El Partido Popular pasa a la acción en materia económica y lo hace con fuerza. El nuevo equipo de Pablo Casado está ultimando una ofensiva contra el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez para que el Ministerio de Hacienda proceda a tomar dos decisiones que Génova considera perentorias: desbloquear los 7.200 millones que tiene retenidos a las comunidades autónomas y que el Consejo de Ministros apruebe el techo de gasto. Y es que la parálisis política, con la investidura totalmente bloqueada y camino de que los Presupuestos se prorroguen por primera vez durante dos años, está provocando los primeros problemas financieros en las regiones que gobiernan los populares. Entre los barones socialistas, también afectados por esta deuda de María Jesús Montero, de momento se mantiene el silencio.
La Comunidad de Madrid debería recibir este año de Hacienda un total de 1.110 millones: 733 que le corresponden por las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica y otros 377 por la liquidación definitiva del IVA del ejercicio de 2017, la del mes 'trece' por la implantación del Suministro de Información Inmediata (SII). Andalucía reclama otros 400 millones por el impuesto (no ha detallado cuánto debería recibir por las entregas a cuenta). Galicia tendría que ingresar 700 millones. Y Castilla y León, 420 millones. Lo mismo ocurre con autonomías gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares o la Comunidad Valenciana. Y con Cataluña, a quien Hacienda debe 1.317 millones de euros y que ya ha dado el primer paso para emprender acciones legales. En total Hacienda mantiene retenidos 4.700 millones por las entregas a cuenta y 2.500 por el IVA.
A esta "asfixia económica" que, según denuncia el PP, está sometiendo el Gobierno en funciones de Sánchez a las autonomías se suma que el Consejo de Ministros no ha aprobado a día de hoy la senda de estabilidad y el techo de gasto no financiero. Y tampoco tiene intención de hacerlo antes de lograr la investidura o unas nuevas elecciones el 10 de noviembre. "Es un incumplimiento de la ley de Estabilidad Presupuestaria", denuncian a La Información desde el equipo económico de Génova.
En efecto, dicha ley contempla en su artículo 15.1 que "en el primer semestre de cada año, el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local en cuanto al ámbito de las mismas, fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria (...) y el objetivo de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores". Es decir, el 1 de julio debería haber estado listo el dato... y ya han pasado casi dos meses.
El PP ya bloqueó sus deudas con las comunidades
El Gobierno socialista ha decidido imitar la estrategia que ya siguió el PP, estando en funciones, en 2016. Entonces, el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, bloqueó la aprobación del techo de gasto para 2017 argumentando que sin un Ejecutivo confirmado no podía realizar ningún compromiso de gasto. Lo mismo hizo con las entregas a cuenta, justificando su negativa en que sin Presupuestos no podía transferir a las autonomías lo que les corresponde.
Pero son otros tiempos y lo que el PP consideraba entonces como normal ahora no lo es. Por eso desde el equipo económico de Casado lo tienen claro: no descartan acudir a los tribunales. Fuentes de Génova explican que están estudiando emprender "acciones legales" en forma de recurso contencioso-administrativo para que un juez obligue a Hacienda a mover ficha. Los populares consideran que un Ejecutivo en funciones no puede poner en un compromiso las cuentas públicas de las comunidades autónomas. Más si cabe, según explican desde el PP, cuando algunos de sus gobiernos empiezan a vislumbrar "problemas de tesorería", como es el caso de Madrid. Lo denunció el propio Javier Fernández-Lasquetty, nuevo consejero de Hacienda, nada más tomar posesión del cargo.
A toda esta situación hay que añadir que las comunidades autónomas no pueden comenzar a trabajar en sus respectivos presupuestos para 2020 si el Gobierno central no aprueba el techo de gasto. Es decir, pueden hacer sus propias estimaciones sobre lo que pueden gastar, pero hasta conocer la cifra oficial de Hacienda no pueden cerrar sus cuentas públicas. Esto ya ocurrió en 2016. Entonces el Gobierno de Rajoy se formó en octubre y el ministro Montoro presentó la senda de déficit y el techo de gasto en diciembre. En esta ocasión, si se repiten las elecciones, la formación del futuro Ejecutivo podría retrasarse hasta el próximo año.
Ofensiva política del PP
De momento el PP está intentando que el Gobierno rinda cuentas en Congreso y Senado, pero aún sin suerte. El nuevo portavoz económico popular en la Cámara Alta, Mario Garcés, exigió ayer martes a la ministra de Hacienda que explique por qué no ejecuta estas transferencias que, por cierto, están obligando a algunas autonomías a recurrir al mercado para conseguir financiación.
Sánchez no aprueba su techo de gasto
En julio de 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un techo de gasto para 2019 de 125.064 millones de euros, lo que suponía un 4,4% más sobre el límite de 2018, que quedó en 119.834 millones, 5.230 millones menos (los populares lo vetaron más tarde gracias a su mayoría absoluta en el Senado). Más tarde, al ver que no podía contar con los apoyos necesarios, no presentó el proyecto de Presupuestos de 2019 en el Congreso de los Diputados hasta enero. El fracaso de estas cuentas públicas provocó la convocatoria anticipada de las elecciones.
Los populares también pidieron el pasado lunes que la ministra de Hacienda en funciones hiciera público un supuesto informe de la Abogacía del Estado al que ella misma aludió para justificar que no podía proceder a estas transferencias a las autonomías. Unas horas más tarde la propia Montero matizó sus palabras y aseguró que todavía no había recibido el documento.
🗣El @GPPopular reclama al Gobierno el supuesto informe que impide transferir entregas a cuenta y recursos pendientes del IVA a las CCAA pic.twitter.com/3fijpr43Zp
— Pablo Montesinos (@montesinospablo) August 26, 2019
El PSOE está tratando de frenar las reivindicaciones del PP y, de momento, lo está consiguiendo. Ayer el Senado rechazó por 19 votos a 13 (y 3 abstenciones) la convocatoria de la Comisión General de Comunidades Autónomas con María Jesús Montero y los consejeros de Hacienda para abordar este conflicto. Victoria socialista, de momento.
Hacienda entregará al PP el informe de la Abogacía
El Ministerio de Hacienda tiene previsto entregar el informe de la Abogacía del Estado al que hizo referencia Montero. Así lo confirman a La Información fuentes de su departamento, que explican que se han realizado múltiples consultas verbales a la Abogacía del Estado para saber si un Gobierno en funciones podía o no actualizar las entregas a cuenta. La respuesta, añaden, ha sido siempre negativa, aclarado que un Gobierno en funciones tiene muy limitada su capacidad de actuación y no puede actualizar las entregas a cuenta.
El Ministerio de Hacienda pidió el pasado jueves 22 de agosto que este informe verbal se tuviera por escrito, un trámite que, según confirman las mismas fuentes, ya ha concluido. El próximo acto será entregárselo al PP.
Desde Hacienda añaden que en los PGE 2019 que aprobó el Gobierno y que fueron tumbados en el Congreso no solo se actualizaban las entregas a cuenta, sino que se incluía un cambio normativo para evitar que las comunidades autónomas recibieran menos ingresos por IVA a raíz de un cambio legal aprobado en 2017 por el anterior Ejecutivo. Además, los Presupuestos contemplaban medidas fiscales que elevaban los ingresos de las comunidades autónomas.
La primera medida que se llevará a Consejo de Ministros una vez se forme Gobierno será la actualización de las entregas a cuenta a través de un Real decreto ley, concluyen desde el equipo de María Jesús Montero.
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