El PP no da la batalla por perdida en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el organismo que tendrá que supervisar el cierre del parque nuclear entre 2027 y 2035. El Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido sortear los obstáculos de PP y de Ciudadanos en el Congreso contra la renovación del Consejo, pero el enfrentamiento sigue. El único consejero del CSN con mandato en vigor, Javier Dies, nombrado a instancias del PP en 2015, ha hecho constar por escrito y ante el pleno del organismo que se opone al nombramiento del candidato de Podemos, el ecologista Francisco Castejón "para no incurrir en responsabilidades".
La frase tiene carga legal. Según fuentes internas del CSN, anticipa la estrategia del PP para impugnar las decisiones del nuevo consejo. La iniciativa de Dies, recogida de forma destacada en la web del Consejo, se suma a la que realizó el presidente en funciones del organismo, Fernando Marti, ante la presidenta del Congreso, Ana Pastor.
Marti envió una carta a Pastor para que la Mesa del Congreso retrasara la comparecencia de los cuatro candidatos designados por el Gobierno ante la Comisión de Transición Ecológica, un trámite obligatorio para su nombramiento. Marti esgrimía el posible conflicto de intereses del candidato Francisco Castejón, ecologista y antinuclear, por su pertenencia a una organización -Ecologistas en Acción-, en pleitos con el CSN. Marti fracasó en el intento. Pero Dies ha tomado el relevo.
Queja ante el pleno
En la intervención de Dies ante el pleno, entregada además por escrito, no cita el nombre del candidato de Podemos al CSN como causa de su oposición a los nombramientos. Aunque sí lo hace de forma implícita al afirmar que "durante la comparecencia de los cuatro candidatos (en el Congreso), varios diputados hicieron referencia a los posibles indicios de conflicto de interés de uno de los candidatos". Además de recoger el argumento del PP, de Ciudadanos y del presidente en funciones Marti, Dies da su dictamen sobre la marcha de la renovación: en su opinión "la disolución del Congreso ha paralizado el expediente de renovación de los cuatro consejeros del CSN".
Las iniciativas de Dies y de Marti han agitado más si cabe el ambiente enrarecido del CSN. Fuentes internas aseguran que Marti y Dies han hecho un uso ilegítimo de la institución, cuya imagen han dañado de forma grave. El sindicato de técnicos del Consejo, ASTECSN, ha denunciado "una politización del regulador inaceptable". Los técnicos acusan directamente a Marti de proyectar "una vez más la imagen de un regulador capturado por intereses que no tienen nada que ver con las funciones que se le atribuyen al organismo". Marti fue reprobado en junio del pasado año en el Congreso por todos los partidos, incluido el PP.
Pese a la polémica, el Gobierno sigue con el procedimiento para renovar los cuatro puestos del consejo que están vacantes desde este mes. Tras la comparecencia de los cuatro aspirantes en el Congreso, el día 27 de febrero, el Ejecutivo dejará pasar 30 días antes de hacer efectivo su nombramiento. Los candidatos no alcanzaron el respaldo de tres quintos requerido para su acceso inmediato al cargo. La votación finalizó con 19 votos a favor y 14 en contra. Con el relevo, en el consejo se sentarán cuatro expertos en energía nuclear y la que ha sido portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio.
Un cierre pactado
Los cinco consejeros tendrán que supervisar el proceso pactado por el Gobierno, las empresas eléctricas y Enresa para cerrar los siete reactores nucleares en operación en los próximos 16 años. No va a ser una tarea fácil. El CSN no ha participado en los contactos para fijar el calendario del apagón nuclear. Pero su función es clave. Aunque la decisión de cierre está tomada y aparentemente aceptada por las eléctricas, el CSN tiene la última palabra en cuestión de seguridad en el ritmo de los cierres, inversiones en seguridad y gestión de los residuos junto a Enresa.
El apagón nuclear se enfrenta, entre otros, a dos problemas serios: la incertidumbre sobre la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Guadalajara), paralizado, y la ausencia de un Plan de Gestión de Residuos que sustituya al vigente, que tiene una antigüedad de 12 años y que le ha costado a España la apertura de un expediente de infracción en Bruselas.
La ausencia de algo tan básico como un lugar para almacenar residuos peligrosos es lo que ha llevado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera a asumir que el apagón vaya más allá de 2030. Entre otras cosas porque el CSN tendrá que estudiar múltiples factores de cada instalación, como el coste financiero, las necesidades técnicas y de ingeniería o la gestión de los desechos radiactivos.
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