El fichaje sorpresa de Ángel Garrido por Ciudadanos para formar parte de las listas autonómicas o la incorporación de José Ramón Bauzá a la candidatura europea es solo la punta del iceberg de un listado de transfugas y personas afines al PP que han cambiado de partido en los últimos meses o años. Uno de estos 'traspasos' hacia la formación naranja afecta a Boadilla del Monte, el municipio gobernado históricamente por los populares con comodidad y que se convirtió en el epicentro de la trama Gürtel.
Se trata de Alejandro Corral, una persona de sobra conocida en este municipio del oeste de Madrid. Fue máximo responsable de una de las empresas públicas más importantes del ayuntamiento durante la etapa en la que la trama Gürtel campaba a sus anchas por la la localidad. Era la época de Arturo González Panero como alcalde. Ahora Corral, que nunca estuvo imputado, eso sí, en la Gürtel, es el número cuatro de Cs en la lista municipal de cara a las elecciones que se celebrarán en dos domingos.
Corral ha acabado en la lista de Cs que lidera Ricardo Díaz tras ejercer de coordinador del partido naranja durante dos años. Antes, como decimos, fue gerente de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte. Fue fichado en 2009 y cesado en 2012. Y dejó la compañía pública tras una polémica sonada que todavía se recuerda en el consistorio.
Durante su etapa en la gerencia firmó un contrato 'blindado'. Eran los años de Juan Siguero, imputado en la Gürtel, como alcalde. Por eso, cuando Alejandro Corral fue cesado y tras un litigio judicial, tuvo que ser indemnizado por el Ayuntamiento de Boadilla con 92.000 euros, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2013.
No acaba ahí la polémica. Durante la etapa de Corral en la gerencia de la EMSV, fue denunciado a la Guardia Civil por el edil de Alternativa por Boadilla (APB), Ángel Galindo, por supuestas amenazas. Corral negó los hechos y una sentencia posterior le dio la razón. Galindo era entonces el abogado del exconcejal de Majadahonda, José Luis Peñas, que fue el primer denunciante de la trama Gürtel a la Fiscalía Anticorrupción.
La polémica EMSV de Boadilla
La EMSV de Boadilla fue una de las empresas miradas con lupa por los investigadores de la Gürtel. La Intervención General de la Administración General del Estado remitió un informe al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en el que analizaba varias facturas que, según el documento al que tuvo acceso la Cadena SER, se habrían pagado de forma fraudulenta. ¿Cómo? Fraccionando, supuestamente, esas facturas para poder adjudicar las obras directamente y no tener que someterse a los procesos de publicidad que marca la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ya fueran mayores de 12.000 o de 30.000 euros. Según los investigadores, estas facturas tendrían en total un valor de 655.071,99 euros.
La mayor carga de gasto relacionada con empresas de la trama Gurtel, siempre según la SER, corrió a cargo de dicha empresa pública de la vivienda con 514.084,03 euros. En algunos, especifica la IGAE, se presentaban varias empresas al contrato pero todo "induce a considerar que realmente no ha habido una concurrencia real".
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