"La contratación pública de la Generalitat de Cataluña (gobierno regional) es impecable", dijo Mas, señalando que "el sistema de contratación pública no tiene margen de discrecionalidad y no se pueden hacer tratos de favor".
"Si no puede haber trato de favor, ¿por qué alguien tiene que pagar comisiones?", se preguntó.
Mas definió esta investigación como una "cacería" contra su partido por su intención de emprender un proceso de secesión en esta región nororiental española tras las elecciones del 27 de septiembre, que dejaron una mayoría separatista (72 sobre 135 escaños) en el nuevo parlamento regional que se constituirá el lunes.
En cambio, desde la oposición lo acusan de emprender este proceso hacia la independencia para esconder las sospechas de financiación ilegal que planean desde hace una década sobre su partido, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC, liberal), aunque nunca se probaron.
"Lo último que debe hacer un representante político es presentarse como una víctima", afirmó la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al semanal consejo de ministros.
Si se confirma el cobro de comisiones, "aquí hay perjuicios para el conjunto de los ciudadanos", dijo Sáenz de Santamaría, señalando que "su primera obligación (de Mas), como la de todos los ciudadanos pero especialmente quienes tienen responsabilidades políticas, es respetar al resto de poderes del Estado y muy particularmente al judicial".
Formación hegemónica de la región, CDC está investigada por dos casos de financiación ilegal y su fundador Jordi Pujol, expresidente regional entre 1980 y 2003, está imputado por fraude fiscal.
Desde agosto, su sede fue registrada en dos ocasiones y esta semana fueron detenidos sus dos últimos tesoreros. El actual, Andreu Viloca, entró el jueves en prisión mientras que su predecesor Daniel Osàcar, acusado en otra trama de presunta corrupción, fue momentáneamente detenido este viernes, según informó un portavoz policial.
La justicia investiga si la formación de Mas recibió donaciones de empresas a través de una fundación vinculada a CDC a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Varios empresarios fueron detenidos así como el director de la empresa encargada de licitar obra pública.
El escándalo llega a dos semanas de la primera votación parlamentaria para reelegir como presidente a Artur Mas. Su coalición Junts pel Sí (Juntos por el Sí), con 62 diputados, necesitará al otro partido independentista, la izquierda radical CUP (10 diputados), contrario a las políticas de Mas y crítico con la presunta corrupción en su formación.
Durante su comparecencia, la oposición aseveró que, tras este escándalo, Mas no está legitimado para ser presidente. Incluso sus compañeros de coalición, los independentistas de ERC, reclamaron "desvanecer todas las dudas sobre un partido que ha asumido el mandato" de independizar la región.
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