Presidente hondureño habla con empresarios sobre Ley de Reconversión de Deuda

Tegucigalpa, 1 ago.- El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, se reunió hoy con empresarios de su país para comenzar a divulgar la Ley de Promoción de Desarrollo y Reconversión de Deuda aprobada el 19 de julio pasado por el Parlamento, que es cuestionada por varios sectores sociales.

Lobo y miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) dialogaron sobre algunas "inquietudes" de la Ley de Reconversión de Deuda Pública, dijo la presidenta de esa organización empresarial, Aline Flores, en un comunicado de la Casa Presidencial.

"Hemos discutido las inquietudes que teníamos sobre la Ley de Reconversión de Deuda, y se nos explicó sobre el tema legal, de los manejos de los proyectos y de sus términos, estamos contentos", subrayó Flores.

La cuestionada ley, aprobada el 19 de julio pasado por el Parlamento, con la dispensa de dos debates y sin haberla socializado antes, permitiría a empresas extranjeras la explotación de recursos naturales, energía y telecomunicaciones.

Flores indicó que la empresa privada "jamás" va estar en "desacuerdo" con las medidas impulsadas para aumentar las inversiones en Honduras y destacó el interés gubernamental por conocer su posición.

No obstante, señaló que esperan que la ley sea "transparente, que no violente la Constitución de la República y sobre todo que el hondureño se sienta confiado que no vamos a permitir que su patrimonio esté en riesgo".

El Cohep, añadió la dirigente empresarial, presentará en los próximos días una serie de recomendaciones para la reglamentación de la ley, que según los sectores más críticos supone que el país se vendería en pedazos.

La ley, que según el mandatario permitirá saldar parte de la deuda pública de su país, autoriza al poder Ejecutivo a "constituir un programa integral de titularización de flujos financieros potenciables sobre activos ociosos del Estado", según la información oficial.

También permite el traspaso o venta de proyectos de energía eléctrica y de telecomunicaciones que el Estado mantiene inactivos.