San José, 9 nov.- El periodista costarricense Randall Rivera presentó hoy a título personal ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad en contra la ley que castiga con cárcel la publicación de "informaciones secretas" de política y seguridad, bautizada por el gremio como "ley mordaza".
Radio Reloj informó que Rivera, jefe de información del noticiero de la emisora, presentó la acción de inconstitucionalidad a título personal al considerar que la ley, que entró en vigencia hace dos días, atenta contra los principios de "conexidad, publicidad y libertad de expresión".
El periodista argumentó en su recurso que la ley crea "un velo de secretismo, impropio de sistemas democráticos, contrario a los principios de transparencia y probidad que rigen en la función pública".
El artículo más polémico de la Ley de Delitos Informáticos es el 288, el cual castiga con cuatro a ocho años de cárcel a quien "procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas o de los cuerpos de policía nacionales o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la nación, o afecte la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado".
El Gobierno dijo que la redacción del artículo es "inadecuada" y anunció ayer que impulsará su reforma a partir de diciembre durante las sesiones extraordinarias del Congreso, época en la que el Ejecutivo propone la agenda del Plenario.
El Ejecutivo manifestó que el término "secreto político" se halla en el Código Penal desde hace 42 años con penas por su publicación de uno a seis años de prisión, sin que se haya condenado a nadie hasta el momento, pero que de todas formas es necesario reformar la legislación.
Esta ley fue firmada por la presidenta Laura Chinchilla en julio pasado, pero no había sido publicado en La Gaceta por un acuerdo con los medios de comunicación y el Colegio de Periodistas mientras se tramitaban reformas al texto en el Congreso.
Sin embargo, la ley fue publicada ayer ante la sorpresa de los periodistas, pero el Ejecutivo indicó que lo hizo por una obligación legal tras haber sido firmada.
El Colegio de Periodistas y la Defensoría de los Habitantes también preparan una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos de la ley.
El Secreto de Estado establecido en la Constitución Política es la única limitación que existe en acceso a información pública, según defiende el gremio periodístico.
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