El presidente del PP-A y candidato a presidir la Junta, Juanma Moreno, ha dado por cerrado el acuerdo programático de Gobierno entre su partido y Ciudadanos. En su cuenta de Twitter, Moreno ha dicho que el acuerdo programático entre ambas formaciones es una "gran noticia en este día de "Navidad", en alusión al documento de 90 medidas negociado en las últimas semanas en los grupos de trabajo creados para ello.
"PP y Ciudadanos hemos cerrado en su totalidad un acuerdo programático con medidas de desarrollo y prosperidad para un nuevo gobierno en Andalucía", ha afirmado. Ambos partidos esperan anunciar este miércoles un pacto global, como era pretensión de los 'populares', que además del programa incluya la Mesa del Parlamento andaluz y la investidura de Juanma Moreno, según han explicado a la Agencia Efe fuentes de la negociación.
Gran noticia para Andalucía en este día de Navidad: el @ppandaluz y @Cs_Andalucia hemos cerrado en su totalidad el acuerdo programático 'Medidas de Desarrollo y Prosperidad para un nuevo gobierno en Andalucía’. JM.M
— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 25 de diciembre de 2018
Los negociadores de PP y Cs han cerrado un pacto que incluye medidas de regeneración democrática como el límite de mandato, la supresión de los aforamientos o una oficina de lucha contra el fraude. Entre las medidas económicas y financieras se contempla la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones, la rebaja del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o la exigencia al Gobierno de la reforma del modelo de financiación autonómica.
También se incluyen medidas sobre el futuro gobierno de la Junta, como la separación de cualquier cargo público que sea imputado formalmente por un delito de corrupción o la puesta en marcha del, que garantice la profesionalidad de todas las personas al servicio de las instituciones públicas andaluzas y con reducción de los altos cargos de la Junta de Andalucía.
Contra la corrupción
PP y Cs han alcanzado un acuerdo en materia de "desarrollo y prosperidad" para el futuro gobierno de la Junta de Andalucía que prevé, entre otras medidas, la separación de cualquier cargo público que sea "imputado formalmente" por un delito de corrupción.
Según han informado ambos partidos en un comunicado conjunto, el acuerdo prevé que la separación de los imputados de la función pública se realizará "hasta la decisión definitiva del órgano judicial, además de que "las personas que se encuentren en dicha situación no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombradas para desempeñar cargos públicos".
El documento cita que pondrán en marcha el proyecto de ley de Despolitización de la Junta de Andalucía, "que garantice la profesionalidad, imparcialidad, responsabilidad y honestidad de todas las personas al servicio de las instituciones públicas andaluzas"..
"Todos ellos cobrarán en referencia a las retribuciones que se establezcan anualmente para los cargos análogos en el Gobierno de la nación, sin que puedan superar las que se prevean para estos últimos", explica el documento, que muestra además un proyecto de ley andaluza de Protección de los Denunciantes del Fraude de la Corrupción.
Este proyecto debe recoger "la protección y la tutela de los derechos de todas las personas que denuncien posibles irregularidades y actuaciones fraudulentas o corruptas por parte de las personas al servicio de la Junta".
Otras medidas pasan por realizar una auditoría integral a la Cámara de Cuentas de Andalucía, "así como los informes correspondientes a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), de todo el gasto de la Junta de Andalucía, incluidos sueldos, gastos corrientes y transferencias, tanto en la Administración como en el sector público instrumental, con el objetivo de reducir o reorientar el gasto superfluo a la financiación de los servicios públicos esenciales".
El comunicado conjunto recoge la petición de creación en el Parlamento de Andalucía de la Comisión de Investigación de la Fundación Andaluza Fondos de Formación y Empleo (FAFFE), y el compromiso de promover la creación "de todas aquellas Comisiones de Investigación en el Parlamento de Andalucía que sean necesarias para esclarecer y conocer la utilización de los fondos públicos de los organismos de la Junta".
También se compromete a establecer "los mecanismos necesarios para garantizar la recuperación del dinero defraudado con los ERES".
Y por último, establece que trabajarán para "la mejora y dignificación de las condiciones de trabajo y los derechos de los funcionarios de Justicia en Andalucía para garantizar un servicio público de calidad", garantizando "la cobertura de bajas laborales de los funcionarios y trabajadores de la Administración de Justicia de Andalucía, así como los refuerzos necesarios en las distintas sedes judiciales" para "evitar los colapsos judiciales por falta de recursos humanos".
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