PP aprueba ley de acompañamiento en la que oposición ve posible ilegalidad

Santiago de Compostela, 21 dic.- El PPdeG ha aprobado hoy en solitario en el Parlamento autonómico la ley de acompañamiento de los presupuestos de la comunidad gallega para 2012, que la oposición ha advertido que puede ser ilegal e incluso atentar contra la Constitución y su derecho a la asistencia sanitaria universal.

PSdeG y BNG han denunciado que la nueva normativa limita el acceso a esta asistencia, excepto en las urgencias, a personas que lleven empadronadas en la Comunidad un mínimo de 183 días por lo que "quiebra la universalidad de la atención sanitaria", ha afirmado la diputada socialista María José Caride.

El diputado del PPdeG Alberto Sueiro Pastoriza ha asegurado que el requisito de los seis meses de empadronamiento "se refiere claramente a los extranjeros que vienen por primera vez a Galicia" y es para evitar el "turismo sanitario".

Sueiro ha insistido en que "solo afecta a aquellas personas que quieren hacer un uso indebido de la sanidad y que no son españoles", pero los partidos de la oposición han coincidido en que esta interpretación no es la que figura en el texto normativo e incluso le acusaron de mentir.

La aprobación de ésta y otras medidas en materia sanitaria ha provocado una protesta en la tribuna de invitados del hemiciclo, donde los representantes de la Plataforma en defensa de la sanidad pública exhibió unos carteles en contra de la "privatización" por lo que fueron desalojados.

La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos, que fueron aprobados esta mañana, introduce novedades como el cobro de 10 euros por la reposición de la tarjeta sanitaria o cambios en la ordenación farmacéutica y modifica unos 60 artículos de 15 leyes, además de derogar la de contaminación acústica.

Las críticas de la oposición se han centrado sobre todo en el artículo 31 de esta ley, el que "limita de manera ilegal el acceso a la atención sanitaria" ha advertido el portavoz del BNG Carlos Aymerich, quien ha denunciado que la Xunta en el ámbito de la sanidad se "rinde" a los intereses empresariales.

Caride ha apuntado que este artículo incluso conlleva un "problema de legalidad constitucional" por limitar el derecho a la atención sanitaria universal y ha criticado la "vocación ultraliberal" del PP en el sector sanitario.

Sueiro ha justificado este requisito así como el cobro por la tarjeta sanitaria que calificó como "medida preventiva" para impulsar el buen uso de los recursos públicos y ha destacado que cada año se remiten más de 100.000 de estas tarjetas por su utilización "no suficientemente cuidadosa".