Domingo, 21.07.2019 - 21:52 h
Para lograr la investidura 'in extremis'

Aguado 'traga' en su pacto de Gobierno con Ayuso el 90% de exigencias de Vox

El acuerdo de Gobierno en la Comunidad de Madrid incluye la práctica totalidad de las peticiones que Rocío Monasterio trasladó al PP hace dos semanas.

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. /EFE
Aguado traga en su pacto de Gobierno con Ayuso el 90% de exigencias de Vox / EFE

El pacto de Gobierno en la Comunidad de Madrid firmado este lunes por PP y Ciudadanos incluye la práctica totalidad de exigencias que trasladó Vox a ambas formaciones. De esta forma, Ignacio Aguado ha 'tragado' con las peticiones que hizo el equipo Rocío Monasterio hace dos semanas y que facilitarían la investidura de la previsible candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, cuando quedan menos de 48 horas para el pleno que decidirá si la región tiene nuevo presidente.

En el documento de Vox, que data del pasado 26 de junio, se incluye la petición de "eliminar o bajar todos los impuestos existentes en la Comunidad de Madrid, sin elevar la deuda, desmontando partidas de gasto público ineficaz". Por su parte, en el pacto de Gobierno PP-Cs se puede leer en el punto 135: "Continuaremos con la política de bajada de impuestos liberando recursos para que los ciudadanos puedan consumir, ahorrar e invertir más y, así, generar actividad y empleo. En los próximos cuatro años plantearemos una rebaja de impuestos enfocada a la atracción de inversiones, incentivos al emprendimiento y a las familias".

En el siguiente punto (136) se añade: "Bajaremos la tarifa autonómica del IRPF para beneficiar a todos los contribuyentes madrileños, especialmente las rentas más bajas. Además, elevaremos el mínimo personal y familiar por descendientes. Adicionalmente ahondaremos en las deducciones autonómicas sobre ese impuesto para favorecer a las familias; los jóvenes; el acceso a la vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, y a los emprendedores".

Vox también planteaba "una auditoría exhaustiva de las subvenciones que se han otorgado durante los últimos años, sus cantidades y destinatarios" y "suprimir todas las subvenciones destinadas a financiar chiringuitos, entes públicos, sindicatos, patronales o empresas públicas". Populares y naranjas aceptan en el punto 145 de su documento evaluar "el impacto socioeconómico de las políticas públicas y de las subvenciones concedidas en la Comunidad de Madrid, favoreciendo la transparencia, la eficacia y la eficiencia, mejorando así la toma de decisiones futuras". Medida muy similar pero reflejada con diferentes términos.

Rocío Monasterio exigió aumentar los "recursos para Sanidad, Educación y dependencia" y crear una Consejería de Familia y Natalidad para revertir el invierno demográfico e incentivar y apoyar la maternidad. En el pacto de Gobierno se refleja en el punto 52 que "una de las consejerías de la estructura del futuro gobierno regional tendrá la competencia de Familia". Se llamaría Consejería de Asuntos Sociales y Familia y estaría dirigida por Cs.

Otra medida calcada es la de "derogar aquellos artículos de la legislación en vigor que atenten contra la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, como defiende el artículo 27.3 de la Constitución Española. Se derogarán artículos de la Ley 2/2016, del 29 de marzo, y de la Ley 3/2016, de 22 de julio". PP y Cs, por su parte, han acordado (punto 17) asumir "un compromiso político por la libertad y la igualdad de oportunidades en la Educación. Garantizaremos el derecho de las familias madrileñas a elegir la educación de sus hijos, ya sea en centros públicos, concertados o privados. Igualmente, garantizaremos la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, como defiende el artículo 27.3 de la Constitución Española".

En el punto 19 del pacto de Gobierno se contempla reforzar "los protocolos en los centros educativos para asegurar una protección efectiva frente a situaciones de discriminación, acoso o violencia, en coherencia con la legislación vigente". Es una exigencia que ya puso sobre la mesa Vox: "Aprobar protocolos en los centros educativos que aseguren protección frente a situaciones de discriminación, acoso o violencia. Dar atención a todas las personas en situación de riesgo, sin menoscabo de los derechos fundamentales como la libertad de conciencia, libertad de educación o presunción de inocencia, de acuerdo al Código Penal".

En relación a la inmigración, Vox pedía "colaborar, desde todos los organismos de la Comunidad de Madrid, incluidos los pertenecientes al ámbito de la Sanidad, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la identificación de todos los inmigrantes que se encuentren en la Comunidad de forma ilegal, con especial atención a la identificación y repatriación de los MENAS". PP y Cs lo asumen y han acordado en su punto 51 colaborar, "teniendo en cuenta nuestro marco competencial, con la Administración General del Estado para favorecer una inmigración ordenada y legal y se garantizará que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tengan acceso a la información de la que disponga la Administración regional relativa a los extranjeros en situación irregular.

"Igualmente, apoyaremos a las instituciones competentes en la lucha contra las mafias de tráfico de personas y aquellas organizaciones que favorezcan la llegada de extranjeros en situación ilegal", añade Ayuso y Aguado en su pacto. Vox solicitaba algo muy similar: "Promover, en el ámbito jurídico y administrativo correspondiente, la ilegalización de organizaciones que cooperen con las mafias de tráfico de personas, o favorezcan la inmigración ilegal".

Sobre el turismo sanitario, PP y Cs han pactado seguir "colaborando con el Gobierno de España para evitar el turismo sanitario, dando cumplimiento a los reglamentos europeos y potenciando los mecanismos de facturación y cobro entre países por los ciudadanos comunitarios y no comunitarios atendidos". Vox, por su parte, pedía: "Dado que los recursos de los madrileños no son infinitos, requerir al país de origen el pago de la factura sanitaria tanto de los inmigrantes ilegales como de los comunitarios o visitantes que se hayan beneficiado de la sanidad pública madrileña, evitando el turismo sanitario".

La única petición de Vox de la que no hay ni rastro en el acuerdo entre PP y Ciudadanos es la de "suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales y a aquellas asociaciones que promuevan la inmigración ilegal". 

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