Casi 4.000 españoles siguen atrapados por los famosos Préstamos Renta Universidad (PRU) que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 para que miles de estudiantes pudieran estudiar una carrera universitaria gracias a un crédito avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Hoy, once años después de la puesta en marcha de la medida que el Ejecutivo socialista vendió a bombo y platillo, uno de cada cuatro de los 15.628 agraciados sigue teniendo problemas para pagarlo o ya ha asumido que no podrá hacerlo.
La cifra más preocupante es la de impagos. En total 898 estudiantes ya han comunicado que no pueden abonar el préstamo o no están pagando las cuotas correspondientes. Ello significa en torno al 6% de los estudiantes que recibieron un crédito con ayuda del ICO se encuentran atrapados. A ellos hay que añadir la cifra de universitarios cuyo préstamo se encuentra en periodo de carencia. Son un total de 3.036 los españoles que se encuentran en esta situación límite.
Del mismo modo, la mayoría de dichos estudiantes todavía están amortizando los préstamos. En concreto, 9.231 de ellos siguen pagando sus cuotas sin problemas. Y, por último, 2.463 de ellos ya han amortizado sus deudas con las entidades financieras. Hay que recordar que el ICO actuaba de intermediario entre el hoy Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y las entidades bancarias que colaboraron en el programa Préstamos Renta Universidad. Toda esta información ha sido facilitada por el departamento que dirige Pedro Duque en una respuesta parlamentaria al diputado socialista Miguel Ángel Heredia.
Los Préstamos Renta Universidad fueron promocionados con el lema "Estudiar no cuesta tanto". Entre 2007 y 2011, varias entidades financieras firmaron un convenio con el entonces Ministerio de Educación. Así, en la primera edición de los créditos se establecían en sus bases que no se cobrarían comisiones ni se embargaría a los beneficiarios que no pudieran pagar las posibles deudas. En caso de impagos sería el Estado quien asumiría esas deudas, como así está sucediendo.
Sin embargo, en la segunda edición Educación cambió las bases de estos préstamos e incluyó, entre otras condiciones, que la deuda nunca prescribiera. También incluyó el pago de intereses en concepto de demora y penalizaciones de hasta 30 euros por cuotas impagadas. Se convirtieron en "prestamos mercantiles al uso", denunció la Asociación de Afectados por los Préstamos Renta Universidad (Afectados PRU). El Gobierno del PP desmanteló estos créditos nada más llegar al poder.
El primer embargo
El despropósito de los PRU no acaba ahí. El año pasado llegó el primer embargo a una de las antiguas estudiantes. Le sucedió a Marta S.G. La joven tenía apenas 800 euros en su cuenta bancaria, pero debía 18.000 euros a su entidad financiera. Una sentencia del juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid le embargaba por los impagos que acumulaba. Para la plataforma de afectados lo sucedido en los tribunales demuestra la chapuza que rodeó a estos préstamos: "Son fondos del ICO, que es quien hace de gestor, ya que no pueden dar directamente el préstamo. El Ministerio de Educación se lo da al ICO y éste a las entidades bancarias", argumentan desde la asociación.
De esta forma, todo el sistema ligaba el crédito a la obtención de una renta futura, de manera que los titulados universitarios sólo debían devolver el dinero cuando tuvieran ingresos suficientes, en concreto una renta anual de 22.000 euros. Si no los alcanzaban, no tenían que reintegrar el crédito, que se convertía en una especie de beca. La deuda quedaba extinguida a los quince años, si no se alcanzaba dicho nivel de ingresos. En un principio, el tipo de interés era cero, aunque en 2008, 2009 y 2010, las condiciones se hicieron más duras y desapareció la condición por la cual, si la renta del beneficiario no llegaba a 22.000 euros, quedaba libre de la deuda.
En la primera convocatoria, la de 2007, casi 3.500 alumnos recibieron cerca de 50 millones de euros. Sólo en los cuatro primeros días, 658 universitarios pidieron los créditos, que no necesitaban ni aval ni garantía. Pese a que las condiciones empeoraron, en las dos siguientes casi 11.000 siguieron solicitando préstamos. Y en la cuarta convocatoria, apenas 2.200 universitarios solicitaron el crédito, en un momento en el que la crisis económica era más que patente. En total, la iniciativa repartió casi 180 millones de euros de una línea de crédito que preveía 450 millones.
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