El Partido Popular vuelve a rendir cuentas ante la Justicia, esta vez por la reforma de su sede en la madrileña calle Génova. A las puertas del juicio que acogerá la Audiencia Nacional a partir del 8 de febrero, la formación que lidera Pablo Casado batalla 'in extremis' para intentar acortar al máximo una vista que se antoja especialmente mediática, teniendo en cuenta que la misma contará con testigos de excepción, como los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar. Por ese motivo, ha pedido al tribunal que le juzgará como responsable civil subsidiario que adopte una serie de medidas para evitar "cuatro meses de pena de banquillo".
Así lo expone en escrito remitido a la Audiencia y al que ha tenido acceso La Información en el cual anticipa que este procedimiento tendrá una "relevancia mediática considerable". Para evitar que se alarguen las más de 40 sesiones señaladas inicialmente en esta vista, la defensa del Partido Popular ha pedido que todas las acusaciones populares que van a litigar se unifiquen bajo la figura de un solo letrado y un solo procurador. Según explican, el objetivo de este movimiento sería agilizar el juicio-en el que también será juzgado Luis Bárcenas- puesto que todas ellas actúan en una misma dirección y, por tanto, comparten un criterio de actuación. En concreto, se centran en los supuestos pagos en negro que habría recibido el estudio de arquitectos Unifica con la reforma de la sede en el año 2006 y la ocultación a Hacienda de cómo se costearon parte de estos trabajos.
La defensa del Partido Popular asegura que la reducción del número de abogados se traducirá en menos tiempo de duración del pleito y evitará reiteraciones en los interrogatorios así como un importante número de recursos. Sin embargo, su criterio no se ha visto respaldado ni por las acusaciones que integran la causa bautizada como Papeles de Bárcenas ni tampoco por el tribunal que juzgará esta pieza del macroprocedimiento que ha investigado hasta ahora el magistrado José de la Mata. De hecho, en su respuesta del pasado 17 de diciembre, los magistrados José Antonio Mora, Fernando Andreu y María Fernanda García, explican que existe un motivo de peso para no acceder a la petición del partido y reside en que solicitan este cambio de calado a las puertas del juicio.
Petición fuera de plazo
Tanto es así que los magistrados afirman que la petición es "extemporánea" puesto que las acusaciones ya han presentado sus escritos y "no son idénticos" entre ellos. Aunque muchas de ellas coincidan en actuar contra la contabilidad opaca de la formación y contra el estudio que reformó la sede por delitos fiscales, consideran que cada acusación (entre las que se encuentran Izquierda Unida, Observatorio Desc, Manos Limpias o Adade) tiene una estrategia diferente. "No es el momento procesal oportuno y no se cumple el requisito de identidad de intereses requerido", reza el auto en el que añaden que en este caso prima el ejercicio legítimo del derecho de defensa frente a un posible conflicto de dilaciones indebidas.
De este modo, la formación popular no logra unificar las acusaciones que buscan una nueva condena del partido, en este caso por los pagos entregados al estudio del arquitecto Gonzalo Urquijo. Esta nueva cita judicial se produce apenas cuatro meses después de que el Tribunal Supremo ratificara la condena del PP también como responsable civil de la trama Gürtel. El alto tribunal confirmó la condena al partido impuesta por la Audiencia Nacional en relación a esta primera etapa de la red y cuya publicación en 2018 provocó la caía del Gobierno de Mariano Rajoy. No obstante, los magistrados dejaron patente que no se juzgó al partido como responsable penal de la red que lideró Francisco Correa y tampoco estaba en el foco analizar la existencia de una financiación opaca en la formación popular de entonces.
Esto es así porque el procedimiento que investiga estos hechos concretos es el relativo a Papeles de Bárcenas al que pertenece la pieza sobre la reforma de la sede. De modo que en el juicio que arranca en febrero sí se entrará de lleno estudiar si las obras de Génova se costearon en 'b' con las donaciones de empresarios al partido a cambio de adjudicaciones de obras públicas. En este caso se sentarán en el banquillo Bárcenas (que afronta una petición de Anticorrupción de cinco años de cárcel), el exgerente del PP Cristóbal Paéz; Gonzalo Urquijo y Belén García (socios de Unifica) y su empleada Laura Montero (contra la que no actúa la Fiscalía). Además, también está personada la Abogacía del Estado que acusa al despacho de arquitectos por delito fiscal del impuesto de sociedades de 2007 y del IVA de 2010.
El peso de los testigos
Sin embargo, la relevancia mediática de este juicio, que según el PP conllevará a un "escenario de desigualdad", no se centra en el banquillo. Y es que por la Audiencia Nacional desfilarán como testigos dos expresidentes del Gobierno y varios exministros y altos cargo de la formación. Para Mariano Rajoy es su segunda testifical tras comparecer en el juicio de Gürtel en el que negó estar al tanto de una contabilidad extraoficial. Sin embargo, será la primera vez que Aznar tenga que responder acerca de si tuvo o no conocimiento de este sistema de donaciones gestionado por los extesoreros Bárcenas y Álvaro Lapuerta (ya fallecido) así como sobre la información remitida al Tribunal de Cuentas que habría ocultado parte de pagos en metálicos al estudio Unifica.
Con todo, la lista es mucho más amplia. El tribunal dio luz verde a la petición de las partes y entre los testigos de excepción se encuentran también los exvicepresidentes del Gobierno Francisco Álvarez-Cascos y Rodrigo Rato; el expresidente del Senado Pío García Escudero; exsecretarios generales del PP como María Dolores de Cospedal o Javier Arenas y el expresidente balear Jaume Matas. A ellos se añade los otrora ministros José María Michavila y Federico Trillo, el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; los empresarios Luis del Rivero o José Mayor Oreja o los constructores vinculados a la caja 'b' del PP: Alfonso García Pozuelo y Rafael Palencia. Estos últimos han reconocido a lo largo de la instrucción del procedimiento haber entregado pagos al partido para costear campañas electorales y otros gastos a cambio de que sus constructoras se adjudicaran obras públicas.
