El mes de abril ha sido un aviso. A pesar de las lluvias y del viento, que favorece la producción de electricidad con energías renovables, más baratas, los precios de la electricidad en el mercado mayorista subieron un 6,2% respecto al mes anterior. El precio medio de abril fue de 42,66 euros el megavatio hora (MWh), frente a los 40,18 euros de marzo.
El panorama no es halagüeño. La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), en la que se integran las grandes siderúrgicas han dado la voz de alarma. Considerando la evolución del mercado diario y las cotizaciones de los precios futuros hasta fin de año, el precio medio previsto en 2018 a cierre de ejercicio es de 53,3 euros MWh. Es un precio algo mayor que el registrado en 2017 y si se confirma, convertiría a 2018 -junto a 2017- en los años más caros desde 2009.
Para el consumidor de a pie tampoco es una buena noticia. Los precios de la energía en el mercado mayorista suponen algo más del 40% del recibo de la luz. Precios caros equivalen a tarifas más altas. De forma inmediata, para los usuarios acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y, a más largo plazo, para quienes tienen contratado el servicio en el mercado libre, que son la mayoría.
Usuarios descontentos
La evolución de los precios es la crítica fundamental de los clientes hacia las empresas eléctricas. Lo detecta una y otra vez la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). El servicio de suministro eléctrico es el que más descontento ocasiona a los hogares, según los resultados del Panel de Hogares de la CNMC correspondientes al cuarto trimestre de 2017. Hasta un 19% de los hogares manifiesta estar poco o nada satisfechos con el servicio. Por encima de la banda ancha fija y de la televisión de pago.
Todo es por los precios. Ellos son, según la CNMC, el motivo principal de insatisfacción de los hogares. Y son la razón que argumentan el 93% de los hogares insatisfechos con el servicio eléctrico y algo más del 86% de los hogares descontentos con el servicio de gas.
El pronóstico que coloca a 2018 como año caro de la década no sólo se encuentra en el Barómetro Energético de los grandes consumidores. Jorge Morales de Labra, director de GeoAtlanter y miembro de la Fundación Renovables, sostiene que este año "no va a ser un año precisamente barato". En su opinión, "cuando abunda el agua y se hunden los precios suele ser entre los meses de marzo y mayo; este año, tras dos años de sequía, se ha recuperado la media de los embalses, pero los precios (en el mercado mayorista) no han cedido".
La causa de que la abundancia de lluvias no se haya reflejado en los precios, según el especialista, es que "en España se especula con el agua; la ley lo permite" y las empresas utilizan los recursos embalsados cuando lo pueden vender a buen precio. "El agua solo vale cero -explica Morales- cuando las empresas se ven obligadas a desembalsar; cuando las reservas superan el 80%". No ha sucedido y no sucederá si no se da un otoño lluvioso. Los precios tienen despejado el camino de subida.
Desconcierto por el bono social
La subida de los precios coincide con el desconcierto -hay quien lo califica de descontrol- que afecta al bono social eléctrico: las rebajas en la factura que deberían beneficiar a los consumidores con menos recursos. El Ministerio de Energía modificó las condiciones para acceder a esos descuentos, así como su financiación, pero la mayoría de los 2,35 millones de potenciales beneficiarios no se han enterado de que deben renovar los trámites y aportar nuevos documentos.
El límite para renovar el derecho a los decuentos se situó para el 10 de abril, pero la práctica ausencia de solicitudes -poco más de 400.000 en la fecha límite- ha obligado al Gobierno a ampliar el plazo de solicitud seis meses, hasta octubre. El programa contempla descuentos que van desde el 25% hasta el 40% del recibo de la luz para los hogares vulnerables en función de su nivel de renta y de su situación.
Los descuentos pueden beneficiar desde una familia sin hijos (o un consumidor solo) que gane en conjunto en torno a 800 euros al mes a familias con un hijo -límite de 1.000- o 1.300 euros si hay dos menores a cargo. Además, el Ministerio de Energíaa incorporó entre los posibles beneficiarios a otros dos colectivos: los jubilados y los pensionistas por incapacidad permanente que perciban la cuantía mínima en cada caso.
Ni el Ministerio de Energía ni la asociación patronal eléctrica Unesa disponen de datos actualizados sobre la renovación del bono social tras los problemas detectados en marzo. No obstante, fuentes del sector sostienen que desde el anuncio de ampliación de plazos de solicitud, el ritmo de peticiones ha descendido.
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