El PP propone que los bancos ofrezcan un servicio universal a la España vacía

La exclusión financiera que sufren los mayores no es algo nuevo. Esta problemática lleva años sucediendo en España auspiciada por el auge de la digitalización y el recorte de masivo de oficinas y personal iniciado en 2008, con especial incidencia en las zonas menos pobladas. Sin embargo, no ha sido hasta ahora, gracias al valenciano de 78 años, Carlos San Juan, -impulsor de la campaña ‘Soy mayor, no idiota’ en Change.org- cuando esta cuestión ha trascendido a todos los niveles. Así las cosas, desde el Partido Popular (PP) han registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) que centra el debate en garantizar la atención bancaria física como un “servicio básico y universal” y establecer un acuerdo entre las entidades financieras y Correos que permita a la compañía postal suplir estas carencias en las regiones de la España vacía. 

El documento al que ha tenido acceso La Información “insta” al Gobierno de coalición a llevar a cabo estas dos propuestas con las que, de facto, ‘se matarían dos pájaros de un tiro’. Por ley, la correspondencia está considerada un servicio obligatorio que la población tiene derecho a recibir. Por tanto, la firma de un convenio entre el sector financiero y la empresa pública que lo gestiona en España facilitaría el acceso a su dinero a colectivos “que se encuentran en claro riesgo de exclusión financiera y social” en aquellos municipios con menos de 5.000 habitantes, lo que asegura así que la asistencia bancaria se cumple. “La atención a los usuarios de la banca ha evolucionado de presencial, telefónica, correo postal a atención preferentemente digital para la mayoría de las gestiones, lo que ha producido una brecha digital insalvable a los usuarios analógicos y sin habilidades digitales”, argumentan desde el principal partido de la oposición.

La iniciativa presentada por la portavoz del grupo popular en la Cámara Baja, Cuca Gamarra; la portavoz de Consumo, Carmen Riolobos; y la vicepresidenta tercera del Congreso, Ana Pastor Julián, entre otros, resalta que el Gobierno “debe” velar porque el servicio bancario físico llega a toda la población, al igual que correos o las telecomunicaciones. “Los servicios bancarios son servicios esenciales para todos los ciudadanos españoles mayores de edad, imprescindibles para cobrar, pagar, comprar, vender, invertir y, al menos, mientras dure la transición a la digitalización accesible y comprensiva para toda la población, debería ser considerado como un servicio básico y universal”, apostillan desde el PP.

En el momento actual existen iniciativas con las que atajar la brecha digital en las zonas rurales con autobuses que acuden de manera semanal o bien mediante alianzas con los ayuntamientos o Correos. La novedad en el caso de la iniciativa recientemente presentada viene a suponer que esto debería cumplirse por ley, una vez que fuera declarado servicio “universal”, 

“Acuda al cajero para realizar esa gestión”, “consulte el saldo de su cuenta en la aplicación” o “este trámite se realiza a través de Internet” son algunas las respuestas más comunes que reciben cada día muchas personas cuando acuden a la oficina, convirtiendo los procedimientos bancarios en una auténtica pesadilla para una generación que llegó a la edad adulta cuando todavía imperaban los mecanismos analógicos. Los populares ponen el acento en la “frontera o muralla tecnológica” y los efectos que supone el proceso de digitalización para la tercera y cuarta edad, así como en las “trabas” impuestas desde los bancos en los procedimientos físicos, como las principales deficiencias a corregir.

El planteamiento se produce en un contexto marcado por la ‘sangría’ de la plantilla de los bancos a nivel nacional, que han experimentado una contracción casi del 40% entre el periodo 2008 y 2021, en línea con el descenso de número de oficinas (54,2%) y de cajeros (22,1%), según datos de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), organización desde la que traducen estas cifras en un “descenso drástico de todos los elementos relacionados con la atención personalizada”. Esta situación se agrava en determinadas zonas rurales, donde el éxodo de las entidades se produjo casi a la par que el de los segmentos poblacionales más jóvenes.

Con el manido dilema de si antes fue la gallina o el huevo, la contracción de la capilaridad bancaria en España se desató con el estallido de la anterior crisis económica y su extensión en el tiempo representa una epidemia silenciosa fruto de los estrechos márgenes de beneficio que les dejan los bajos tipos de interés. Fuentes financieras aseguran a este medio que antes de la fusión entre Bankia y CaixaBank, estas dos eran precisamente las que más presencia física contaban en las regiones más despobladas, por lo que su unión ha acentuado la vulnerabilidad en esos puntos del país. Un golpe para sus habitantes y que la citada fuente tacha de “error” por lo que supone abandonar estos núcleos demográficos. 

Desde que saltara la polémica, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha sido una de las principales voces que se han pronunciado sobre el asunto. En concreto, este viernes Calviño avanzó que desde el Ejecutivo trabajan en el desarrollo de un plan de actuación que ayude a poner tierra de por medio y responda a las necesidades de las personas mayores de 65 años, proyecto que será presentado en el plazo de un mes. Las mismas fuentes especifican que se trata de meros “programas de educación financiera”, pero que no contarán con “ningún refuerzo físico específico” y que el anuncio de cualquier actuación acabará en papel mojado. En cualquier caso, señala que no “existe necesidad de precipitar las cosas” y avisa de que habrá que seguir de cerca las iniciativas, por “el efecto mariposa” que podrían desencadenar.