El matrimonio más longevo de la política española abandona su condición de trabajadores en activo. Se trata de Celia Villalobos (1949) y Pedro Arriola (1948), que han vivido a la sombra del PP durante treinta años. El sociólogo fue fichado por Génova allá por el año 1989, con Manuel Fraga al frente del partido, precisamente el mismo año que su mujer entró en el Congreso como diputada por Málaga. Ahora la pareja, que tiene derecho a la jubilación máxima, tendrán otras ocupaciones en su día a día, aunque mantienen bienes en común como dos sociedades en régimen de gananciales de las que se han servido para alcanzar La Moncloa tanto José María Aznar como Mariano Rajoy.
El adiós de Villalobos y Arriola ha estado motivado por la victoria de Pablo Casado en las primarias del PP. Tal y como se avanzó en estas páginas, el veterano analista demoscópico fue 'despedido' por la nueva dirección popular el pasado verano para incorporar a un renovado equipo de asesores en la materia. Arriola perdía, de esta forma, a su principal cliente y enfilaba el camino de la jubilación junto a sus cuatro nietos tras unos últimos años complicados en el partido que le dio casi todo (muchos no le perdonan haber dejado crecer a Podemos y su calificativo de "frikis" hacia los de Pablo Iglesias).
Villalobos, que ha anunciado su marcha del Congreso cuando el PP de Casado pensaba excluirla de las próximas listas electorales, pone fin a su etapa política pero sigue manteniendo acciones en la sociedad de su marido. En concreto, la malagueña cuenta con una participación del 48,35% en régimen matrimonial de gananciales en el Instituto de Estudios Sociales, que es la firma demoscópica con la que Arriola ha facturado al PP en los últimos lustros. También dispone de un 27,5%, en el mismo régimen de gananciales, en Consultores de Investigación Social, una segunda firma de su marido.
Precisamente, Arriola abandonó hace unos días sus responsabilidades en ambas sociedades. Según consta en el Registro Mercantil, el asesor áulico del marianismo y del aznarismo dejó de ser administrador único de Instituto de Estudios Sociales y de Consultores de Investigación Social para dar paso a su hija, Amaya Vanesa Arriola Villalobos. Ocurrió el pasado mes de enero, justo antes de que se conociera el fracaso de los Presupuestos de Pedro Sánchez y el consiguiente adelanto electoral.
El sueldo y los bienes de Villalobos
La todavía diputada Celia Villalobos lleva en el Congreso diez legislaturas ininterrumpidas en las que también ha sido ministra de Sanidad y Consumo y alcaldesa de Málaga. En su última declaración de bienes registrada en la cámara, la andaluza declara haber ganado 95.165,55 euros anuales, además de 2.336,18 euros del grupo parlamentario popular. Son cifras correspondientes a 2015, ejercicio en el que también obtuvo 261,84 euros en dividendos brutos de acciones en bolsa; 31,73 por intereses en cuentas y depósitos bancarios; y 10.573,97 euros por el arrendamiento de una vivienda al 50% en régimen de gananciales. En total, Villalobos pagó 54.575,52 euros de IRPF.
Celia Villalobos tenía ese año en el banco 221.456,60 euros, siendo una de las diputadas con una mayor cantidad en depósitos financieros. A ello hay que sumar dos viviendas, una en Madrid y otra en Torremolinos, adquiridas en 1987 y 1992, respectivamente, en régimen de gananciales junto a su marido con el que vive en esa casa de la capital. Es de suponer que la vivienda que tienen alquilada sea la de la localidad costera.
La presidente de la Comisión del Pacto de Toledo tiene derecho a obtener el cien por cien de la pensión más alta en vigor ya que cumple con las especificidades necesarias para ello. Según consta en el Reglamento de pensiones parlamentarias, los diputados o senadores que hayan estado al menos once años en algunas de las dos cámaras pueden percibir esa máxima percepción pública.
Con el adiós de Arriola y Villalobos se pone fin al matrimonio que más poder ha tenido en el PP. El sociólogo facturaba directamente al partido a cambio de informes y explicaciones concretas tanto al presidente como a la secretaria general. Tenía, además, línea directa con Rajoy y Aznar tanto en La Moncloa como en Génova. Pero, precisamente, una de las primeras decisiones que tomó Casado tras desembarcar en la presidencia del partido fue poner fin a estas facturas. Lo que ha pagado el PP durante todos estos años sigue siendo prácticamente un 'secreto de Estado'.
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