El PP ultima una propuesta de reforma de la Ley Electoral para evitar que la investidura del presidente del Gobierno esté en manos de partidos independentistas. Fuentes del partido presidido por Pablo Casado aseguran que otro de sus objetivos es evitar, a través de esta reforma, que se repita una y otra vez el bloqueo. Piensan en varias fórmulas y por eso van a lanzar esta propuesta al PSOE y a Cs.
Será una de las primeras propuestas que lancen los populares en este periodo legislativo. La amenaza de unas terceras elecciones les ha llevado a moverse y por eso están ultimando esta estrategia que ya plantearon hace unos meses para que gobierne la lista más votada y salvar los problemas que plantea la actual Ley Electoral.
Las fuentes consultadas indican que ya han deslizado al PSOE, en conversaciones privadas, esta propuesta que, por cierto, no estaba contemplada en el último programa electoral con el que el PP se presentó al 10-N. "No queremos bloqueos, ni que el Gobierno de la nación dependa de independentistas o nacionalistas", señalan.
Los formula, como decimos, aún no está decidida, pero el PP tiene varias opciones sobre la mesa. Una de ellas es la fórmula vasca. En el Parlamento de Vitoria pueden presentarse varios candidatos a 'lehendakari' y solo se puede votar 'sí' o 'abstención'. El voto negativo no está contemplado. Es investido quien obtenga más apoyos. En la primera votación es necesaria la mayoría absoluta y, en caso de empate,el Reglamento de la Cámara establece una segunda votación 24 horas después de la primera.
Esta vía acaba con los bloqueos de la oposición y permite los pactos. De hecho, lo habitual en el País Vasco son los Gobiernos de coalición, que se han dado hasta en siete legislaturas. En la actual el PSE cuenta con tres consejeros en un Ejecutivo del PNV. En alguna ocasión, incluso, ha gobernado quien no ganó las elecciones, como es el caso de Patxi López en 2009. El problema para aplicar este procedimiento a la investidura del presidente del Gobierno es el papel que jugaría el Rey. El jefe del Estado, según la Carta Magna, propone al candidato, por lo que su función constitucional quedaría en entredicho.
La prima griega es otra posible solución. Ya fue planteada por el PP antes del 10-N. Consiste en regalar 50 escaños al ganador de las elecciones con el objetivo de evitar bloqueos en la investidura. Dicen en Génova que esta solución no necesitaría, además, una reforma de la Constitución, puesto que el texto recoge en su artículo 68 que "el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados". El problema de esta vía es que, según apuntan expertos en Derecho Constitucional, pondría en duda la diversidad ideológica del Congreso y sería una enmienda al carácter representativo del Parlamento recogido en la misma Carta Magna.
También podría ponerse en marcha un modelo de segunda vuelta como el que se aplica en Francia. En las presidenciales se celebran dos votaciones. La primera, con todos los partidos que concurren a las elecciones. Y la segunda, dos domingos después, con los dos líderes que quedaron primeros. Esto podría provocar carambolas curiosas, como que el partido que quedara segundo en la primera vuelta pudiera ganar en la segunda al recoger el voto de sus rivales. O que alguna formación se quede fuera de la elección final por un pequeño porcentaje, como le ocurrió a Fillon contra Le Pen en los comicios de 2017.
Adoptar la solución que se aplica en la elección de los alcaldes es otra de las posibles vías a estudiar. Fue, incluso, la que sugirió Sánchez en una entrevista este mismo año. El presidente en funciones puso como ejemplo la designación de los ediles en toda España: se fija una fecha (en las pasadas elecciones el 15 de junio) y si no hay una mayoría absoluta gobierna automáticamente el candidato más votado. "Yo no digo que esa sea la fórmula para la gobernabilidad de España, pero es evidente que tenemos que encontrar un mecanismo que permita una investidura y que impida coaliciones negativas que pueden abocar a la repetición electoral sistemática", dijo.
Otra fórmula pasaría por recoger en la Constitución unas fechas concretas para la investidura, acortando los plazos. Esto evitaría que la fecha de los plenos y debates fueran elegidas de forma discrecional por el candidato y la presidencia del Congreso. Esta solución es la que defiende Ciudadanos, que pide acotar los plazos entre las elecciones y esa primera sesión de investidura, lo que exigiría también una reforma de la Carta Magna en su procedimiento agraviado.
Sánchez ya ha afirmado en alguna ocasión que el artículo 99 de la Constitución, el que regula la fórmula de la investidura "no funciona" y "hay que reformarlo". ¿Qué sería necesario? La reforma agravada. Es decir, la modificación debería ser aprobada por una complicada mayoría de tres quintos en cada Cámara, 210 diputados y 159 senadores. Además, debería convocarse un referéndum si así lo solicitan una décima parte de los parlamentarios.
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