Puigdemont no quería de ninguna de las maneras ser detenido fuera de Bélgica, por eso escapó de Finlandia. No ha logrado su objetivo: ha sido retenido en Alemania. Su capacidad para burlar a la justicia ha tenido su fin. Los servicios de inteligencia españoles ya le tenían localizado después de lo que parecían escapadas en otras ocasiones. La desactivación de la euroorden tenía como objetivo intentar la 'caza' de Puigdemont lejos de Bélgica, cuyo código penal le beneficiaba. Alemania es otra cosa. Todos los intentos de despistar que ayer alcanzaron sus cotas más altas, cuando primero se dijo que se entregaría en Finlandia y luego parecía que ya estaba en Bélgica, han resultado vanos.
Hasta cadena perpetua
La primera razón es que el delito de rebelión de que se acusa a Puidemont sí tiene correspondencia en el Código Penal alemán. El panorama se complica para el ex-president, toda vez que los delitos por los que España le reclama tienen correspondencia con la legislación alemana con penas incluso más duras que en nuestro país que alcanzan hasta la cadena perpetua.
Alemania es uno de los peores lugares en los que podía caer Puigdemont a la hora de aplicar y tramitar una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) porque el Código Penal alemán sí recoge delitos muy similares al de rebelión por el que le reclama España, algo que no ocurría en Bélgica.
De hecho, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decidió cancelar la OEDE dado que la legislación belga no contempla el delito de rebelión por el que se le pretende juzgar en España.
Pero los artículos 81, 82 y 83 del Código Penal alemán, recogidos en Título II de la Sección Primera sobre delitos de traición a la paz, alta traición y puesta en peligro del Estado democrático de Derecho, despejan el panorama hacia una futura extradición del expresidente catalán.
El artículo 81 sobre el delito de alta traición a la Federación dice que "quien intente con violencia o por medio de amenaza con violencia perjudicar la existencia de la República Federal de Alemania o cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de la República Federal de Alemania, será castigado con pena privativa de la libertad de por vida o con pena privativa de la libertad no inferior a 10 años". Y precisa que "en casos menos graves la pena privativa de la libertad es de un año hasta 10 años".
El artículo 82 sobre el delito de alta traición contra un Estado Federal castiga con esta misma pena de uno a diez años a quien intente con violencia o con amenaza de violencia "incorporar el territorio de un Estado total o parcialmente a otro Estado" trate de "separar una parte de un Estado" o "cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de un Estado". Y al igual que sucede con el delito anterior, precisa que "en casos menos graves la pena privativa de la libertad es de seis meses hasta cinco años".
Por último el delito de preparación de una operación de alta traición contra la Federación (artículo 83) se castiga con cárcel de uno hasta diez años aunque en casos menos graves esta pena será de tres meses hasta cinco años.
Ahora Alemania deberá analizar la documentación y las pruebas contra Puigdemont para aceptar su extradición. Para ello debe demostrar que ha existido esa violencia o amenaza de la misma. Para casos menos graves, el Código Penal alemán establece pena privativa de la libertad de seis meses a cinco años.
Las órdenes europeas de detención o euroórdenes sustituyen entre los estados miembros de la Unión Europea (UE) al procedimiento de extradición con un sistema ágil de entrega que se aplica en España desde 2004, después de que se traspusiera a nuestro ordenamiento una directiva europea de 2002. El procedimiento de la OEDE persigue simplificar los trámites y la documentación a remitir mediante la creación de un documento único para tramitarla.
Para Puigdemont, mejor Bélgica
La ley belga establece una serie de motivos por los que la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea. En cualquier caso, si las personas afectadas aceptan la entrega, ésta debe realizarse en los diez días siguientes; si no la aceptan, la decisión debe tomarse en un plazo de sesenta días a partir de la detención.
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