La luz alcanzará este miércoles 21 de julio su récord histórico en el mercado mayorista. 106,57 euros MW/h. Se suma a los 101 euros de este martes. Y las previsiones para los próximos días mantienen la misma tendencia. Los precios de la electricidad, en definitiva, no darán tregua a los consumidores tras haber alcanzado ya en el mes de julio picos sin precedentes. En esta situación el Gobierno ha decidido este martes aprobar uno de sus proyectos de ley estrella, el de Memoria Democrática. Una norma que dejó prácticamente empaquetada la exvicepresidenta Carmen Calvo y que el nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha presentado en sociedad.
El precio para este martes desplaza al segundo más alto, que se alcanzó el pasado 2 de julio, cuando llegó a los 99,8 euros/MWh, mientras que el del pasado lunes (98,8 euros/MWh) fue el cuarto más caro y deja en el quinto lugar los 98,72 euros/MWh a los que se llegó el pasado 7 de julio. Pero todos estos datos, como decimos, quedarán superados por los registros de mañana.
La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha afirmado en su segunda comparecencia en Moncloa que "el Gobierno cumple". Ha querido dejar a un lado los precios de la electricidad y se ha centrado en los anuncios: la citada Ley de Memoria y el decreto que autoriza la venta en farmacias de los test rápidos. El Ejecutivo de coalición, por cierto, tiene pendiente convalidar este miércoles en el Congreso el decreto que rebaja el IVA de la luz del 21 al 10%.
En cuanto al contenido de la Ley de Memoria, que sale camino del Congreso de los Diputados, tiene dos objetivos: la recuperación, salvaguarda y difusión de valores democráticos y derechos fundamentales; y el reconocimiento de todas las víctimas del Golpe de Estado de 1936 y toda la legislatura. "Es la primera vez que se repudian" ambas acciones, ha explicado el ministro Bolaños.
La Ley declara "injustas" las violaciones de derechos humanos y considera "ilegítimos" los tribunales de excepción de dictaron sentencias. Todas ellas se declaran "nulas". El Gobierno, asimismo, va a ayudar a los familiares de las víctimas que aún siguen buscando los restos de sus antepasados, ha añadido el ministro. El 31 de octubre será el día de todas las víctimas de la guerra civil, golpe de Estado y dictadura. Y el 8 de mayo será el día de todas las personas exiliadas.
El Estado, de esta forma, tendrá la responsabilidad de buscar a todas las víctimas desaparecidas. Se hará una planificación a cuatro años para ello. También se crea un banco nacional de ADN para facilitar esas búsquedas. Y, por último, se facilitará el acceso a archivos y fondos de consultas para "conocer la verdad de lo que ocurrió en aquellos años tristes" para España, ha expuesto Bolaños. La Ley también prevé la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática para investigar las violaciones de derechos humanos durante la legislatura. Asimismo, se prevé realizar un inventario de todos los bienes expoliados durante los años de dictadura franquista y habrá contenidos educativos en diferentes etapas educativas.
Sobre el Valle de los Caídos, el proyecto de ley contempla la retirada de los restos de José Antonio, así como la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Habrá, asimismo, un nuevo régimen jurídico en este lugar de donde fue exhumado Franco. También se incluyen medidas para evitar la exaltación de la dictadura, retirando títulos nobiliarios y distinciones concedidos durante el franquismo. También se prevé que la exaltación de la dictadura sea causa de extinción de alguna fundación, en clara alusión a la Fundación Francisco Franco. Y se crea, asimismo, el Centro de Memoria Documental en Salamanca.
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