Presidente de Guatemala niega conexión con fraude y sigue "tranquilo" en su cargo

"Yo les puedo decir que no recibí ningún centavo, y menos de esa estructura fraudulenta que estuvo prácticamente robando el dinero de los guatemaltecos", dijo Pérez este lunes en una rueda de prensa, en la que negó cualquier participación en la estructura llamada "La Línea", que cobraba sobornos para permitir evadir impuestos.

Pérez podría quedar expuesto a ser investigado penalmente este martes, luego de que el Congreso convocara a una sesión para conocer la recomendación de retirarle los fueros, formulada el sábado por una comité de cinco diputados.

Para levantar la inmunidad presidencial se necesitan como mínimo el voto de 105 de los 158 diputados.

Vestido con un traje oscuro, camisa blanca y corbata celeste, Pérez afirmó ante un centenar de periodistas que se mantendrá firme en la presidencia, pese a la recomendación de instituciones estatales jurídicas para que renuncie, y las multitudinarias marchas en las que la población clama por su salida.

"Me siento completamente tranquilo", aseguró el mandatario, cuya conexión con la estafa radica en una escucha telefónica en la que ordena cambios de personal en la entidad recaudadora de impuestos, y que se han interpretado como una injerencia para facilitar la operación ilícita.

El gobierno de Pérez se encuentra en el ojo del huracán luego de que la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU, descubrieron en abril pasado la red de sobornos en las aduanas que involucraba a altos funcionarios.

La crisis empeoró el pasado 21 de agosto cuando Pérez fue señalado como uno de los cabecillas del fraude y fue arrestada su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció el pasado 8 de mayo por el escándalo.

Poco antes de dirigirse a los periodistas, el abogado de Pérez, César Calderón, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, para detener el proceso legislativo que busca retirarle la inmunidad.

Pérez sostiene que la recomendación de la comisión del Congreso de quitarle la inmunidad es "incorrecta y apresurada" porque no tomó en cuenta los alegatos de la defensa.

Martín Guzmán, secretario de la CC, dijo a periodistas que los magistrados podrían analizar el expediente el miércoles o jueves, y una decisión a favor de Pérez suspendería el proceso para retirarle el privilegio de la inmunidad.

Con el proceso que podría quitarle la inmunidad en marcha y el panorama de más protestas, la incógnita que se mantiene en torno a Pérez es si llegará a entregar la banda presidencial al ganador de las elecciones del 6 de septiembre. Ello debería ocurrir el próximo 14 de enero, cuando finaliza su periodo de cuatro años.

El analista político José Carlos Sanabria explicó a la AFP que la intención del presidente es ir "ganando tiempo" para que la autorización de ser sometido a proceso penal se postergue, aunque consideró que la justicia lo alcanzará durante su mandato.

"El presidente está ganando tiempo, pero está en una situación muy complicada en este momento y en mi perspectiva no llegará al 14 de enero, saldrá antes, pero eso depende mucho de cuánto avancen los procesos", afirmó el experto de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).

En opinión de Sanabria, Pérez soporta los embates de sus detractores apoyado en una "evidente alianza" entre el gobernante Partido Patriota y el también derechista partido Libertad Democrática Renovada (Líder).

Sanabria coincide con varios analistas y sectores sociales que han alertado sobre la posibilidad de que ambos partidos utilicen influencias para entorpecer los procesos judiciales en beneficio de Pérez.

Pese a ello, el candidato del derechista Líder, Manuel Baldizón, favorito en las encuestas para ganar las presidenciales del 6 de septiembre, rechazó el domingo esas versiones y alentó al Congreso a quitar la inmunidad a Pérez.

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