El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tendrá que seguir investigando si la reforma de la sede del PP madrileño en la calle Génova se costeó con dinero negro después de que la formación regional no haya cumplido con el requerimiento formulado en el marco del caso Púnica. Esto es así porque el partido ha admitido al instructor que no tiene en su poder los contratos firmados sobre las obras acometidas entre los años 2005 y 2010 y que únicamente ha conseguido facturas menores relativas a la compra de mobiliario de la sede.
Así consta en la documentación aportada por el partido este mes y que encabeza un escrito firmado por el actual gerente del PP madrileño, José Manuel Carrillo. El mismo contesta a la petición formulada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 y apunta que, tras examinar los archivos de la sede regional del PP en la madrileña calle Génova, no se han podido encontrar los relativos a las obras de remodelación que se llevaron a cabo en esta primera planta y que los investigadores sospechan que se costeó con dinero en negro de empresarios vinculados a la formación regional.
Al respecto, la documentación, a la que ha tenido acceso este diario, determina que únicamente se han podido hallar facturas emitidas entre los ejercicios 2005 y 2010, bajo la presidencia del partido y del Gobierno de Esperanza Aguirre. Se trata de una decena de albaranes todos ellos de cantidades menores sobre el acondicionamiento interior de la sede. Los primeros de ellos, relativos a 2005, incluyen conceptos tales como demolición de muros de fábrica, colocación de parquet, instalación de electricidad, pintura plástica o transporte a vertedero de escombros. También añade mobiliario como mesas de despachos, sillas y muebles de estantería por importe total de 30.248 euros que se pagó al contado.
Primeras facturas pagadas al contado
Cabe recordar que en esos momentos no existía la limitación para pagos en efectivo superiores a los 2.500 euros que estableció Hacienda en el año 2012. Por eso las primeras facturas entregadas se costearon al contado. A excepción de éstas, el resto recogen importes menores que oscilan entre los 1.000 y los 2.000 euros y que distan mucho de las cantidades que baraja la Audiencia Nacional y que estipula que la reforma de todo el edificio habría costado alrededor de 1,7 millones de euros. Sin embargo, esta investigación se centra exclusivamente en la reforma de la primera planta de la sede que ocupan los líderes regionales del partido.
Las facturas aportadas por la nueva dirección del PP regional demuestran cómo -a excepción del último albarán-a partir de 2007 se dejaron de costear al contado y se comenzaron a pagar por transferencia y cheques. Enchufes, conectores, clavijas y regleteros con una instalación cercana a los 1.000 euros o mesas de juntas de entre 150 y 470 euros son algunos de los conceptos de estos trabajos que se encargaron a empresas como Soldevila Chautón, Trébol Propuesta o Erin South, todas ellas en activo y con administradores que no guardan relación alguna con la causa Púnica tal y como ha podido comprobar este diario.
Aunque la instrucción de la macrocausa acaba de cumplir cinco años y se aproxima a su fin (debe estar terminada en junio del próximo año), la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado García Castellón dieron un impulso a la misma comienzos de verano delimitándola a un total de 11 piezas y acordando la citación de más imputados y testigos. Entre ellos figuraban personas clave en el partido en el momento de los hechos como las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes o los exconsejeros Borja Sarasola, Manuel Lamela y Juan José Güemes. El objetivo de los investigadores es esclarecer el nivel de responsabilidad de los nuevos imputados con la presunta caja 'b' de la formación que se habría creado a base de donaciones de empresarios amigos al partido, los cuáles a cambio habrían recibido adjudicaciones públicas del Gobierno madrileño.
Investigación pendiente de juicio
En el marco de estas nuevas citaciones el instructor requirió igualmente a la formación regional que aportara toda la documentación sobre las obras acometidas en la primera planta de Génova durante la etapa que está bajo la lupa de la Policía Judicial, la cual también dilucida si los acusados concertaron además la cláusula del 1%. La misma consistió en un gravamen presuntamente ilícito el cual se impuso a los empresarios que se hicieron con las licitaciones públicas y que fue a parar a esta financiación paralela a la oficial. Pese a ello, de los interrogatorios practicados hasta el momento poco se ha podido dilucidar en este sentido puesto que la entonces cúpula del partido ha negado las acusaciones de la Fiscalía y han delegado responsabilidades en el entonces gerente y también imputado Beltrán Gutiérrez.
Con todo, no es la única investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre la reforma de la sede del PP. El magistrado José de la Mata instruyó en el marco de la causa bautizada de los 'Papeles de Bárcenas' las pesquisas relativas a las obras acometidas en las nueve plantas del edificio. Lo hizo en una pieza separada del procedimiento que todavía se sigue investigando, si bien este asunto concreto ya puede ser juzgado por parte de la Sala de lo Penal al tratarse de una pieza que no guarda conexión directa con los hechos que se siguen investigando en el Juzgado Central de Instrucción número 5.
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