (MUR), la JUR y el FROB.
Además, también recalca que, tal y como expuso Saracho, tiene pendiente citar a los peritos de la CNMV que estudiaron en profundidad la situación del Popular. "La instrucción de la 'etapa Saracho', que dirige este Juzgado, no se limita a determinar si ha existido o no un posible delito de manipulación del mercado sino también a escrutar la gestión interna de la entidad durante su permanencia en la misma, por si pudiera haber incurrido en un delito de administración desleal u otra especie delictiva", responde el instructor. Le recuerda también que todas las declaraciones que todavía tiene pendiente de practicar la Audiencia Nacional son de "trascendencia" para su posición de investigado.
En el escrito remitido al juzgado, la defensa de Saracho explicó que este procedimiento estaba suponiendo ya de por sí una pena para él teniendo en cuenta que por 108 días de presidencia lleva más de tres años imputado en un procedimiento con el consecuente daño reputacional, familiar y moral que se le estaba ocasionando. También dijo que el hecho de que en los últimos meses los investigadores se estén fijando en la ampliación de capital de 2016 y el capítulo de las tasaciones implicaba que la causa se centraba en la etapa de su antecesor y que nada tenía que ver con él. Por ese motivo propuso dividir esta causa en piezas para desligarse por completo de estas líneas de investigación.
Sin embargo, Calama no se pronuncia sobre este asunto y le recuerda que durante los 108 días en los que presidió la entidad, ésta colapsó tras sufrir un súbito 'shock' de liquidez. Ello hizo que el Banco Central Europeo transmitiera a la JUR la inviabilidad del negocio y que ésta procediera a resolverlo. El ente que preside Elke König entendió que el Popular cumplía todos los requisitos para aplicar un sistema de rescate que provocó que más de 300.000 accionistas y los tenedores de bonos vieran como su inversión en la entidad quedaba reducida a cero. Tras ello, el Popular se vendió al Banco Santander por el simbólico precio de un euro. El banco que preside Ana Botín llegó a figurar como imputado en este procedimiento, pero la Sala de lo Penal rectificó al magistrado revocándole esta condición. En la actualidad el heredero del negocio del Popular figura únicamente como responsable civil subsidiario.
En lo que respecta a la lentitud en la instrucción, el auto explica que el colapso judicial provocado por la pandemia ha ralentizado mucho el avance de la causa. Además, recuerda que también hay que tener en cuenta la agenda del fiscal Anticorrupción al frente de la causa, Antonio Romeral. Se refiere a su labor en otras causas que también dirige este órgano como es la relativa a la de los papeles de Bárcenas. La misma, en lo que respecta a la reforma de la sede del PP, se está juzgando en estos momentos y las sesiones de las vistas coinciden en muchas ocasiones con los señalamientos del caso del Popular, lo que ha provocado que algunas se tengan que suspender.
Mientras tanto, el procedimiento sigue adelante y se centra ahora en indagar dos puntos claves. Por un lado, si hubo instrucciones veladas desde la cúpula de la entidad para financiar a clientes en aras a que participaran en la ampliación de capital y, por otro, esclarecer si se inflaron o no las tasaciones inmobiliarias. Sobre el primero de los asuntos, el magistrado ha imputado en los últimos meses a exdirectivos de la entidad que estarían detrás de esta práctica que se habría ocultado en las cuentas del banco y que provocó una reexpresión de las mismas, mientras que en relación al segundo de los asuntos la Audiencia Nacional ya se ha dirigido al BCE para que le entregue sus informes sobre las tasaciones.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios