Luz de cruce

¿Por qué el decano de los abogados de Madrid cree que la democracia peligra?

El representante de los letrados hace un llamamiento a "la unidad de los operadores jurídicos" para defender "sin fisuras" el Estado de Derecho tras todo lo vivido durante y después de la pandemia.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una sesión del Congreso de los Diputados.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una sesión del Congreso de los Diputados.
EP

Ha ocurrido, unos días atrás, en la segunda edición del Foro Justicia ICAM (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid). Aunque esta vez el Foro se celebró por vía telemática, "asistieron" al acto (de cuerpo presente o a cierta distancia) numerosas personalidades del mundo jurídico de la Comunidad de Madrid. En su intervención, el decano del ICAM, José María Alonso, hizo un llamamiento a "la unidad de los operadores jurídicos" para defender el Estado de Derecho. Todo el mundo esperaba un discurso técnico o burocrático, pero el tono de Alonso, no sé si contagiado por el estado de alarma y la distopía (nada ficticia) que canibaliza a nuestras instituciones, no fue el habitual de los juristas. Alonso tomó el micrófono como si fuera un jefe militar que ordena un cierre de filas para contener un desastre inminente.

"Vivimos en este momento una situación política muy desagradable". Ítem más: "Todos debemos estar absolutamente alineados para que el Estado de derecho no se toque, para que [sic] no afecte a la seguridad jurídica". Porque sin seguridad jurídica no "hay democracia, ni paz social, ni inversión extranjera…no hay absolutamente nada". Dada la gravedad del momento, el decano Alonso arengó a "todos los actores implicados en la Administración de Justicia para defender sin fisuras el Estado de derecho y garantizar la seguridad jurídica provocada por la pandemia del Covid-19".

Los colegios de abogados tienen una naturaleza híbrida. Son corporaciones de derecho público, al mismo tiempo que persiguen intereses particulares. Forman parte de la malla de la sociedad civil. En tal sentido, la intervención del Decano resulta merecedora de elogio, al incentivar la participación de los átomos de la sociedad (los ciudadanos) en las cuestiones públicas. Máxime cuando el Estatuto General de la Abogacía Española (artículo 3) encomienda a los colegios "la defensa del Estado social y democrático de derecho". 

La llamada de atención de Alonso es un juicio de valor legítimo -un diagnóstico- sobre la salud de la democracia española que algunos compartirán y otros no. Yo no voy a examinar el fondo de la proclama. Únicamente analizaré las formas del manifiesto del decano y, para mí, su falta de precisión sobre los sujetos que, según su opinión, están demoliendo el Estado de derecho en nuestro país. Estimo que Alonso adolece de retórica, ambigüedad y abstracción. Y mezcla, a mi juicio indebidamente, los asuntos en juego: la paz social, las inversiones extranjeras… 

El decano apela a la formación de una coalición defensiva contra un virus político letal, un monstruo que puede arrebatarnos nuestras libertades fundamentales. Pero se trata siempre de un enemigo anónimo, de un agresor invisible. El decano Alonso debería habernos facilitado alguna pista. ¿Quién es el enemigo de la democracia española? ¿Quiénes están en la conjura que pretende dejarnos huérfanos de la Constitución de 1978? Alonso está en la misma línea del alcalde Pepe Isbert en la película más genial de Berlanga. El decano, como en los años cincuenta el alcalde apócrifo de Guadalix de la Sierra, nos debe una explicación. ¿Está dispuesto a pagarla?

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