Una de las líneas de investigación más complejas de la macrocausa 'Tándem' es la que se centra en la contratación que hizo BBVA de las empresas del comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2017. En ella se encuentran imputados muchos de los miembros de la cúpula directiva del banco en la época presidida por Francisco González. En los más de tres años que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón lleva mirando con lupa todos los contratos, facturas y abonos que se realizaron al agente encubierto durante más de una década, el actual presidente de la entidad, Carlos Torres, no ha sido llamado a declarar, ni parece que lo vaya a ser, pese a que fue el consejero delegado de la entidad en los últimos años en los que el expolicía trabajó para el banco.
De hecho, recientemente, el juez de refuerzo Joaquín Gadea -con el que el titular de la investigación mantiene una gran coordinación- ha rechazado citarle a declarar como testigo para despejar las dudas acerca de que el banco ha podido esconder datos relevantes para la causa. El magistrado explica que no hay indicios de que el presidente de la entidad vasca diera alguna orden para que se ocultaran documentos que pudieran afectar al procedimiento, ni siquiera de que tenga conocimiento del contenido de un dossier interno que se creó a raíz del estallido del denominado 'caso Villarejo', con el fin de recopilar toda la información sobre el avance de estas pesquisas.
Fuentes jurídicas cercanas a esta causa apuntan a La Información que están de acuerdo con la decisión de no interrogar al presidente de BBVA en relación a la carpeta de información, si bien afirman que les llama la atención que el magistrado instructor nunca haya interesado recabar su versión sobre el conocimiento que pudiera tener de los encargos realizados a Villarejo antes de llegar a la cúspide del banco. Según resaltan, en los distintos puestos que ha ocupado en la entidad financiera, Torres ha tenido una superioridad jerárquica sobre varios de los investigados. En este sentido, apuntan que su antecesor como CEO, Ángel Cano (desde 2009 hasta 2015), está imputado en esta novena pieza separada de la macrocausa 'Tándem'; y que el anterior consejero delegado, Ignacio Goirigolzarri (desde 2001 a 2009) acaba de ser citado como testigo.
Carlos Torres llegó a BBVA en 2008 y hasta el año 2014 fue director de Estrategia y Desarrollo Corporativo. De ahí, pasó a dirigir el Área Global de Banca Digital durante un año, ya que en 2015 se convirtió en el 'número dos' de Francisco González, en sustitución de Ángel Cano. Un puesto que ocupó algo más de un trienio, pues en 2018 sucedió a 'FG' en la Presidencia del banco. Los primeros meses como máximo responsable fueron turbulentos al coincidir con la apertura, en enero de 2019, de la investigación en la Audiencia Nacional sobre las relaciones de la entidad con el polémico policía. En julio de ese mismo año, el juez García Castellón acordaba la imputación de BBVA como persona jurídica.
"Como ya dije en enero y he reiterado en múltiples ocasiones desde entonces, nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia y así seguirá siendo", aseguró Torres tras conocer la imputación del banco que preside. BBVA aportó a la causa numerosa documentación relacionada con los contratos a Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo, así como un informe 'forensic', encargado por los abogados de la firma a PwC, para poder depurar responsabilidades internas. En este contexto, muchos de los directivos investigados en la causa fueron cesados, mientras que otros han continuado al frente, como es el caso de Juan Asúa, ahora asesor de Torres, que declaró ante el juez la semana pasada y se desmarcó de los encargos al expolicía detenido en noviembre de 2017.
"He reiterado en múltiples ocasiones que nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia ", aseguró Torres tras conocer la imputación de BBVA.
Sin pruebas en el sumario
¿Por qué Torres aún no ha sido citado a declarar? En opinión de las fuentes jurídicas consultadas por este periódico, lo cierto es que del sumario no se desprenden indicios que hagan dudar de su actuación durante los años investigados. Es decir, no hay pruebas de que el ahora presidente de BBVA tuviera conocimiento o hubiera participado en los encargos o pagos de los servicios que prestó Villarejo, y por los que recibió más de 10 millones de euros. Así, en comparación con Ignacio Goirigolzarri -para cuya declaración aún no hay fecha-, las mismas fuentes señalan que el juez pretende aclarar si, durante la época en la que actual presidente de CaixaBank era consejero delegado de BBVA, tuvo acceso a unos de los primeros informes elaborados por el comisario jubilado (2004 y 2005) sobre la OPA que lanzó Sacyr Vallehermoso y por qué "no se atrevió a comentarlo" con Francisco González, pese a que "le pareció que podía ser delictivo".
En este sentido, las mismas fuentes también destacan que les sorprende que Goirigolzarri tampoco haya sido citado antes para contrastar la declaración de uno de los investigados, el que fuera jefe del área inmobiliaria, Antonio Béjar, y conocer de primera mano por qué se encargó a Villarejo investigar el patrimonio de clientes morosos, si ya se había requerido dicho servicio a Kroll, otra agencia de detectives. Ello estaría relacionado con la segunda de las teorías que sostienen algunas de las fuentes jurídicas consultadas. Ésta se centra en que los investigadores quieren terminar de estrechar el cerco sobre los 'principales' imputados en la causa, como el expresidente Francisco González y su director de Seguridad, Julio Corrochano. Si bien, no todas las fuentes coinciden del todo en este punto, pues indican que esta testifical de relevancia servirá para apuntalar las últimas declaraciones de los exdirectivos investigados y terminar de cerrar el círculo de responsabilidad por las contrataciones de Villarejo en Corrochano y Béjar.
Una tercera hipótesis sobre por qué la investigación judicial esquiva a Carlos Torres está relacionada con en el 'forensic' y toda la documentación que el propio BBVA entregó al juzgado. La mayoría de las fuentes consultadas aseveran que en esos archivos no se incluyeron datos que podrían afectar directamente al presidente. Sin embargo, recuerdan que tampoco se incluyeron referencias a su asesor de cabecera, Juan Asúa, que en la época de la contratación de Villarejo era director general de la entidad para España y Portugal, y en función a esta responsabilidad y su presunto conocimiento de los hechos investigados lleva imputado desde 2019.
La petición de Del Rivero
La defensa del expresidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero; su ex 'número dos', Vicente Benedito; y del exdirectivo de BBVA José Domingo de Ampuero -a los que Villarejo bautizó como 'Grupo Hostil'-, solicitó el pasado mes de abril la testifical de Torres para saber qué grado de conocimiento tiene de los contratos al comisario jubilado. Todo ello después de que el director de Comunicación de BBVA, Paul Tobin, afirmara ante el juez que recopiló información, tanto interna como externa, para trasladarla a la Presidencia de la entidad, primero ocupada por González y después por Torres. El 'dircom' está imputado en este caso por las sospechas de Anticorrupción de que el banco ha ocultado determinada información. Una dudas que nacen por el cambio de postura de otra de las investigadas, la exjefa de Seguridad Inés Díaz Ochagavia, que primero se comprometió ante el juez a entregar una carpeta 'Google Drive' que creó Tobin con el estallido del 'caso Villarejo' y un día después retiró la oferta.
El banco ha defendido en todo momento que desde el primer día ha puesto a disposición del juez toda la documentación sobre Cenyt que obra en su poder, si bien no ha logrado convencer del todo a los fiscales. Aún así, Anticorrupción y el juez instructor se han opuesto a la petición del abogado de Del Rivero de citar a declarar al presidente del banco, al considerar que no hay indicios que hagan pensar que sabe más de lo que el jefe de Comunicación le pudo trasladar. Asimismo, creen que el máximo responsable del banco desde hace casi cuatro años no ha dado ningún tipo de instrucción para obstaculizar la investigación.
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