Portavoz Jueces para Democracia aboga por poner límites al Test de la verdad

  • El portavoz nacional de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha indicado hoy en Zaragoza que el denominado "test de la verdad" no debería realizarse contra la voluntad de un imputado y que, incluso con su consentimiento, sería importante que se reflexionara sobre "los límites" de la prueba.

Zaragoza, 7 mar.- El portavoz nacional de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha indicado hoy en Zaragoza que el denominado "test de la verdad" no debería realizarse contra la voluntad de un imputado y que, incluso con su consentimiento, sería importante que se reflexionara sobre "los límites" de la prueba.

Bosch, quien participa en la capital aragonesa en unas jornadas de Derecho Privado de Jueces para la Democracia, ha apuntado en relación a esta cuestión que el consentimiento o la autorización "no convalida cualquier tipo de prueba".

A su juicio, la realización de este test neurológico al que ayer se sometió de forma voluntaria en el hospital Miguel Servet de Zaragoza Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta del Castillo, puede vulnerar, desde el momento que se accede al ámbito de los recuerdos, el derecho a no declarar contra uno mismo y el derecho a la intimidad de una persona por lo que no debería realizarse contra la voluntad de nadie.

"No debería admitirse en ningún caso contra la voluntad de ningún imputado y creo que habría que tener cautelas si puede servir como prueba de cargo", ha insistido Bosch, quien ha insistido en que aunque se haga con voluntad "se debería abrir un debate" sobre si cualquier injerencia externa en el ámbito interior de los recuerdos de una persona resultaría admisible desde el punto de vista de la protección de la dignidad de la persona.

Entre los límites a esta prueba ha recordado que "no está regulada" y legalmente "no existe", toda vez que ha señalado que es "bastante dudoso" que tenga "el más mínimo encaje legal por analogía", por lo que se tendría que valorar en el nuevo código procesal penal si este test "se puede practicar, en qué términos y si la voluntad sería suficiente o no".

Si una persona no quiere hablar tiene derecho a no hablar y no se le puede obligar a que una máquina le practique evocación cognitiva, ha incidido, para recordar que supondría una vulneración de un derecho fundamental y la anulación de pruebas que posteriormente pudieran conseguirse en función de los resultados del test.

Bosch ha reconocido que Carcaño se sometió a esta prueba de forma voluntaria y que los resultados de la misma no afectarán a su situación penal dado que ya está condenado y cumple condena por el asesinato de Marta del Castillo por lo que el test solo puede ayudar en la investigación abierta para la localización del cuerpo de la joven sevillana.

Por ello, ha dicho que, en este caso concreto, en el que la prueba "no puede servir para perjudicarle" puede ser "más favorable" a la misma que en el caso en que pueda servir para condenar a un imputado.

Ha diferenciado así el test practicado a Carcaño, ya condenado, al que el resultado no puede afectar y que se ha sometido de forma voluntaria al mismo, con el realizado a Antonio Losilla, acusado del asesinato de su esposa, el pasado 18 de diciembre al que no dio su consentimiento expreso y contra el que su abogado presentó un recurso contra su validez legal.

No obstante el pleno de magistrados de la Audiencia Provincial de Zaragoza decidió que la prueba era legal por siete votos favorables frente a dos particulares.

Con respecto a la comparación de este test de la verdad, también conocido como P300 o del Potencial Evocado Cognitivo, con una prueba de ADN Bosch ha asegurado que "no es lo mismo" porque en este caso se trata de una "invasión" en la intimidad de una persona a través de los recuerdos y es "cualitativamente distinto" y una "injerencia mayor en la intimidad de una persona".

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