El PP presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) si el Gobierno aprueba el nombramiento de los cuatro consejeros propuestos para renovar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por decreto y antes de que se disuelva el Parlamento, el 5 de marzo. Así lo asegura el portavoz de energía de la formación, Guillermo Mariscal. La pelea de última hora en torno al control del organismo, clave en el anunciado apagón nuclear , se libra en la Mesa del Congreso y en la ponencia del Congreso para las relaciones con el CSN. El presidente del CSN, Fernando Marti, en funciones desde diciembre, ha pedido a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que se bloqueen los nombramientos, con mayoría del PSOE.
El Gobierno sabe que los nombres que ha propuesto para renovar el CSN, entre ellos el del físico antinuclear Francisco Castejón (Podemos), no obtendrán el respaldo de los 3/5 de los diputados de la Comisión de Transición del Congreso. Por eso tiene listo el decreto de nombramiento antes de que el Gobierno entre en funciones. El PP rechaza de plano la medida. Sostiene que, según la ley de creación del CSN (artículo 5.2 de la Ley 15/1980), si la comisión rechaza los nombramientos, debe pasar al menos 30 días antes de que el Gobierno utilice la vía del decreto.
"No entendemos las prisas (del PSOE)" explica Mariscal (PP). "Los nombramientos sin contar con el PP, no son razonables, ni política, ni jurídicamente. Si lo hacen, el PP interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulnerar el derecho fundamental de la figura del diputado". El PP solicitó la pasada semana un informe a los servicios jurídicos de la Cámara sobre los plazos que debería cumplir el Gobierno para realizar nombramientos. El PP no devela su contenido, aunque fuentes al tanto del proceso en el CSN sostienen que los letrados han tenido en cuenta precedentes en los que el Gobierno de turno nombró un candidato en el consejo pese al rechazo de la Comisión y sin agotar el plazo de 30 días hasta el nombramiento.
Un consejero del PP
En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy nombró al único consejero que le queda al PP en el organismo, Javier Dies. Fue el 16 de octubre, con unas elecciones anunciadas y 10 días antes de disolver las Cortes, el 26 de octubre. Dies -como es probable que suceda con los nuevos consejeros propuestos- no había obtenido el respaldo de los tres quintos de la comisión del Congreso. El consejero sostiene que entre el anuncio de su nombramiento y la aprobación por el Gobierno transcurrió más de un mes.
Mariscal rechaza que los casos sean similares. Sostiene que en el caso de Diez se respetaron los plazos -no especifica cuáles- y destaca que entonces "se nombró un único consejero y no cuatro como ahora sucede". Si el PP lograra bloquear los nombramientos, Dies sería en marzo el único consejero con mandato en vigor. Tras la salida del consejero Jorge Fabra al cumplir el límite de edad legal (70 años), el próximo mes podría haber tres consejeros en funciones: el presidente Fernando Marti, Fernando Castelló y Rosario Velasco.
Una posible prórroga de los consejeros-incluido el presidente, que fue reprobado por el Congreso- dejaría en manos del PP el control de un organismo estratégico para el futuro del sector nuclear en un año importante, con varias centrales pendientes de renovar permisos de actividad. Marti ha sido una pieza clave en la estrategia del Gobierno del PP en el intento de ampliar la vida útil de las centrales más allá de los 40 años y en la pugna que se desató, hasta su cierre definitivo en 2017, en torno a la central nuclear de Santa María de Garoña.
Las renovación de consejeros supone recomponer el equilibrio de fuerzas en el organismo en plena transición energética y con un Gobierno que quiere cerrar todos los reactores en 2035 . Con este panorama, las centrales de Almaraz y de Vandellós tienen que tramitar la prolongación de actividad. Los propietarios de Almaraz, -Iberdrola, Endesa y Naturgy-, tienen de plazo hasta el 31 de marzo para solicitar la prórroga de la licencia de explotación de la central, que oficialmente cumple los 40 años de vida útil en 2023. También lo tiene que hacer Vandellós (propiedad de Endesa e Iberdrola).
En ese panorama agitado, el recurso al Constitucional que anuncia el PP forma parte del plan para evitar que el Gobierno apruebe decretos con intención electoral en las próximas semanas, incluso con las Cámaras disueltas. Como el PP carece de fuerza suficiente para impedir la aprobación de medidas en la Diputación Permanente del Congreso, recurrirá al Constitucional para cuestionar lo que consideran un uso abusivo del decreto, que se debe utilizar , aseguran, para casos de "extraordinaria y urgente necesidad", según se puede leer en el artículo 86 de la Constitución.
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