El PP se presenta a las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo con un programa en el que vuelve a incidir en una agresiva bajada de impuestos. En esta ocasión, los populares proponen rebajar tasas como el IBI, la de matriculación y en las comunidades autónomas donde terminen gobernando no crear nuevas figuras fiscales. Es el proyecto de Pablo Casado para su 'match ball', la cita con las urnas que marcará su futuro dependiendo de lo que pase en Madrid, Castilla y León y Murcia.
Los de Casado plantean que "en todos los municipios donde gobierne el PP el IBI se seguirá reduciendo progresivamente hasta el mínimo legal" (0,4% en un inmueble urbano y 0,3% en uno rústico). El objetivo es ganarse el bolsillo de los votantes. Otra medida impositiva para hacer frente a la subida del diésel que plantea Pedro Sánchez en esta legislatura: "Impulsaremos el cambio de la fiscalidad para la adquisición de nuevos vehículos" y "reformaremos el Impuesto de Circulación para los nuevos vehículos matriculados que se fijará en función de las emisiones y el consumo energético".
Los populares siguen insistiendo en eliminar el "Impuesto de Sucesiones y Donaciones para las transmisiones entre padres e hijos y al resto de la línea descendiente, así como entre cónyuges". y en crear "una política de importantes incentivos fiscales dirigida a las empresas altamente innovadoras basadas en tecnología habilitadora de la Industria 4.0". Asimismo, proponen que aquellos ayuntamiento en superávit y sin deuda puedan bonificar los impuestos locales para el fomento de la actividad económica y la creación de puestos de trabajo.
En un programa muy similar al de las generales que coordinó especialmente Daniel Lacalle, los populares proponen para el 26 de mayo agilizar "al máximo el proceso de constitución de empresas". Su medida estrella en este terreno: "Sustituiremos en todos los ámbitos posibles el sistema de licencia administrativa por uno de declaración responsable".
En cuando a las medidas dirigidas a los autónomos, el PP propone la ya conocida promesa de ampliar a 36 meses la tarifa plana y extenderla a los mayores de 52 años, los parados de larga duración, menores de 30 años así como a las personas más vulnerables como las víctimas de violencia de género o los que acrediten un grado de discapacidad superior al 33%.
Los populares también apuestan por una cuota reducida para los autónomos cuyos ingresos no excedan del SMI en cómputo anual y aplicar la jubilación activa al 100% para este colectivo.
Estas son las principales medidas económicas de un programa con el que los populares aspiran a conservar gobiernos estratégicos, especialmente en el de Madrid. El resto de promesas se completan con el compromiso "con la unidad de España, la Constitución de 1978 y el modelo autonómico que consagra, la democracia parlamentaria, el vínculo con la Unión Europea y los valores de libertad e igualdad de todos". No se cita en ningún momento la aplicación del artículo 155 en Cataluña.
Además, el PP de Casado propone impulsar "una legislación que establezca normas armonizadoras que aseguren la unidad de mercado, con el fin de evitar la aparición de obstáculos que puedan fragmentarlo, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional".
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