El Partido Popular acaba de presentar una querella contra Quim Torra por un presunto delito de "usurpación de funciones públicas". Se trata de una conducta recogida en el Código Penal: artículo 402 y siguientes. La formación de Pablo Casado ha presentado esta querella en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Mañana Pedro Sánchez se reúne con el todavía presidente de la Generalitat en el Palau.
El PP expone en esta querella presentada este miércoles que Torra, "a pesar de que ya no puede ostentar ni ejercer tal condición [de presidente del a Generalitat] por haber perdido la cualidad de diputado, se empecina en mantener el cargo en abierta y franca rebeldía frente a la Constitución y el Estatuto de Cataluña, actuando de facto como presidente".
Los populares consideran que "la usurpación de funciones produce una apariencia de formalidad legal de los actos del querellado que objetamos de modo radical y que es preciso deshacer de inmediato, pero produce el efecto procesal del mantenimiento de su aforamiento, lo que el querellado sin duda no objetará".
En la querella se especifica que la Constitución impone en su artículo 152.1 "que el presidente de la Comunidad sea miembro de la Asamblea Legislativa que le nombra". Por tanto entiende que "desaparecida la condición de miembro de la Asamblea, por cesar como diputado, el elegido pierde la posibilidad de continuar en el cargo, porque ya no reúne el único requisito que exige la Constitución para ello, que es ser miembro de la Asamblea; en el presente supuesto, diputado del Parlamento de Cataluña".
Añade el PP que "el propio Estatuto de Cataluña, que el querellado no puede desconocer, determina, en su art.67.2 el requisito inexcusable de ostentar la condición de diputado al Parlamento de Cataluña para acceder (y por tanto, para permanecer en) al cargo de presidente de Cataluña".
Génova entiende, por último, que "la situación provocada por el querellado produce además una grave perturbación del orden constitucional, ya que las funciones que se están ejerciendo ilegalmente son las de presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que no es un funcionario cualquiera, y que además de acuerdo con la Constitución (art. 152.1) es el representante del Estado en dicha Comunidad".
Así, consideran en el PP, "la continuidad en la delictiva actuación del querellado, asumiendo funciones que no le corresponden, perjudica gravemente los intereses de todos los catalanes y de España como Nación, y es gravemente contraria a la Constitución, por lo que debe ponerse fin de inmediato a tan ilícito proceder".
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