PP y Ciudadanos prevén derribar el truco legal de Sánchez en la Mesa del Congreso

  • Fuentes jurídicas aseguran que el mecanismo utilizado por el Grupo Socialista es dudosamente constitucional y no soportará el análisis de los letrados
Fotografía Pablo Casado con periodistas / EFE
Fotografía Pablo Casado con periodistas / EFE

El Partido Popular no está dispuesto a consentir que ningún malabarismo legal acabe con el derecho de veto que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria concede al Senado - y, por vía indirecta, al propio PP - a la hora de respaldar o no la senda de reducción del déficit del Reino de España. La formación no ha tardado en activar su estrategia jurídica para detener lo que Pablo Casado denominó este miércoles como "un ejercicio de autoritarismo" y ya ha tramitado sendos escritos a la Mesa de la Comisión de Justicia y a la Mesa del Congreso de los Diputados para solicitar la inadmisión de la enmienda introducida al proyecto de reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar determinadas cuestiones referentes a la Estrategia contra la Violencia de Género para acabar con el derecho de veto del Senado a la senda de déficit.

El Gobierno optó por este atajo legal ante la imposibilidad de tramitar una reforma en condiciones de la Ley de Estabilidad en el plazo suficiente como para disponer del soporte jurídico necesario para aprobar su senda de reducción del déficit antes de la tramitación del proyecto de Presupuestos. El problema reside en que el Partido Popular se cuidó en su día de dar al Senado - cámara en la que dispone de una holgada mayoría- derecho de veto sobre la senda de reducción del déficit del Reino de España y ahora el Gobierno se encuentra en el escenario de que está convencido de contar con los votos suficientes como para aprobar su propia senda de déficit en el Congreso, pero se cree maniatado por el derecho de veto del Senado.

El asunto tiene consecuencias políticas relevantes, ya que obliga al Gobierno a manejarse con la senda de déficit fijada por el equipo de Cristóbal Montoro - que según todos los analistas se ha quedado obsoleta y que, por ejemplo, establece un objetivo de déficit del 1,3% para 2019 cuando Calviño había negociado en Bruselas un 1,8% - y a renunciar a parte de los compromisos que Hacienda había 'vendido' a las comunidades autónomas.

Las urgencias del Ejecutivo le han llevado primero a intentar reformar una Ley Orgánica por Real Decreto, lo que decayó por razones jurídicas obvias, y ahora a colar el ajuste en una ley que poco tiene que ver con la estabilidad presupuestaria. Partido Popular y Ciudadanos están convencidos, no obstante, de poner frenar la maniobra en la Mesa del Congreso, si no antes.

Una audacia con escaso recorrido legal

La primera instancia que deberá superar la maniobra del Gobierno será la reunión de la Mesa de la Comisión de Justicia, que se reúne este jueves y que ha sido instada por el PP y por Ciudadanos a calificar la enmienda de marras para analizar su legalidad. Según el socio del Departamento de Derecho Público del bufete Eversheds Sutherland y ex letrado de Cortes, Alberto Dorrego, la acumulación de precedentes del Tribunal Constitucional cuestionando este tipo de maniobras avanza que es improbable que cualquier letrado del Congreso califique de forma positiva esa enmienda.

El asunto es que la Mesa de la Comisión de Justicia está compuesta por dos miembros del Grupo Socialista, otros dos del Grupo Popular y una diputada de ERC, formación favorable a revisar la senda de déficit, lo que podría provocar que la mesa determinara no calificar dicha enmienda y enviar el proyecto al Congreso tal y como está.

El 'papelón' es para la presidenta de la Comisión, la diputada socialista Isabel Rodríguez García, que este jueves se enfrentará a la incómoda tesitura de resolver un asunto endemoniado. Si da trámite al proyecto sin análisis jurídico alguno sobre la enmienda, puede encontrarse con que le quiten la razón apenas unos días después.

Y es que a PP y Ciudadanos les queda una carta más. La posibilidad de elevar un recurso a la Mesa del Congreso - donde sí son mayoría - para que los letrados de la Cámara califiquen la enmienda y determinen si puede o no formar parte del proyecto al que se presentó. Ante la eventualidad de que la Mesa de la Comisión de Justicia no analice el asunto, ambas formaciones elevaron este miércoles un escrito de amparo a la Presidencia del Congreso para conseguir que la enmienda sea calificada.

A partir de ese trámite la cuestión solo puede acabar en el Constitucional. Si los letrados determinan, como interpretan expertos como Alberto Dorrego, que la enmienda debe ser calificada de forma negativa y por tanto inadmitida, al Gobierno le quedaría la opción de elevar un recurso de amparo al Constitucional que, lógicamente, tardaría meses en resolverse e inutilizaría la maniobra del Ejecutivo para dar una solución rápida al problema que tiene con la Ley de Estabilidad.

Si por el contrario la Ley termina tramitándose con esa enmienda, al PP también le quedaría ir al Constitucional, una opción que Pablo Casado ya avanzó este miércoles que están dispuestos a explorare en caso de que el Congreso termine tramitando esa enmienda.

Desde Ciudadanos entienden que no debería existir debate. "La enmienda no es constitucional, choca de frente con al menos siete sentencias del Tribunal Constitucional y se suma a la maniobra irregular que ya intentó el Gobierno intentando modificar la Ley de Estabilidad por Real Decreto".

Para Dorrego el hecho de que el Ejecutivo ya intentara reformar la Ley de Estabilidad por Real Decreto es un indicio más de que se trata de un asunto que debe reformarse mediante una iniciativa legal, no mediante una enmienda en un proyecto que no tiene conexión alguna con el asunto que se pretende modificar.

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