Presidente de Guatemala levanta estado de sitio en poblado indígena

Guatemala, 18 may.- El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ordenó hoy levantar el estado de sitio decretado el pasado 1 de mayo en el poblado indígena de Santa Cruz Barillas, en el oeste del país, tras violentas protestas de los vecinos del lugar.

El mandatario dijo a los periodistas que su decisión se basa en los "buenos resultados" que en materia seguridad se lograron en esa población durante los 18 días en que se ha mantenido el estado de sitio, medida que generó el rechazo de diversos sectores sociales.

A partir de hoy, cuando queda sin efecto el estado de sitio que había sido decretado por el término de 30 días que concluiría el próximo 31 de mayo, "las autoridades locales serán las responsables de garantizar la seguridad" en el lugar, indicó Pérez Molina.

Con esta medida los pobladores de Santa Cruz Barillas recuperan los derechos constitucionales que les fueron suspendidos hace 18 días cuando el Gobierno decretó el estado de sitio en ese lugar con el objetivo de "recuperar la gobernabilidad".

Decenas de organizaciones de indígenas, campesinos y de derechos humanos rechazaron el estado de sitio el cual calificaron de "inconstitucional" y de pretender, por medio de esa decisión, "militarizar" la seguridad en ese lugar en beneficios de empresas privadas.

El ministro guatemalteco del Interior, Mauricio López, dijo a los periodistas que los cerca de 500 soldados y 350 agentes de la Policía Nacional Civil que fueron movilizados a esa población, "se empezará a retirar en forma gradual".

Sin embargo, "para garantizar la seguridad del lugar y evitar nuevos disturbios", durante un tiempo no determinado permanecerá en la población "una fuerza de unos 100 o 150 elementos", indicó.

El pasado 1 de mayo, cientos de vecinos de esa comunidad indígena, ubicada 415 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, protagonizaron violentos incidentes en protestas por el asesinato de un líder comunitario y heridas a dos más.

El crimen fue atribuido por los pobladores a agentes de seguridad privada de la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la española Hidralia Energía S.A., la cual rechazó las acusaciones.

Luego de que cobrara vigencia el estado de sitio, las autoridades capturaron a 17 personas a las que acusan de haber dirigido las violentas protestas, que incluyeron el ingreso por la fuerza a un cuartel militar del lugar, así como destrozos a varios inmuebles privados.

Sin embargo, aún no se han anunciado avances sobre los resultados de las investigaciones del asesinato de Andrés Francisco Miguel, cuya muerte detonó las protestas en contra de la construcción de la hidroeléctrica.