Pendientes de los comicios

El PP confía en la victoria de Ayuso para ganar cuota en la negociación del CGPJ

Los principales partidos reanudarán las conversaciones sobre el Poder Judicial tras las autonómicas y con Europa pendiente del sello definitivo de un pacto.

Juan Carlos Campo y Lesmes
Campo anunció que el Gobierno retiraría la reforma para modificar la elección de los vocales. 
EFE/Ballesteros

El enésimo intento para renovar el CGPJ está a la vuelta de la esquina. Partido Popular y PSOE retomarán las conversaciones sobre el Poder Judicial esta misma semana, en concreto, cuando pasen las elecciones que se celebran mañana en la Comunidad de Madrid. El telón de fondo en esta ocasión es bien diferente. El PP ha conseguido sentarse a pactar los 20 nuevos vocales del órgano de gobierno de jueces con dos puntos a su favor. Por un lado tras haberse desactivado la reforma legal para rebajar las mayorías y, por otro, con la sombra del triunfo de Isabel Díaz Ayuso en la capital; un escenario que da a la formación que lidera Pablo Casado margen para ganar cuota en la negociación.

Fuentes de los equipos consultadas por este diario confían en que se selle el pacto final que dé por zanjada esta crisis de la que está pendiente Bruselas. La falta de acuerdos entre los principales partidos para sustituir al actual Consejo de Carlos Lesmes y el avance de la reforma que limita las funciones del CGPJ puso sobre alerta a toda la carrera judicial, especialmente a las asociaciones de jueces, que decidieron poner el asunto en manos de la Unión Europea. La intervención de Europa en este episodio unido a la advertencia de que los fondos de recuperación van sujetos a la independencia del Poder Judicial, llevaron al Ejecutivo a descartar la reforma de ley para rebajar la mayoría que elige a los vocales. 

La proposición, impulsada por los grupos parlamentarios del Ejecutivo de coalición, provocó una ola de reacciones en toda la carrera al considerar que se trata de una modificación que va en la dirección contraria a las recomendaciones de Europa. El Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) aconseja que, al menos, la mitad de los 20 vocales que integran el CGPJ los elijan sus homólogos; una reivindicación que no recoge la ley en vigor. El Partido Popular puso como condición para negociar con el Gobierno que aparcara esta iniciativa, que impulsara una reforma en la dirección opuesta y que sacara de la ecuación a Unidas Podemos, punto este último que ha provocado fuertes fricciones y que se ha convertido en una línea roja para el actual Ejecutivo, al margen de la salida de Pablo Iglesias. 

Ya no hay "excusas" 

De hecho, el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dejó claro que, tras la retirada del último proyecto del Gobierno, ya no hay "excusas" para sellar la renovación del consejo, caducado desde finales de 2018. Eso sí, dejó patente que no pactarán con el telón de fondo de las censuras de candidatos. En el último intento de acuerdo que se produjo hace apenas un par de meses, las negociaciones saltaron por los aires en el último momento debido a los vetos cruzados de ambas partes a magistrados y juristas que figuraban en las quinielas prácticamente desde el principio. Lo mismo ocurrió con el progresista Ricardo de Prada, al que el PP se niega a admitir en el acuerdo, o, en el lado contrario, con el magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal. 

Con todo, en el clima con el que se retoman las negociaciones es muy diferente al de hace unos meses. Al margen de la vía política, en el Poder Judicial el hartazgo por los cambios legales que regulan su funcionamiento ha ido en aumento. Aunque la proposición que modifica el sistema de elección de los vocales no ha prosperado, la ley que entró en vigor el mes pasado para regular la capacidad de actuación del CGPJ ha sentado especialmente mal en el seno del órgano. Carlos Lesmes ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de que el poder político alcance un acuerdo para desatascar la situación porque así lo impone la Ley. Incluso paralizó hasta en dos ocasiones los nombramientos pendientes en aras a que fructificara el ansiado acuerdo.

Sin embargo, siempre ha recordado la necesidad de sacarlos adelante y, de hecho, se han seguido aprobando hasta la modificación de la ley. La entrada en vigor de la misma provocó que tres de las cuatro principales asociaciones presentaran en Europa un manifiesto con más de 2.500 firmas de magistrados en los que advertían que estaba en riesgo el Estado de Derecho. Los firmantes elevaron el tono y advirtieron que se está ante un "apagón" y "sumisión" del CGPJ sin precedentes. Bruselas tomó cartas en el asunto y, tras una llamada al ministro de Justicia, logró desactivar la reforma pendiente. También se comprometió a escuchar por videoconferencia a los representantes de las asociaciones en un encuentro que se produjo este pasado viernes. En el mismo trasladaron su malestar con la actual situación y dejaron claro que ya no les vale con que PP y PSOE alcancen un acuerdo a corto plazo para renovar el Consejo, sino que quieren una reforma legal.

Supervisión de Bruselas

Paralelamente los vocales que siguen integrando el actual CGPJ también han mostrado su malestar con la situación. El Pleno ya se dirigió al Congreso para denunciar que, al tramitar el asunto como proposición de ley, no escucharon los dictámenes ni del propio Poder Judicial ni de la Comisión de Venecia. Sin embargo, la ausencia de respuesta provocó que ocho de la veintena de miembros solicitara un Pleno extraordinario donde debatir si llevar la reforma legal ante el Tribunal Constitucional por un conflicto de atribuciones. La iniciativa decayó por 13 votos en contra así como tampoco fructificó la posibilidad de llevar este asunto ante el Defensor del Pueblo para que interpusiera recurso de inconstitucionalidad. 

No obstante, sí que salió adelante la propuesta de remitir a la Unión Europea el informe sobre el impacto negativo de la reforma; síntoma de que Bruselas está muy pendiente del malestar de la judicatura pero, sobre todo, de cómo avance esta nueva ronda de conversaciones que retomará Partido Popular y PSOE toda vez las elecciones en la Comunidad de Madrid den paso a las negociaciones para la investidura. Mientras desde el Ejecutivo mantienen las condiciones que ya pusieron sobre la mesa en anteriores intentos, la formación que lidera Pablo Casado acudirá a esta nueva ronda de diálogo reivindicando su cuota de poder ante la previsible holgada victoria de la actual mandataria regional y candidata a los comicios de este martes. 

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